En una votación perfectamente equilibrada entre cuatro candidatos contendientes, podría ganarla quien obtuviera solamente el 26% de los votos a su favor. Eso querría decir que menos de 3 de cada 10 votantes habrían definido el establecimiento de uno u otro gobierno, y que un poco más de 7 de cada 10 serían gobernados por un contendiente que no habrían elegido. Curioso funcionamiento de los sistemas democráticos de elección.
El 24 de junio de 2016 los periódicos de Europa narraron el desconcierto que enfrentaban los jóvenes británicos por el resultado de un referéndum realizado el día anterior, en el que, con un alto abstencionismo de su parte, adultos mayores habían favorecido mayoritariamente la separación de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Es un resultado que ha afectado gravemente a la economía inglesa aún sin haberse concretado, que suprime en perjuicio de esos mismos jóvenes su libre desarrollo personal y profesional en cualquiera del resto de los países que integran la propia Unión.
La situación narrada contrasta con el resultado que arroja la elección del domingo pasado, en Costa Rica, en el que en una segunda votación, el contendiente del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, venció a su opositor con el voto de 60% de los electores participantes y una abstención del 33%, procedimiento que garantiza la legitimidad de su administración y asegura el éxito de una seria discusión alrededor de la trascendencia que tiene la definición de un proceso electoral.
El 1º de julio enfrentaremos, otra vez, el resultado de un proceso político que, en función del discurso tantas veces pronunciado, será absolutamente definitorio del rumbo que México emprenda en adelante. La visión del país discrepa entre un candidato y los demás. El problema se cifra en el hecho de que, las ideas que pregona ese aspirante “revolucionario”, al que las encuestas declaran vencedor, no corresponden a la que elegiría la mayoría absoluta de quienes integran el padrón de electores.
La coyuntura es peligrosa, pues aún y cuando la votación podría ser superior a ese porcentaje mínimo de 26 puntos, hay evidencias suficientes que nos llevan a suponer que la gran mayoría de los ciudadanos que no lo elijan, habrían preferido conservar el rumbo de la administración que el pacto político del 2012 ha sentado y empieza a materializarse. Así, la elección podría arrojar como resultado no sólo un descontento social con respecto a la persona elegida como Presidente, sino un efecto aún peor, el de convertirnos en una sociedad dirigida a un derrotero que dista mucho de ser aquel que democráticamente fue impreso en las leyes que definen los objetivos y vocación de México.
Ese sistema democrático de vida al que se refiere el artículo 3º de nuestra Constitución, ese sistema republicano representativo y democrático al que se refiere el mismo Pacto Federal, demuestra una terrible imperfección: ante la inexistencia de una segunda vuelta electoral, la Nación se ve obligada a enfrentar el riesgo de verse dirigida por una clase política que carecería de auténtica legitimidad. Es una síntesis de lo que, de hecho, quizá hemos venido viviendo a lo largo de los últimos lustros. Lamentablemente, habiendo iniciado el proceso político y las campañas, es absolutamente imposible que las normas que lo rigen pudieran modificarse válidamente. En este caso, la necesidad es superior.
Las redes se inundan de memes, caricaturas, artículos y opiniones en contra de uno u otro candidato, y los portales de todos los ciudadanos y votantes que acompañan a Meade o a Anaya, colman las pantallas con alertas que pretenden demostrar las razones por las que, la propuesta de López Obrador, es falsa, ilógica o inviable.
A tres meses de que llegue el día en que salgamos a votar, un hecho parecería evidente: la mayoría absoluta de los mexicanos no se está decantando por el tabasqueño y sí se halla, en cambio, definida o vacilante entre cualquiera de los otros dos, o de Margarita Zavala, inclusive.
Más allá de los discursos de descalificación en contra del candidato de Morena, pareciera que la sociedad civil está pasmada y no entiende que tiene, ante sí, el enorme reto de concebir con urgencia una metodología adecuada, o de identificar un liderazgo auténtico y honesto para, de entre los candidatos que garantizan la continuidad de las reformas políticas aprobadas, elegir a través del ejercicio del voto útil, a aquél que más estuvieran de acuerdo en apoyar para concretar el propósito común de no modificar el rumbo de la administración.
Nuestra sociedad tiene el compromiso de encontrar una civilidad política que le permitiera construir los mismos escenarios que la lleven a votar, el 1º de julio, una auténtica segunda vuelta, del mismo modo que los partidos políticos contendientes la de diseñar alianzas que garanticen la continuidad de una república funcional. Hasta que una reforma a las leyes electorales pueda ser aprobada, voto útil y segunda vuelta deberían ser vistas como el mismo acuerdo de civilidad que llevó a Costa Rica a decidir el rumbo de su democracia el fin de semana pasado.
Podría ser lamentable que la inacción, la falta de organización o incomunicación, obligue a una mayoría de ciudadanos a ser, no sólo gobernados por un titular del Ejecutivo mayoritariamente no electo, sino también a vivir en un país cuyo rumbo y destino, contrario al más deseado, no habría sido trazado por medio de un proceso auténticamente democrático y representativo. Los memes y caricaturas ya quedaron atrás.