Se confirmaron nombramientos presidenciales para los medios públicos. Aleida Calleja dirigirá el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Gabriel Sosa Plata, Radio Educación. Estudiosos ambos de las experiencias y referentes internacionales en radiodifusión pública y social, con experiencia acreditada en comunicación y carreras profesionales consistentes, si consiguen el respaldo gubernamental y la independencia y autonomía que seguramente reclamarán, podrían impulsar modelos y acciones para fortalecer a los medios que operan con recursos del Estado. En el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) será interesante observar, si lo confirma el Senado, el desempeño de un periodista experimentado y serio. La afinidad de Jenaro Villamil con el proyecto y discurso de Andrés Manuel López Obrador es patente en su trabajo y hasta en su time line de Twitter. Su militancia en las causas de AMLO es cosa libre y suya, pero si nos atenemos a las leyes y al derecho de la sociedad a tener medios públicos neutrales y democráticos, Jenaro estará obligado a apartar sus filias políticas de su trabajo como responsable de un órgano cuyo objeto de creación incluye “… la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional (con) independencia editorial (...) así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”. Luego de dos gobiernos panistas, en los que se subestimó su potencial, se les escatimaron recursos y no se logró institucionalizar la apertura y neutralidad que tuvieron, la administración de Enrique Peña significó, para los medios públicos, retroceso, uso faccioso y olvido. En el caso de la agencia Notimex, la involución y deterioro son profundos, aunque haya quien absurdamente sostenga que la orientación a la comercialización fue un avance, con lo que se omite o manipula el hecho de que los medios públicos cumplen su función social y democrática sólo cuando se rigen por normas legales y éticas claras y su único compromiso es con la audiencia, no con clientes que les den un pago. No existen anunciantes que no esperen legítimamente algo a cambio de su dinero. Un sistema de medios de Estado necesita operar con recursos públicos y para ello se requiere voluntad política y creatividad para explorar nuevos mecanismos de financiamiento público, como se ha hecho en Europa y otros países de América Latina. Anticipo, sin embargo, que la dificultad mayor será producir y transmitir contenidos propios de una comunicación de Estado que guarde distancia crítica del poder y reproduzca el mosaico de diversidad política y social que es México, al tiempo que estos medios forman parte de un gobierno que elude o embiste a los contrapesos y que da señales reiteradas de rechazo a la autonomía e independencia de las instituciones, sean académicas, reguladoras, tribunales electorales de la federación o cualquier otra entidad que la 4T percibe como desalineada en el radar de su maniquea y polarizante narrativa. El Senado de la República es la primera instancia con una función legal y precisa en la conformación y vigilancia de los medios públicos. Debe comenzar por conocer, más allá de las ambigüedades matutinas de Palacio Nacional, el proyecto que para este modelo de comunicación proponen el Presidente y sus recién nombrados. El senador Ricardo Monreal, cabeza de la mayoría en el Senado, escribió recientemente que “la presión ciudadana por hacer algo contra los expresidentes existe y es real”. Existe y es real también la exigencia de una oferta de comunicación pública plural, con función social, vocación democrática y alta calidad, desde los medios que pertenecen a todos los mexicanos.
El proyecto
