Hannia Novell

A partir de este 1 de diciembre, ya nada será igual. Los cinco meses de la transición sirvieron como rounds de sombra, pero cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República tendrá que enfrentar en el cuadrilátero de la política a verdaderos pesos pesados. De hecho, la última recta de la etapa final de la preparación dejó entrever cómo será la pelea.

El viernes 23 de noviembre, un grupo de 12 gobernadores de extracción panista publicó un desplegado en el que calificaron de 
“inaceptable” que, en materia de seguridad, el futuro gobierno intente supeditar las autoridades locales a los coordinadores estatales, mejor conocidos como “superdelegados”, previstos en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso.

En el documento reiteraban su disposición para trabajar con la administración de López Obrador, pero aclararon que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento”. Se dijeron sorprendidos de que la intención fuera supeditar a los mandatarios y a los fiscales estatales “como meros invitados. Ese desdén es inaceptable”.

A la crítica se sumó el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien apuntó: “No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el Pacto Federal y al orden constitucional”.

Recordó que en la reunión con la Conago del 27 de agosto pasado, López Obrador aseguró que los superdelegados no asumirían función alguna en materia de seguridad pública; sin embargo, el Plan Nacional de Paz y Seguridad recién presentado y las acciones aprobadas por el Congreso de la Unión “van en sentido completamente inverso”.

Paralelamente, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio, le echó leña al fuego y advirtió a los gobernadores de oposición que la Cámara Alta podría desaparecer los poderes en aquellas entidades que no se ajusten a las políticas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Les subrayó que el artículo 76 de la carta magna establece la facultad exclusiva del Senado para declarar la desaparición de todos los poderes constitucionales de un estado, lo que implicaría que se nombre a un gobernador provisional, quien convocará a nuevas elecciones.

Ante los amagos, Alfaro y Javier Corral, titular del Ejecutivo de Chihuahua, advirtieron que no se “cuadrarían” ante lo que consideraron como un intento para violentar el pacto federal. A su vez, dirigentes y legisladores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano amenazaron con interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar a los “superdelegados”.

En respuesta, López Obrador advirtió que no será rehén de nadie y que no se dejará chantajear.

Así pues, el ambiente a escasas horas de que López Obrador asuma la primera magistratura del país, es de tensión. ¿Así será la relación entre los gobiernos estatales y el federal?, ¿habrá un enfrentamiento permanente?, ¿Morena usará su mayoría para aplastar a la oposición en el Congreso sin escucharla?

Lo que más preocupa es cómo afectará un ambiente infectado de encono a los mercados, al comportamiento de las variables ma-
croeconómicas y al desarrollo del país. El encontronazo permanente no es sano, los mayoriteos aplastantes tampoco y una oposición dividida de nada le sirve el país.

Ojalá en esta nueva transición los actores políticos tengan la capacidad y la madurez de encontrar los equilibrios republicanos que eviten que, entre sus peleas, la que salga noqueada sea la sociedad.

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