La violencia ha sido la marca de los últimos años. De hecho, 2017 alcanzó el nada honroso título de ser el más sangriento de las últimas dos décadas, incluso por encima de 2011 cuando en plena guerra contra el crimen organizado, se alcanzaron cifras nunca antes vistas en materia de homicidios dolosos.
Pretender que los comicios ya en curso no estuvieran contaminados por este fenómeno, sería ingenuo. Sin embargo, causa alarma que entre diciembre del año pasado, cuando arrancaron las precampañas, y la primera semana de 2018, sumen ya 13 víctimas mortales de la violencia política.
Cuatro involucrarían a quienes habían expresado abiertamente su interés por contender por un cargo de elección popular: Adolfo Serna Nogueda, empresario de Guerrero, de 35 años, y aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, fue asesinado a balazos la noche del domingo 31 de diciembre.
Mientras que Marino Catalán Ocampo, uno de los precandidatos del PRD a la alcaldía de José Azueta, municipio de la Costa Grande de Guerrero, fue ejecutado en la cabecera municipal, también el último día del año.
El líder de Movimiento Ciudadano en La Huerta, Jalisco, Salvador Magaña Martínez, fue victimado el 24 de diciembre con heridas de arma punzocortante. Él había denunciado, a través de un video en internet, el presunto desvío de recursos públicos por la entrega de despensas por parte de las autoridades del DIF municipal en las instalaciones del PRI.
El 28 diciembre, el diputado local del PRD, Saúl Galindo Plazola, fue asesinado a balazos en el municipio de Tomatlán, Jalisco, que aspiraba gobernar.
También fueron victimados los alcaldes de San Pedro El Alto, Oaxaca, el petista José Santos Hernández, el 9 de diciembre; el de Bochil, Chiapas, Sergio Antonio Zenteno Albores, de extracción priista, el 18 de diciembre; y el perredista Arturo Gómez Pérez, de Petatlán, Guerrero, el 29 de diciembre.
La lista mortal incluye a exalcaldes y a sus familiares; a servidores públicos en funciones, a regidores y excandidatos de Hidalgo, Nayarit, Tabasco, Baja California y Chihuahua.
Por si fuera poco, en la Ciudad de México, tres actos de precampaña de la candidata a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la delegación Coyoacán, han terminado en trifulcas. Durante una de esas protestas el 3 de enero, Martha Reyes, damnificada del sismo de 19 de septiembre del Multifamiliar Tlalpan, se desvaneció y fue trasladada a un hospital, donde falleció tres días después por un paro cardíaco, producto de la hipertensión.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Una reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el líder nacional del PRD, Manuel Granados, así como la firma de un Pacto de Civilidad entre la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, y siete de los partidos con representación en la capital (faltaron Morena, PT y PES, que van en alianza).
Se propuso una “mesa nacional para el análisis de riesgos y la generación de protocolos de seguridad para candidatos y funcionarios”, a fin de “garantizar la tranquilidad y normalidad del proceso electoral 2018”. Y hasta ahí.
México no se puede dar el lujo de que los comicios federales estén marcados por la violencia. Las elecciones no se deben ganar a punta de pistola o sembrando el miedo. Hay que impedir a toda costa que las urnas sean sustituidas por tambores de guerra. Debemos cerrar el paso a los violentos. De otra forma, nuestra democracia, incipiente sí, pero democracia al fin y al cabo, estaría en riesgo. Y con ella la estabilidad del país.