Hace unos días escuché una frase en un foro que no me pude quitar de la cabeza: “Rezamos para que no nos mencionen en un tuit.” No me reí. Porque conozco gente que lo dice en serio.
Eso es lo que quedó de la certeza jurídica en nuestra relación con Estados Unidos. Un tratado que en teoría nos protege, y empresarios que en la práctica le rezan a un algoritmo. Algo falló. Y creo que vale la pena nombrarlo sin rodeos.
Llevo tiempo siguiendo la revisión del T-MEC y lo que más me preocupa no es el tratado en sí. Es la brecha entre el México que va a negociar y el México que necesitaría ir. Durante 20 años el tratado funcionó con una lógica más o menos ordenada. Disputas, paneles, lenguaje técnico. Asimétrico, claro, pero con reglas que los dos lados respetaban. Eso cambió. Hoy el comercio se condiciona a la agenda migratoria. La frontera se militariza y México absorbe los costos sin que nadie se lo reconozca. Y las remesas —47 mil millones de dólares en 2023, más que el petróleo—, empiezan a aparecer en conversaciones donde no tienen nada que hacer.
Pero hay algo que me parece más grave que todo eso. Y que pocos quieren decir en voz alta. Washington no negocia solo con el gobierno mexicano. Negocia sabiendo que hay rutas, puertos y pasos fronterizos donde el Estado mexicano no manda, o manda a medias. No es retórica de oposición: es la lectura con la que trabajan las agencias de seguridad estadounidenses todos los días. Y cuando México invoca soberanía en esa mesa, la contraparte escucha y piensa: ¿soberanía sobre qué, exactamente?
Me acuerdo perfectamente cuando Morena llegó prometiendo “abrazos, no balazos.” Sonaba distinto. Fresco. Humano, incluso. Más de siete años después, el fentanilo cruza la frontera en cantidades récord, los cárteles tienen presencia en todo el territorio nacional y desde que Morena gobierna México acumula más de 220 mil homicidios. No estoy diciendo que el problema sea sencillo. Estoy diciendo que hubo una decisión deliberada de no confrontar, y que esa decisión hoy le sale cara al país en un lugar inesperado: la mesa comercial.
Porque cuando Estados Unidos condiciona el acceso a mercados, a resultados concretos en seguridad, no alcanza con argumentos jurídicos. Se necesitan resultados. Y este gobierno no los tiene. Y peor aún: no puede admitirlo sin derrumbar su propio relato.
Eso es lo que más me parece honesto decir: no llegamos a esta revisión debilitados solo por Trump o por los aranceles. Llegamos debilitados también por nosotros mismos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando un arancel se anuncia un martes por la tarde en redes sociales, los planes de inversión de plantas en Monterrey o Juárez quedan obsoletos en 72 horas. Que la certeza que el T-MEC prometía se erosiona no por una renegociación formal, sino por la ambigüedad permanente. Que México llega sin posición articulada, sin frente consolidado, sin tener claro qué defiende y qué está dispuesto a ceder.
Hay cosas que no deberían moverse. Las cadenas productivas de América del Norte no pueden convertirse en rehén de agendas ajenas al comercio. Las remesas no son una variable de negociación: son el sustento de millones de familias mexicanas, y tratarlas como moneda de cambio no es diplomacia, es irresponsabilidad. Y México necesita llegar a esta revisión con una posición técnica, sostenida y transexenal, construida con el Congreso y el sector productivo, no dictada por el humor de la semana.
Fuera de eso hay margen. Siempre lo hay. Y un México que negocia desde la firmeza, con claridad sobre lo que defiende y voluntad real de acuerdo, es un mejor socio para Estados Unidos que uno que cede bajo presión y acumula resentimiento.
México ha negociado en condiciones difíciles antes. Y cuando lo ha hecho desde la claridad y la dignidad, ha salido bien parado. Tiene la segunda economía de América Latina, la frontera comercial más activa del mundo y una historia que no le pide permiso a nadie. Lo único que necesita es un gobierno que llegue a esa mesa sabiendo todo eso, y que lo defienda como si de verdad lo creyera.
La pregunta no es si podemos. La pregunta es si este gobierno está dispuesto a intentarlo.
