Pese a contar con instituciones y organismos encargados de su protección, la situación de la libertad de expresión en México es deplorable. Somos un país que, sin estar en guerra, tiene la mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo, porque la médula del problema radica en la incapacidad del gobierno para combatir eficazmente la corrupción, los vínculos entre autoridades y crimen organizado, y la impunidad que cada crimen genera, aunque durante la cobertura electoral se reporta un alto nivel de impunidad en las agresiones, sostiene el organismo Reporteros sin Fronteras (RSF).
“No entendemos por qué las autoridades no hacen lo que deben hacer para garantizar la mínima protección de los periodistas. El problema es la corrupción y el crimen organizado, que van juntos. México tiene que atacar el tema de la corrupción con mucha más ambición, es un trabajo que implica muchos años, pero sí es posible”, compartió Emmanuel Colombié, director para América Latina de la organización no gubernamental, cuyo objetivo central radica en defender la libertad de prensa en el mundo.
El año pasado cerró con 11 periodistas asesinados en diversos estados del país, en un contexto de persecución que provocó el autoexilio de decenas de informadores que optaron por huir de sus lugares de origen por amenazas de muerte y ataques hacia ellos o su familia. México se convirtió en la tercera nación del mundo más mortífera para ejercer el periodismo, por debajo de Siria y Yemen, ambos países en situación de guerra.
A pesar de la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), del Comité de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la realidad no cambia y prevalecen “zonas de silencio”.
Esos lugares se ubican en Tamaulipas, Guerrero o Chihuahua, explica Emmanuel Colombié, donde los periodistas se ven obligados a dejar su lugar de origen y trabajo. Esto implica una voz menos para hacer periodismo. La falta de recursos y respaldo por parte de medios locales, contribuye a estos exilios forzados por parte de comunicadores.
Reporteros sin fronteras alertó sobre el aumento de amenazas digitales y cyberbullying contra periodistas críticos de los candidatos, a través de ejércitos de trolls en redes sociales, principalmente en Twitter.
“Los periodistas independientes que intenta cubrir estos temas de corrupción y crimen organizado son muy valiosos porque no pueden contar con el apoyo de su medio de comunicación, están en una situación de precariedad financiera y no cuentan con casi nadie, están prácticamente solos (…) Estamos acompañando casos de periodistas que intentan irse a Estados Unidos en busca de tranquilidad y protección, y la consecuencia de esto son agujeros negros de la información como en Tamaulipas, por ejemplo, donde si no escribes un artículo basado en un comunicado oficial vas a ser perseguido”, acusó.
¿Quiénes están fallando?
En México, sostuvo el director de Reporteros Sin Fronteras, hay “un círculo vicioso en el que si no se castigan a aquellos que atacan a periodistas, los problemas van a permanecer en el país”.
“Tiene que haber una mayor intervención de la Fiscalía y abrirse un abanico legislativo (...) en el caso de las amenazas, que son más de 80% de las agresiones, es un delito que la mayor penalidad que alcanzan es de dos años. Es irrisorio porque si un juicio por una amenaza se lleva dos años, el periodista se cuestiona qué justicia va a tener si después de ese tiempo no es un delito grave y no alcanza una mayor penalidad. Hay que valorar si este tipo de agresiones deberían tener una mayor penalidad o no, ese es el reto para las organizaciones para abrir la discusión en torno a esto”, apuntó Balbina Flores, representante de RSF en México.
Para Reporteros sin Fronteras es evidente la falta de cooperación y ayuda mutua entre los medios y sus periodistas, así como el abandono y tratamiento superficial que en ocasiones le dan al tema los gobernantes y las autoridades.
“Las responsabilidades son compartidas, pero obviamente los principales responsables son los gobiernos. La primera responsabilidad es de los Estados. Hay también la responsabilidad de los propios medios (...) pocos son los que tienen protocolos concretos de protección o programas de capacitación, por ejemplo, para hacer cobertura electoral, dijo Colombié.
“Hay una desunión del gremio. Estamos muy preocupados con la situación de los periodistas locales independientes, de los blogueros, de los comunicadores sociales que no tienen ningún apoyo cuando se encuentran amenazados”, detalló.
Indiferencia y vulnerabilidad
En el primer bimestre de 2018 se registraron 56 agresiones contra la libertad de expresión, 33 cometidos en enero y una decena menos al mes siguiente. La Ciudad de México, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas fueron entidades donde se contabilizaron agresiones, amenazas, campañas de desprestigio, violencia institucional, robo o destrucción de equipo y golpes.
De acuerdo con el registro que Reporteros sin Fronteras hace con la organización Propuesta Cívica, mediante la etiqueta #AlertaPrensa, de las agresiones ocurridas entre enero y febrero, 12 de ellas tuvieron un contexto electoral. Es decir, periodistas amenazados directamente por personajes públicos, políticos y candidatos, generalmente a nivel local, que los intentaron callar.
Para RSF resulta lamentable que previo al periodo de campañas, sólo uno de los aspirantes a la presidencia, Ricardo Anaya, haya mostrado interés en reunirse con ellos y recibir propuestas e iniciativas respecto al problema, el cual sostienen, se complica aún más en periodos electorales ante el “altísimo nivel de impunidad que existe en las agresiones y asesinatos de periodistas” en el país.
“Necesitamos un discurso público por parte de los políticos del más alto nivel, desde la Presidencia para pedir a los candidatos, a los encargados de las campañas que respeten el trabajo de la prensa, que dejen de intimidar, perseguir y amenazar a los periodistas que cubren el tema electoral y (...) aprovechar el momento para conversar con los candidatos y saber si ellos tienen previsto compromisos concretos del tema”, aseveró Colombié.
En la gestión de Enrique Peña Nieto, consideró, no se hizo prácticamente nada por fortalecer la protección a periodistas y abatir la impunidad en los ataques a la libertad de expresión, “esperamos que el próximo presidente de México deje de hacer grandes discursos y proponga medidas concretas para atacar el problema de la violencia y la impunidad”.
OÍDOS SORDOS
Reporteros Sin Fronteras indicó que el Estado mexicano no ha atendido estas recomendaciones:
•Fortalecer con recursos financieros, humanos y capacitación el mecanismo de protección a periodistas.
•Desarrollar un protocolo de investigación especializado en agresiones.
•Establecer una coordinación entre instituciones que protegen a periodistas en cada caso de agresión.
•Reformar la FEADLE para que haga uso de la facultad que la ley le otorga para atraer investigaciones ante cualquier caso, no sólo de asesinato, sino desde la amenaza o un ataque digital.