La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó esta tarde ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI) por que posibilitan que se vulneren derechos y libertades básicas de las y los mexicanos. Esta es la sexta denuncia interpuesta y se suma a las presentadas también este viernes ante el máximo tribunal por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, que se agregan a las presentadas también por diputados y senadores del Congreso de la Unión y por el gobierno de Cholula, Puebla. Hasta ahora la Corte ha admitido dos a trámite. Con ello, el máximo órgano defensor de los derechos humanos ejerció su facultad de impugnar dicha norma, lo que había anunciado que haría desde que fue aprobada en diciembre pasado.
El contenido de la acción promovida por la CNDH es producto de un proceso de diálogo y debate que para su formulación se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, precisó la dependencia a cargo del ombudsman Luis Raúl González Pérez.
El organismo agregó que se escucharon y recogieron planteamientos y opiniones que finalmente se integraron en el cuerpo del documento que se presentó en la Oficialía de Partes de la Corte Suprema. La Comisión explicó que dicha ley además afecta el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y poderes. Entre los múltiples argumentos que refiere la CNDH en la acción de inconstitucionalidad señala cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantearía la LSI, contraviniendo criterios establecidos en contra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Agrega, que esta Ley posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas. Señala el hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 Constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas. Y señala el que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hacen a nivel Constitucional.
El responsable jurídico de la CNDH acudió a las 18 horas a realizar este trámite.
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Tras la promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior, el organismo público autónomo tenía 30 días naturales para interponer sus acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país.