Suspenden audiencia de funcionario del INM en Juárez

Será este viernes cuando se reanude la audiencia inicial de Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), señalado por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio Ilícito del Servicio Público, por el incendio en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua donde el pasado 27 de marzo murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.

Así lo determinó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esa ciudad, José Orozco Córdova, luego de que la defensa del funcionario informó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que solicitó el aplazamiento de la audiencia.

Pero toda vez que los abogados de Molina Díaz no solicitaron la duplicidad del término constitucional para que el juez resuelva la situación jurídica de su defendido y sólo pidieron la prórroga para conocer la carpeta de la causa penal 236/2023, el juez decretó que la diligencia deberá reanudarse a las 10 de la mañana de este viernes.

Como medidas cautelares para garantizar la asistencia del directivo del INM señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como probable responsable de una serie de omisiones y faltas administrativas, el juez impuso la presentación periódica mensual y la prohibición para salir del país.

Mañana está prevista también para llevarse a cabo la audiencia inicial del comisionado Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, quien junto a Antonio Molina son los dos funcionarios de más alto rango señalados en la investigación de la FGR por la tragedia en Ciudad Juárez.

Ayer, tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, un juez federal vinculó a proceso a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales de la estación migratoria de Ciudad Juárez; así como a Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del grupo Beta de protección del INM.

Ambos señalados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público; mientras que en el caso de Cecilia Sapién, jefa del departamento de Seguridad y Custodia, de quien también se había obtenido una orden de aprehensión, pero quedó en libertad tras comprobarse que el día de los hechos ella estaba adscrita a la estación migratoria de Janos y no en Ciudad Juárez.

En el caso del contralmirante en retiro, Salvador González Guerrero, encargado de la oficina del INM en Chihuahua, se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso 3 de esa ciudad fronteriza, tras haber sido imputado de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.

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