Contemplamos impávidos el crecimiento de las muestras de odio y discriminación contra mexicanos, asiáticos, musulmanes, homosexuales y todos aquellos que no tienen los atributos exteriores propios de esa clase cuantitativamente superior que decidió el proceso electoral de los EEUU. Ya la cancillería habla de un plan de atención a favor de nuestros compatriotas, y otros más deberán surgir para hacer frente al reto de dar cabida, en la magra fila del subempleo, a los miles de mexicanos que probablemente emprenderán un camino de regreso a partir de enero. ¿Qué planes deben diseñarse para hacer frente a lo que, de concretarse, podría significar uno de los mayores quebrantos económicos de la historia de América del Norte?
La desigualdad constituye el lastre más antiguo y perjudicial que el país viene arrastrando desde su fundación. Es la disparidad racial o económica, -la condición que lleva a unos a sentirse superiores a otros-, la que fatalmente impide iniciar un proceso de colaboración social basada en un espíritu de fraternidad y de solidaridad que pueda redundar en beneficios generales para todos desde una perspectiva común.
Si queremos que cualquier plan de reivindicación de nuestro mercado común prospere, y sustituya y mejore la situación que actualmente venimos teniendo, es pertinente que el problema auténtico de la desigualdad nacional se logre dejar en el pasado. No podemos escandalizarnos por las muestras de rechazo de la que son víctimas los mexicanos en el exterior, y ser absolutamente negligentes en el combate del mismo fenómeno dentro de la casa.
Resulta difícil concebirlo y mucho más aceptarlo, pero no podemos dejar de apreciar cómo, la moderación de ese desbalance histórico, ha logrado verse materializado en algunas épocas o eventos en las que nuestra sociedad debe enfrentar “enemigos” o circunstancias adversas que provienen del exterior. La desaparición de nuestras diferencias raciales y de clase, vive durante la celebración de cualquier justa deportiva en la que vestimos un mismo uniforme; o se ve con toda nitidez ante la desgracia, como la que producen los terremotos y los eventos de la naturaleza que acaban con la vida o el patrimonio de los mexicanos.
Con esta idea en mente, presenté una iniciativa de ley que perseguía generar artificialmente ese concepto de adversidad exterior, un proyecto que buscaba enfrentar el terrible cáncer de la discriminación mediante el establecimiento de una obligación general infranqueable, siempre en el ámbito del trabajo a favor de la patria. La propuesta valoraba la desaparición del servicio militar nacional y lo convertía en un servicio civil nacional obligatorio para todos. La complicada agenda del legislativo impidió que ese proyecto se llegara a discutir.
Las circunstancias históricas se adelantaron y el efecto externo que puede llegar a producir ese vínculo de unión, del que podrían llegar a derivar beneficios tangibles en términos de la solidaridad social y colaboración arriba mencionada, se halla más cerca que nunca. Es, por así decirlo, un efecto ínfimo de carácter positivo que podría arrancársele al resultado electoral de nuestros hasta hoy principales “socios” comerciales.
Un programa nacional que debe arrancar para evitar esta dependencia comercial, tiene que ver con la erradicación de la corrupción y con la consolidación del Estado de Derecho, sobre los que hablaba el Presidente de la República en la reunión del Partido Revolucionario Institucional este fin de semana. La sociedad lo pide. Sin embargo, por importante e insoslayable que sea esa búsqueda de los exgobernadores responsables, a quienes deberá exigirse la rendición de cuentas y reembolso de los fondos sustraídos, el problema inherente a la corrupción diaria y cotidiana que afecta la conducción de la vida de todos los demás, la que mina igualmente la vida de la gente y que no está relacionada con los servidores públicos, habrá de continuar.
El plan de largo plazo debe comprender acciones que permitan la consolidación de un auténtico sentido de identidad nacional, mediante la protección de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. El mismo factor que unió a toda una clase social conformada por gente blanca de mediana edad, mayoritariamente iletrada, debe de crearse y consolidarse en México, desde una perspectiva evidentemente positiva. Pero eso constituye precisamente el plan en el que se debe trabajar.
La abolición de los tratados de libre comercio que México tiene suscritos no terminará con el malinchismo; la incorporación de penalizaciones en la ley laboral no va a terminar con el ausentismo el lunes; la instalación de cámaras no erradicará la “mordida”. El cambio sólo lo puede lograr la misma sociedad civil, en su propio fuero interior, por convicción.
Se necesitan acciones encaminadas a educar a la gente y lograr incidir en ese sentido de fraternidad que podría fortalecer a México desde dentro, de la misma forma en que Alemania y Japón lo hicieron, básicamente, desde siempre, pero más acentuadamente desde el final de la segunda guerra mundial.
Difícilmente un mexicano que desconoce su historia, que no conoce el territorio nacional, que no habla ni se viste como aquellos cogeneracionales contra quienes compite en su vida cotidiana, podrá tener el sentimiento de nacionalidad y la conciencia de colaboración social que se necesita para fortalecer a su propio país. Se ha visto cómo la reforma educativa, la auténtica reforma estructural, podría llegar a generar ese tipo de conciencia colectiva; pero ¿cuánto tiempo deberá suceder antes de que tengamos la primera generación de “nuevos mexicanos”? Resulta particularmente paradójico ver cómo, en el escenario de adversidad internacional, podríamos estar ante la presencia de una auténtica oportunidad para alcanzar un nuevo pacto social, si primero tenemos la capacidad de verlo.