Luego de la reciente bravata mediática de la que fuera víctima nuestro país y que tuvo lugar tras una serie de amenazas de carácter comercial planteadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en su intento por negociar una solución diplomática para los enormes flujos migratorios provenientes de países como Honduras, El Salvador y Nicaragua; la delegación diplomática encabezada por el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, acordó la puesta en marcha de una serie de medidas para detener el galopante avance de los migrantes centroamericanos, a cambio de la suspensión indefinida de aranceles progresivos a todas las exportaciones provenientes de México.
Mientras que el Presidente Donald J. Trump vuelve a utilizar su posición privilegiada como conductor de una de las más grandes potencias económicas mundiales para posicionarse entre el electorado estadounidense como un negociador internacional, en vísperas de la apertura del proceso de campaña rumbo a la máxima magistratura del país; por su parte, México logra acordar la suspensión indefinida de aranceles y asume la responsabilidad de fortalecer las medidas fronterizas para disminuir el número de migrantes que viajan al país vecino para solicitar asilo humanitario, acciones que serán evaluadas de manera binacional dentro de un plazo de 45 días.
Sin duda, es prudente realizar un análisis diferenciado de estas implicaciones. En términos comerciales se trata de un acuerdo positivo que favorece no sólo a México, sino también a los Estados Unidos de América, debido a la estrecha integración industrial y comercial que tienen ambos países y sus empresas. Para contrastar lo anterior es importante mencionar que entre ambos países el comercio asciende a los 203.2 millones de dólares tan sólo entre enero y abril, lo que quiere decir aproximadamente se intercambian bienes y servicios por un valor de millón de dólares por minuto y alrededor de 600 mil millones al año. Además, en los primeros meses del año México se consolidó como el primer socio comercial de su vecino, desde donde se destina 15% del total de sus intercambios comerciales, seguido por Canadá y China, con 14.7% y 12.9% respectivamente.
Por su parte y en términos de política migratoria, el análisis del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en Washington D.C. se vuelve más complejo de evaluar, debido a que desafortunadamente no existe certeza política de que deje de ser utilizado como una estrategia electoral por parte del Primer Mandatario estadounidense; ni tampoco que el reforzamiento de las medidas de seguridad fronterizas al Sur del país que ha planteado el gobierno mexicano logren detener a los migrantes, de una manera que sea considerada como satisfactoria para los Estados Unidos de América.
Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la frontera Sur de los Estados Unidos de América, el gobierno de México ha desplegado más de 6 mil elementos pertenecientes a la Guardia Nacional, que tendrán como una de sus primeras tareas, fungir como policía migratoria.
Es importante señalar que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional, la cual fue impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su sexenio para apoyar al país en el mantenimiento de la paz.
Se constituyó jurídicamente como parte de una reforma constitucional publicada el 26 de marzo de 2019 y en un segundo, por medio de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la expedición de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, logradas en un periodo extraordinario del Congreso la Unión. Con la realización de las adecuaciones a la ley vigente y la expedición de las adecuaciones jurídicas por parte del Congreso de la Unión, no sólo se dotó a nuestro país de una institución de seguridad pública con mando civil, sino que logró crear los consensos y el respaldo de los gobernadores de las entidades federativas, los integrantes de las instituciones de seguridad pública que participaron en los foros de consulta, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores determinantes para la seguridad.
Si bien el objetivo central de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación para salvaguardar la vida de los habitantes en el territorio nacional, sus libertades fundamentales, patrimonio e integridad, así como preservar el orden público y la paz social; lo cierto es que sus elementos se encuentran debutando como parte de los compromisos gubernamentales adquiridos en Washington el pasado 7 de junio, y se encargarán de vigilar las fronteras.
Además, y conforme al sistema de competencias propias que existe en la Federación y conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, la Guardia Nacional podrá colaborar temporalmente con las tareas de seguridad pública que correspondan a las entidades federativas o a los municipios.
Los 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados al Sur del país, entre policías militares, navales y federales, representan casi 10% de los elementos totales con los que cuenta este nuevo cuerpo de seguridad instaurado en el país y la tercera parte de la Patrulla Fronteriza que resguarda el Sur de los Estados Unidos de América; además de que se está planteando la construcción de tres cuarteles estratégicos en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, ubicados en la costa y el norte de Chiapas.
Este es un primer gran reto para el General el proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, quien actualmente funge como comandante de la Guardia Nacional y que por instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le encomienda una tarea de gran trascendencia no sólo para salvaguardar la seguridad del país, sino para dar certeza diplomática, comercial y política al acuerdo que firmamos con los Estados Unidos, y que llega en una edad temprana y en proceso de maduración de este cuerpo de seguridad nacional.
@jlcamachov