En lugar de propuestas descabelladas, los legisladores, siendo parte del Estado mexicano, deberían apelar por el fortalecimiento de las instituciones nacionales.
Como resultado del compromiso irrenunciable del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con los derechos humanos y el estado de derecho, México ha solicitado, financiado y aceptado el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), sobre la investigación realizada por autoridades internacionales sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Como se ha hecho patente a lo largo de esta semana, la principal diferencia se centra en el destino de 43 jóvenes que, provenientes de los estratos más modestos de nuestra sociedad, jurídicamente se les considera desaparecidos.
Ante la aseveración de este destacado y notable grupo de expertos internacionales, sobre la falta de pruebas para confirmar la incineración de restos humanos en el municipio de Cocula, algunos lo han tomado como una inexactitud de la Procuraduría General de la República, sin embargo, tal y como lo han dicho los propios expertos, se trata de una de las líneas de investigación que tampoco puede ser descartada. De ahí que la última palabra aún no haya sido dicha, sino que aún resta un gran esfuerzo por continuar con las investigaciones.
El pasado miércoles, senadores de todos los grupos parlamentarios se reunieron con el GIEI, cita que fue aprovechada por algunos legisladores del PAN y PRD para proponer la creación de un tribunal internacional ad hoc para esclarecer los hechos y juzgar a los presuntos responsables.
Si bien hay quienes consideran que se trata de una propuesta sin pies ni cabeza, lo real es que esos legisladores demuestran su falta de conocimiento de nuestro marco constitucional y legal que prohíbe, específicamente el artículo 13 constitucional, que persona alguna pueda ser juzgada por tribunales especiales ni creados después de haberse cometido un delito.
Asimismo, el artículo 102 apartado A estipula que corresponde al Ministerio Público Federal la persecución de todos los delitos del orden federal.
Es decir, de hacer caso a esos legisladores lo único que se estaría haciendo es sentar un precedente de ilegalidad que podría ser utilizado por los futuros inculpados para apelar al principio de legalidad plasmado en nuestra Constitución y tratados internacionales de los que México es parte. Es decir, los senadores del PAN y PRD están abriendo una rendija para que estos hechos queden impunes.
De tal forma, en lugar de propuestas descabelladas, los legisladores, siendo parte del gobierno del Estado mexicano, deberían apelar por el fortalecimiento de las instituciones nacionales para abatir la impunidad y garantizar que todo mexicano tenga derecho a una justicia pronta y expedita.
En ese sentido es que se encuentra la solicitud del GIEI, para interrogar a miembros del Ejército mexicano destacados en el municipio de Iguala y Cocula, solicitud que no encuentra fundamental legal ni en el acuerdo que México celebró con la CIDH, para recibir la asistencia de los expertos internacionales.
De ahí que insista, no se puede buscar hacer justicia violando la ley, sino que con los propios mecanismos con que los diversos Estados cuentan y contando con la fuente imprescindible del derecho internacional, se debe buscar esclarecer los hechos y hacer justicia a las víctimas y sus familiares.
Ése es el anhelo de la sociedad mexicana.
Por los Corrillos…
En su obra “Para entender la paridad de género”, el guerrerense Ramiro Solorio Almazán señala que en materia de equidad se ha avanzado pero no lo suficiente, por lo que deben buscarse esquemas de paridad en los espacios de toma de decisiones… En la Cámara de Diputados fue bien recibido el nombramiento de la maestra Ruth Zavaleta Salgado como directora general de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, pues se trata de una mujer preparada, comprometida con los interés sociales y profesional, por lo que su papel al mando del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong dará muchas satisfacciones al ocupante del palacio de Cobián… Y qué decir de Humberto Roque Villanueva, un hombre con una amplia trayectoria que lejos de llegar a aprender o cometer imprudencias, es garantía de experiencia, capacidad y sensibilidad para atender los pendientes que se encuentran en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB.
@JLCamachoV