En las nuevas investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, empiezan a surgir algunos nombres sobre los que están siguiendo pistas. Todos tienen que ver con la Policía Federal y les quieren configurar delitos, tales como de obstrucción de la justicia y de omisión. Entre los nombres, dicen los que saben, se encuentra el último comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y los excomisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich Castilla.
Esos no son los únicos. El caso Ayotzinapa meterá en problemas a otros más. Resulta que la Comisión de la Verdad ya tomó nota y puso en su agenda obtener las actas del llamado grupo de Coordinación Guerrero, donde se sentaban a planear la estrategia de seguridad de la entidad los representantes de las Fuerzas Armadas, del Cisen, de las procuradurías General de la República y de Justicia del estado, y de Seguridad Pública, un espacio al que asistía el propio gobernador Ángel Aguirre Rivero o un representante.
Dicen los que saben que en esos documentos se podrá confirmar cómo todos los presentes estaban enterados mucho antes del ataque a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, estaba siendo investigado por la Fiscalía estatal y pedía el auxilio federal porque se trataba de delincuencia organizada, y los responsables no actuaron. Habrá que ver si informaron o no y en todo caso, a quién.