La sentencia que pronunció la SCJN en marzo pasado, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes contra la autoridad que contemplaba el Código Penal del DF, vino a alumbrar un concepto que, propiamente, no es el que supuso la propia Corte, ni tampoco uno que en una sociedad civilizada debería de existir: el derecho humano a ofender a la autoridad.
Ese empoderamiento de la ciudadanía se ha dejado sentir con toda su fuerza a lo largo de los últimos años, con motivo del desarrollo de tecnologías de la información que eran inimaginables: las redes sociales. En todas las plataformas se ha convertido en un verdadero deporte o diversión burlarse y vilipendiar al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, por citar sólo a los actores más repudiados.
En un artículo publicado en Ejecentral esta semana, se explicó con detalle cómo es que el tema que predominó en las redes este año, específicamente en Facebook y en Twitter, fue el de los insultos y las ofensas contra el Presidente de la República, que cerró el 2016 con una nota de 60 sobre 100 puntos, entendiendo a cero como la peor de todas las calificaciones y 100 las más excelente, según encuesta de Social Metrix, especializada en la investigación de redes sociales.
Los insultos contra Enrique Peña Nieto se han convertido en una válvula de escape que libera la presión generada por la mala marcha de la economía o la política, pero constituyen un fenómeno que no sólo merma su propio nombre, con lo ignominioso que ello resulta, sino que también afecta a la institución misma del C. Presidente de la República; o para estos efectos, a la del órgano de autoridad de que se trate (Es preciso distinguir entre la institución del Presidente o Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y a su titular en un momento dado).
Esta explosión incontrolada de los mensajes ofensivos contra los servidores públicos ha dado lugar a varias reacciones entre los integrantes del PRI, que en distintas ocasiones han llamado a detener las ofensas y han propuesto desde bloques de respuesta de partidarios leales a Enrique Peña Nieto, recientemente un Código de Ética para la Cámara de Diputados, o hasta iniciativas de Ley que buscan responsabilizar las ofensas a través de las redes sociales.
Este último camino no es extraño en el mundo. La Deutsche Welle reportaba recientemente la posición que ha venido a asumir el Ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, tras llamar a jueces e investigadores para que persigan penalmente la difusión de noticias falsas y de carácter difamatorio en las redes sociales. La legislación de esa potencia europea castiga hasta con cinco años de cárcel a la difamación y la calumnia, delitos que desaparecieron en la codificación penal mexicana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital.
La semana pasada fue ampliamente comentada la entrevista que la presentadora Oprah Winfrey le hizo a la primera dama Michelle Obama, en los EEUU, sobre su paso y despedida de la Casa Blanca. En especial se hizo hincapié sobre la importancia que tuvo la posición que ésta adoptó al preguntársele sobre su nuevo ocupante, pues fue contundente en el sentido de ayudar incondicionalmente a Donald Trump a lograr una transición pacífica hacia la magna responsabilidad que a partir del 20 de enero deberá asumir. La respuesta fue sorpresiva, por el peso de la campaña tan agresiva que impulsó el entonces candidato contra el Presidente Obama, y por la contundencia de las manifestaciones de repudio que ella misma externó alrededor de la misoginia que en algún momento le fue criticada al republicano. La conclusión alcanzada por ella es importantísima: si al Presidente la va bien, a los EEUU también les irá bien.
La aseveración resulta invaluable en la comprensión cívica de la relevancia que tienen las instituciones para la conformación de un país, con independencia de la simpatía o antipatía que nos despierten las personas. La lección ocurre en un momento que para México puede resultar clave, de cara a un nuevo proceso electoral y ante la inminencia de una nueva administración.
El derecho humano a la libertad de expresión no ampara el derecho a humillar o a ofender a las personas. Tratándose de un servidor público, dicha premisa tampoco se satisface por el solo hecho de provenir de un contribuyente, porque los servidores públicos no son nuestros empleados. El peligro de inducir o tolerar una diatriba de tan baja naturaleza, no se halla en la afectación al decoro o a los sentimientos de la persona aludida, que por sí mismo es malo, sino en el deterioro al que se someten los caminos necesarios para la construcción de un diálogo democrático, maduro y efectivo. Las ofensas polarizan y radicalizan negativamente la discusión política, en detrimento del propio sistema, o de los sistemas alternativos.
En México hemos caído en un ámbito que excede a la caricaturización de la labor pública e incide en un desprestigio injustificado de las actividades oficiales. Esta inercia viene dañando la estabilidad misma del Estado, en perjuicio de nuestros propios intereses. Evidentemente que no existe la viabilidad política ni la conveniencia social de impulsar una iniciativa que permita en modo alguno la regulación de las redes sociales, y quizá es pertinente que la misma libertad siga siendo protegida. Sin embargo, es urgente que se definan los límites dentro de los cuales se puede ejercer la libertad de expresión responsablemente, porque desde la visión misma de Michelle Obama, si a nuestro Presidente le va mal, a nosotros también nos irá mal.
Los actores políticos han sido los primeros agentes a quienes debería atribuirse el error de haber labrado tan fangoso camino, de ahí que no sean los candidatos que puedan remediar el tan lamentable estado que guarda la visión de la política nacional. No se trata bajo ninguna manera de suprimir la crítica, de someter la oposición, de socavar la importancia de la representatividad minoritaria, sino de asumir con inteligencia un antagonismo que, cuando goza de seriedad y objetividad, puede ser inmensamente más efectivo.
Son los formadores de opinión, los educadores, los profesionistas y medios de comunicación, por su incuestionable responsabilidad social, quienes tienen la posibilidad en sus manos de definir el modo y términos del diálogo, y las condiciones y formas de encaminar el repudio como vía política de oposición contra quienes ejercen una función gubernativa irregular. Sin detrimento alguno de la libertad de expresión, quizá va llegando el momento en el que se debe meditar sobre la conveniencia de elegir recursos políticos que permitan la preservación de nuestras instituciones, sin que éstas deban calificarse obligadamente como contrarias a nuestros derechos humanos. Somos torpes al impulsar una retórica que nos mantiene inertes en un permanente estado de violencia improductiva.