Hannia Novell
La capacidad de asombro se extinguió y la indignación social se ha convertido en miedo, en renuncia, en autoprotección

La crisis de seguridad se ha extendido por todo el territorio nacional y alcanzó niveles de terror; sin embargo, el Ejecutivo federal se resiste a enfrentar el reto. Aunque aseguran que la seguridad y la protección ciudadana es una prioridad, lo cierto es que el aumento en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es de 6.3 por ciento.

Vivimos una emergencia en materia de seguridad. Apenas el 28 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que esta emergencia “no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones”. No obstante, el presupuesto contemplado para combatir la inseguridad es un traje a la medida para empoderar a los criminales. 

Los grupos del crimen organizado usan el terror como método de control y cada día crece la escalada de violencia. Los Zetas, los integrantes del Cártel del Golfo, del Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y los Beltrán Leyva, entro otros, todos tienen al país horrorizado.

La capacidad de asombro se extinguió y la indignación social se ha convertido en miedo, en renuncia, en autoprotección. Es natural, los criminales ejecutan masacres en San Fernando, Tamaulipas; queman el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León; y atacan sin misericordia el Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. Decenas de miles mueren calcinados, decapitados y ejecutados a mansalva o víctimas del fuego cruzado. Nada pasa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insisite en señalar a los gobiernos anteriores como responsables directos de la violencia: cuestiona la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón y señala la holgazanería del gobierno de Enrique Peña Nieto.  

Y él, quien prometió abatir el crimen y pacificar a la nación, usa mantras para exorcisar la violencia: dice que los grupos criminales “son pueblo y que no se ataca al pueblo” y les pide a los delincuentes recapacitar, que se porten bien y “piensen en sus mamacitas”.

El pasado domingo, en Soto La Marina, Tamaulipas, el primer mandatario remató: “Que se vaya al carajo la delincuencia. ¡Fuchi! ¡Guácala! Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Guácala!”.

No hay estrategia, compromiso, interés ni decisión para combatir la inseguridad. Ni siquiera hay recursos. En el proyecto de PEF 2020 se plantea un incremento de 2.6% para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 1.6% para la Secretaría de Marina (Semar), 3.8% para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y apenas 0.2% para el Fondo de Aportaciones a los Estados para la Seguridad Pública (FASP).

La Guardia Nacional también tiene serias limitaciones presupuestales, pese a que la narrativa de la 4T lo ha convertido en el estandarte del combate a la inseguridad. Tiene proyectado un presupuesto de tres mil 800 millones de pesos, de los cuales dos mil 800 millones se utilizarán para cubrir los salarios de los policías. Sólo la Fiscalía General de la República (FGR) registra un incremento significativo de 15 por ciento.  

La crisis de seguridad no se resuelve con mantras, afirmaciones positivas, realidades virtuales o regaños que haría el padre o el abuelo. Es urgente replantear el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad, realizar labores de inteligencia y atacar las finanzas de los grupos criminales. De otra forma, México seguirá desangrándose y los criminales estarán empoderados y complacidos. 

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