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Manuel Lino / Los Intangibles.com

Después de que ayer circulara públicamente una carta en que Conacyt convoca a la Asamblea General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a una reunión el próximo 14 de enero para aprobar modificaciones al Estatuto General de esta institución, se han suscitado reacciones de molestia y temor porque este tipo de acciones se repitan en otros Centros Públicos de Investigación.

Catherine Andrews, cuya destitución a finales del año pasado como secretaria académica del CIDE por el entonces director interino José Antonio Romero Tellaeche fue muy criticada, sintetizó las razones por las que los cambios al Estatuto harían peligrar la supervivencia del Centro.

Se busca “reformar el proceso de designación de la dirección general para que el Consejo Directivo del CIDE solo ‘tome conocimiento’ en vez de poder votar para formalizarlo”. Andrews señala que esta propuesta reconoce de manera tácita que se violó el Estatuto del CIDE el 29 de noviembre pasado, cuándo María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nombró director general a Romero sin permitir que el Consejo Directivo votara esta designación.

Investigadores no adscritos al CIDE comentan que Conacyt usó una estrategia similar cuando modificó la Ley General de Ciencia y Tecnología para no tener que entregar recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, como lo marcaba la Ley por la que éste se constituyó en 2002, y para que se sobreseyera el amparo que ya había obtenido el Foro.

De manera similar, Conacyt propone quitar facultades de toma de decisión al Consejo Académico del CIDE,  al que corresponde aprobar estatutos, reglamentos, programas docentes y apelaciones, para que solo pueda “conocer y opinar” sobre estos asuntos.

Andrews señala que, dado qué el Consejo Académico aún es el máximo órgano interno de decisión del CIDE, la propuesta de reforma estatutaria es ilegal, pues no se ha presentado para su aprobación ante este Consejo, cómo lo señala el estatuto vigente. Expertos en derecho ajenos al CIDE coinciden en este señalamiento.

De concretarse esta reforma se sentaría un precedente para los otros 32 Centros Públicos de Investigación de Conacyt revelando la facilidad con que se pueden anular sus capacidades de toma de decisiones y representación de sus comunidades. 

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