La condena de un tribunal argentino a militares implicados en el Plan Cóndor obliga a EE UU a desclasificar documentos para saber hasta donde llegó la complicidad de Kissinger con las dictaduras latinoamericanas.
Después del histórico fallo de un tribunal argentino que la semana pasada condenó a 14 militares implicados en el Plan Cóndor, el Presidente Barack Obama debe cumplir su reciente promesa de desclasificar los archivos del Departamento de Defensa, de la CIA y del FBI para aclarar con certeza el papel que jugó el gobierno de Richard Nixon, y en especial su Secretario de Estado Henry Kissinger, en la implementación del siniestro pacto entre ocho dictadores sudamericanos para secuestrar, torturar y/o asesinar a opositores a las dictaduras en cualquiera de sus países.
Gracias a la Ley de Libertad de Información, el Archivo de Seguridad Nacional que dirige Peter Kornbluh ha logrado la desclasificación de algunos documentos, principalmente del Departamento de Estado, que revelan, entre otras cosas, una conversación entre Kissinger y el almirante César Guzzetti, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en la que este le informa de los esfuerzos conjuntos. Kissinger le responde dándole su aval a la colaboración internacional para reprimir a la izquierda. “Si hay cosas que deben hacer, háganlas pero rápido”, le dice, “pero es importante que recuperen los procedimientos normales lo más rápidamente posible …Queremos que tengan éxito. No queremos acosarlos. Yo haré lo que pueda”. Sin duda hizo mucho pero su quehacer debería ser ventilado en un tribunal de justicia.
El fallo del tribunal argentino es importante porque por primera vez en la historia un tribunal latinoamericano juzga, acusa y condena a los gobernantes de cinco países por haber conspirado criminalmente para asesinar a disidentes políticos. El grupo inicial fue formado en Santiago de Chile en 1975 por órdenes de los dictadores de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, quienes encargaron a sus fuerzas policiacas la elaboraron y ejecución del Plan Cóndor. Brasil, Perú y Ecuador se adhirieron un poco después.
La impunidad con la que operaban los servicios de inteligencia de los dictadores era asombrosa y sin duda el caso más extremo fue el de la Guerra Sucia en Argentina que se cobró la vida de unas 30,000 personas. Pero el atrevimiento de los servicios de seguridad chilenos al asesinar al ex Secretario de Relaciones Exteriores de Chile en el gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier en la mismísima capital de EE UU evidencia su creencia de que el crimen no tendría consecuencias. Exiliado y despojado de su nacionalidad, Letelier era una pesadilla para el dictador Augusto Pinochet por sus intervenciones en el Congreso estadounidense y por su campaña mundial contra el dictador.
El 27 de septiembre de 1976, Letelier y su ayudante, la estadounidense Ronni Moffitt, murieron al ser activada una bomba colocada en el coche en el que viajaban. En documentos desclasificados que la CIA envió al Secretario de Estado George Schultz, y que en 2015 fueron entregados por EE UU a Chile, se demuestra que el asesinato del diplomático opositor fue ordenado directamente por Augusto Pinochet.
Y aunque la historia de toda esta conspiración criminal era conocida desde hace décadas gracias a los testimonios de los parientes de las víctimas, y al trabajo de valientes reporteros, profesores universitarios y defensores de los derechos humanos, lo nuevo y lo bueno es que la semana pasada la existencia de esta conspiración criminal fue refrendada legalmente en un tribunal de justicia.
A cuarenta años de distancia, muchos de los inculpados ya han muerto y otros tienen una edad muy avanzada. Sin embargo, todavía quedan militares de alto rango como por ejemplo el último dictador militar de Argentina, el octogenario General Reynaldo Bignone, o el ex militar uruguayo Manuel Cordero. Este último vinculado con la desaparición de María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, y cuya hija, nacida en prisión fue adoptada por una familia cómplice de la dictadura uruguaya. Ambos fueron sentenciados a una prisión de entre ocho y 25 años.
“Todos estos crímenes”, escribió el difunto Christopher Hitchens, “sucedieron durante el tiempo en el que Kissinger fue Secretario de Estados”. Y añado, ya es hora de que salga a la luz en un tribunal de justicia hasta donde llegó la complicidad de Estados Unidos con las dictaduras latinoamericanas.