Si ya era complicada la historia que se nos presentó como verdadera, avalada por el gobierno federal, ahora la reorientación del posicionamiento oficial, empujado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), parece regresarnos a una historia que no solamente es la de la desaparición de 43 personas sino de la credibilidad del gobierno.
Ya resultaba muy complicada la historia y el proceso de su aceptación pública.
Tres de los elementos de aquella versión dada como oficial, acompañada del anuncio de un centenar de detenciones, parecen derrumbados: no se habrían incinerado los cuerpos en el lugar que se dijo, no habrían tenido conexión con un intento de boicot de un acto político y tampoco eran miembros del crimen organizado.
De ser sostenibles todas las observaciones del grupo de expertos, tampoco se sostiene aquella verdad histórica que para un sector, el del gobierno federal y de sus simpatizantes, parecía creíble y compartible.
Además, de nueva cuenta la intervención del ejército, la policía federal y de policías estatales y ministeriales, es puesta en duda en la medida en que el reporte sostiene que integrantes de esas instituciones y organismos de seguridad habrían monitoreado la ruta de los normalistas.
La credibilidad de las fuerzas armadas, otra vez, es colocada en situación de vulnerabilidad por una investigación son severos huecos y fallas, de acuerdo al reporte del GIEI.
La instrucción tuiteada por el presidente Enrique Peña Nieto de tomar en cuenta el reporte de que sean tomados en cuentas los “nuevos” elementos aportados reinstala a Ayotzinapa entre los temas centrales asociados a las capacidades de brindar justicia y de generar credibilidad del estado mexicano, especialmente de su parte ejecutiva, el gobierno federal.
El reporte, al plantear la exigencia de una explicación, una verdad histórica alternativa, obliga a identificar las responsabilidades de servidores públicos, omisiones, insuficiencias o dolosas acciones, fundamentales, en su momento, para una versión que se derrumba.
Respecto de este caso, como de otros temas culminantes de esta administración, habrá que deslindar el problema de credibilidad del gobierno como el de su percibida incompetencia, según las implicaciones inmediatas del GIEI. ¿Incineración de la credibilidad?