Hace un par de años que la ciudadanía se lamentaba de las inclemencias que la reconstrucción de la Línea 12 del metro ocasionaba a su vida diaria, --corolario del presupuesto mal empleado en aras de satisfacer las aspiraciones de un Jefe de Gobierno que ansiaba la conclusión de la obra para catapultar su reputación y sus posibilidades de contender a una posición superior--. ¿Quién se puede sorprender de que el mismo fenómeno se repita otra vez, con un componente adicional, la muerte de dos seres vivos? Siempre presente: el objetivo de complacer a una sociedad desconfiada y demandante.
Nadie puede cuestionar la lealtad que el Presidente tiene hacia sus amigos. Quizá, el problema de su compromiso fraternal para con su gabinete, cuando su visión permanece incólume en épocas de tormenta, tiene que ver con el riesgo en que pone a su propio partido con miras al proceso electoral del año entrante. Fuera de Humberto Benítez, después del desaguisado que provocó su hija al inicio de esta administración; del ex procurador Murillo Karam, tras los errados señalamientos de cansancio durante las primeras indagatorias que tuvieron que ver con los desaparecidos en Iguala; o del Secretario Videgaray, después de la severamente criticada invitación hecha al entonces candidato Donald Trump, son contados e intrascendentes los cambios que el Ejecutivo ha hecho a su gabinete desde el inicio de su sexenio, pese a la facultad constitucional para hacerlo, y la obligación y conveniencia política para concretarlo en épocas de desencuentro.
Las fallas evidentes del proceso constructivo de los carriles centrales que hoy conforman el paso express de Cuernavaca, que cobraron la vida de dos hombres la semana pasada, constituyen un descalabro más de muchos que a lo largo de estos años ha atravesado este Gobierno, calamidades que ponen a prueba la capacidad de reacción del Presidente Peña y por la que, una vez más, los mexicanos se sorprenden de ese ensordecedor silencio que caracteriza su forma de pretender resolver los problemas. Nunca hay respuesta oportuna, nunca hay responsables de las acciones desplegadas o las omisiones incurridas.
No podemos dejar de advertir el paralelismo existente entre las equivocaciones estructurales de la línea 12 del metro y los errores cometidos en el trazo y ejecución de esta obra, recién inaugurada por el titular del Ejecutivo. Lamentable es que, en este caso, la equivocación cobró la vida de dos personas.
Más allá de la parsimonia de la administración local para ayudar a rescatar a las víctimas atrapadas y evitar que perdieran la vida, lo que arroja un responsable penal por omisión; o de la incompetencia del Gobierno Federal para responder con firmeza y responsabilizar a quienes tuvieran bajo su encargo la atención inmediata de las advertencias que el Municipio ya había hecho llegar a la Delegación de la SCT en Morelos con relación a la problemática que presentaba el reblandecimiento del subsuelo en el área del socavón, el planteamiento tiene que ver con las causas de tan absurdos e inverosímiles errores constructivos. ¿Cuál es el origen de tan desfachatado abuso por parte de los constructores; o de tan innombrable arbitrariedad por parte de los gobernantes encargados de supervisar el desarrollo de la obra?
Desde luego que en primerísimo lugar siempre encabezará la lista un acto de corrupción, por acción o por omisión. Podrán encontrarse o no pruebas fidedignas para demostrar que existió algún arreglo para la adjudicación del contrato de obra, y ello no sorprendería a nadie; sin embargo, lo cierto es que aún y habiéndose adjudicado el contrato correspondiente en forma legalmente impecable, no cabe la menor duda de que la valoración técnica de las capacidades del constructor, o de quien elaboró el proyecto técnico ejecutado, fue totalmente equivocada. Un socavón de la dimensión ocurrida y con la prontitud con la que tuvo lugar, técnicamente hablando, constituye un error de ingeniería que cualquier persona, sin pericia en esta materia, puede calificar.
Dejando a un lado este tema, e intentando recobrar ecuanimidad y objetividad frente al problema, y pretendiendo advertir otro punto de vista alrededor suyo, de buena fe y sin perseguir que con esto se exonere a nadie, observo que una buena parte del problema podría tener que ver con la complejidad que arroja la carga legal y administrativa que el Gobierno y los contratistas deben de cumplir. Una terrible ingeniería jurídica que ha sido concebida y organizada para impedir que suceda exactamente lo que pasó y que hoy todo el mundo lamenta. Sí, en el fondo, se trata de un accidente que nadie tuvo el deseo de provocar.
La administración de una obra privada no está atada a un complejo universo de normas anticorrupción, que produce un involucramiento exagerado de personas dedicadas a la fiscalización de la obra, técnica y económicamente hablando, con tal rigurosidad que la hacen totalmente inflexible e inmodificable. Si la autopista hubiera sido un camino privado, con inversión de particulares, el problema es mucho más difícil que hubiera acontecido.
Puedo imaginar el número de observaciones y anotaciones en bitácora en torno del problema del drenaje que atraviesa la autopista. Puedo suponer el entramado papeleo que debería firmarse para modificar los convenios para la ejecución de la obra y la modificación del presupuesto aprobado. Puedo comprender el fundado temor de los directores encargados, servidores públicos de la SCT, por el fincamiento de responsabilidades en su contra ante la inviabilidad del proyecto técnico que venía ejecutándose. No hay quien dé la cara.
La severidad de la normatividad existente, que persigue proteger a la ciudadanía de una mala administración de gobierno, se vuelve en nuestra contra para paralizar una sana toma de decisiones. La inflexibilidad del derecho, o la complejidad de la pesadez burocrática, se vuelven en nuestra contra para cobrar el precio que le hemos puesto a la desconfianza. La pregunta tiene que ver con cómo cambiar las cosas. Las normas nos protegen de una mala administración, fundamentalmente en términos de corrupción, pero el exceso de éstas impide la pronta resolución de los problemas.
Como un búmeran nos volvemos a enfrentar con la insoslayable necesidad de terminar con el origen de todos los males. Urge que en México se acabe con la corrupción, desde su origen, en todos los sectores. El accidente de la semana pasada, vuelve a poner de relieve la apremiante necesidad de poner en marcha, a plenitud, el nuevo sistema anticorrupción.