Jose Luis Camacho

El Senado se encuentra analizando las propuestas que han surgido por parte de diversos sectores en materia de procuración y administración de justicia, con miras a avanzar en este tema durante el cuarto de los seis periodos ordinarios que tendrá la LXIV Legislatura.

El miércoles pasado, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió en la sede senatorial a sendos secretarios de Estado, fiscal general y consejero jurídico del Poder Ejecutivo, para anunciar el envío, el 1 de febrero próximo, de las iniciativas en la materia por parte del Poder Ejecutivo Federal.

Entre corrillos se comenta que el doctor en Derecho, Ricardo Monreal, prendió las alarmas de alerta por los alcances de lo que se pretendía proponer al Senado, tanto así que en el Ejecutivo prefirieron retomar el análisis y reconducir los señalado por el zacatecano. Ya veremos el 1 de febrero la propuesta formal.

Pero el tema de la justicia, y sobre todo la cotidiana, es un eje transversal que toca todas las áreas y todos los sectores sociales. Y en él la Universidad Nacional Autónoma de México tiene mucho qué decir y qué proponer, y ha empezado por casa.

El campus y las instalaciones universitarias no pueden ni deben construir muros para aislarse de la lastimosa realidad que viven diversas zonas del territorio nacional. Tanto así que Ciudad Universitaria puede ser un lugar para caminar, disfrutar el paisaje, relajarse, hacer ejercicio y disfrutar de alguna actividad cultural para cualquier persona, pero también puede ser un lugar para delinquir, vender estupefacientes y robar.

Por ello, las autoridades universitarias que encabeza el doctor Luis Enrique Graue Wiechers han implementado acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia de género al interior de las aulas, pasillos, oficinas y demás espacios universitarios.

Se trata de un reto mayor sobre todo por la magnitud de personas que a diario interactúan en los campus universitarios, pero por supuesto que es posible y que es necesario que como sujetos actuantes de un cuerpo social complejo y diverso, reaprendamos a conducirnos con base en el respeto, la igualdad y la solidaridad.

Para ello, la UNAM ha establecido el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, el cual parte de un aspecto fundamental e imprescindible: detectar cuándo estamos frente a un hecho de violencia de género en cualquiera de las escuelas, institutos y facultades de la UNAM.

La violencia de género se distingue de otros tipos de violencia cuando afecta a las personas debido a su sexo o género y puede implicar daños físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, económicos o de cualquier otro tipo.

Cabe destacar que este tipo de violencia no se presenta solamente en una relación supra-subordinada, sino que puede presentarse en una relación de pareja, docente, compañeros o laboral.

Para activar este protocolo es necesario que el suceso ocurra en las instalaciones universitarias o bien, cuando haya una persona integrante de la comunidad universitaria involucrada.

Evidentemente, este protocolo es sólo una parte de lo que debe hacerse para atender cualquier hecho que constituya violencia de género, pero lo más importante es que cada integrante de la comunidad universitaria lo conozca y en esa medida, cobre consciencia de que sus actos pueden constituir alguno de los supuestos y es necesario que corrija y busque ayuda profesional.

El Poder Judicial corrige al Legislativo

Acatar en tiempo y forma cada uno de los pasos y requisitos constitucionales y legales para crear, reformar, derogar o abrogar una ley. Así lo ha reiterado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar, en su totalidad, los decretos por los que se expidieron la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.

Ello porque no se respetaron los derechos de las minorías parlamentarias, debido a que no se convocó debidamente a la sesión extraordinaria en la que se aprobaron los dictámenes; se dispensó la distribución de los dictámenes sin que hubiera una justificación para hacerlo y se publicó un artículo con un texto distinto al que se aprobó.

Se trata de deficiencias que son de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total de las leyes impugnadas al no ser fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo.

@jlcamachov

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