México se encuentra en un momento decisivo. Desde el 23 de junio y hasta el 2 de julio de 2025, el Congreso de la Unión, con mayoría de Morena y sus aliados, ha aprobado en tiempo récord hasta 22 reformas legales bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir al crimen organizado. Pero más allá del discurso oficial, lo que está en juego es el futuro de las libertades civiles y el equilibrio entre seguridad y control social.
Entre las reformas destacan la creación de una CURP biométrica obligatoria, el acceso sin orden judicial a datos personales por parte del Ejército y la Guardia Nacional, y una mayor integración de estas fuerzas a las estructuras militares. Estas medidas configuran una arquitectura legal que, lejos de garantizar mayor protección a los ciudadanos, amplía los márgenes de vigilancia y reduce los contrapesos institucionales.
Las implicaciones son profundas. La creación de una base de datos biométrica centralizada —que incluye rostro, huellas dactilares y datos fiscales— no sólo plantea riesgos de seguridad digital, sino que representa una amenaza directa a la privacidad. Según organizaciones como R3D y Article 19, esta información podrá ser utilizada sin consentimiento por órganos de inteligencia y seguridad, generando un ambiente propicio para la autocensura y el debilitamiento de la libertad de expresión.
Peor aún, esta legislación se ha procesado en sesiones extraordinarias exprés, sin debate público, sin transparencia y con escasa participación de la sociedad civil. Se trata de un proceso legislativo opaco que recuerda más a un estado de excepción que a una democracia funcional. La narrativa oficial repite que se busca eficiencia y seguridad; sin embargo, los métodos y los contenidos de las reformas apuntan más bien a una consolidación del poder estatal sobre los derechos individuales.
Lo que se avecina no es solo una modernización de los sistemas de identificación o una mayor coordinación contra el crimen: es un rediseño del pacto entre el Estado y la ciudadanía. Un rediseño donde el ciudadano es tratado como sospechoso por defecto, donde moverse, expresarse o acceder a servicios dependerá del escaneo de un rostro o la validación de una clave biométrica.
Sí, estamos ante un punto de inflexión. La pregunta es si, al amparo de la lucha contra la delincuencia, estamos cediendo a un nuevo modelo de control social que erosiona derechos conquistados durante décadas.
La historia reciente, desde el sistema Aadhaar en India hasta las redes de vigilancia en China, nos muestra que este tipo de reformas rara vez tienen marcha atrás.
Lo que está ocurriendo en México no es un episodio menor. Es, quizás, el inicio de un ciclo donde las libertades se redefinen bajo el prisma del miedo y la seguridad. Y si no se abre un debate público serio, informado y plural, el país podría despertarse el 3 de julio en un escenario que ya no se parezca tanto a una democracia. La vigilancia permanente podría haberse legalizado… y normalizado, en detrimento de nuestros derechos y nuestra libertad.
