La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, sostuvo que la dependencia a su cargo ha realizado la investigación del caso Odebrecht de forma exhaustiva y de acuerdo a sus competencias.
La Función Pública ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar esta empresa”, aseguró Gómez durante su comparecencia en San Lázaro como parte de la glosa del sexto informe de gobierno.
Recordó que que la SFP ha emprendido por el caso Odebrecht, 10 procedimientos administrativos que ya están resueltos, entre ellos 8 consisten en inhabilitaciones. Ante diputados federales, la funcionaria recordó que en el Sistema Nacional Anticorrupción, se presentaron 7 propuestas e insumos para la construcción de la Política Nacional Anticorrupción, Plataforma Digital Nacional y los formatos de declaraciones Patrimonial y de Intereses.
Se ha capacitado a más de 15 mil personas servidoras públicas del gobierno federal, incluyendo órganos de vigilancia y control, en torno al SNA”, sostuvo.
Gómez entregó a diputados un anteproyecto que atiende inconsistencias, lagunas y áreas de oportunidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
En su primera intervención en el marco de su comparecencia ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara Baja, sostuvo que la citada ley incluye cuestiones innovadoras, aunque también tiene limitaciones para su adecuada implementación.
Detalló que entre ellas está el hecho de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) subsana de forma temporal la carencia de un organismo de defensoría de oficio, previsto en la ley, que debería ser independiente y autónomo.
Expuso que el decreto para expedir la LGRA omitió especificar el tratamiento para las investigaciones administrativas iniciadas antes de su entrada en vigor; y las que se abrieron posteriormente, por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la legislación anterior.
Reiteró que sin perjuicio de otras inconsistencias, se requiere una reforma legislativa para garantizar certidumbre jurídica en la aplicación de la LGRA y expresó su certeza de que la Cámara de Diputados realizará los ajustes necesarios al marco legal en materia administrativa. RB