Una histórica Legislatura se apresta a iniciar el último de sus periodos ordinarios de sesiones, con una agenda de trabajo en la que el PRI y el PVEM apuntalarán el rescate de los ahorradores de FICREA, el Sistema de Integridad Pública, las iniciativas de seguridad del Ejecutivo Federal y la regulación de deuda de Estados y Municipios 1. Instalación del Congreso Este domingo 1 de febrero habrá de instalarse como lo establece la Constitución, el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión; es decir, se trata del último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, que ha sido más que vertiginosa en lo que se refiere al trabajo legislativo. En los últimos tres años, en el Congreso se han procesado 31 reformas constitucionales, entre ellas, las reformas estructurales fundamentales, esas que por tantos años se habían discutido y por una y otra razón no se habían logrado concretar; así como las leyes reglamentarias respectivas, que son las que permiten pasar de lo general a lo particular los propósitos legislados, es decir, ponerlos en acción y con ese motivo se expidieron 36 nuevas leyes así como modificaciones o adecuaciones a otras 345. Con mucho, se trata de una de las legislaturas más productivas en la historia reciente del país. En los días previos tuvieron lugar las reuniones preparatorias de los distintos Grupos Parlamentarios representados en las Cámaras. Por supuesto, estando en pleno proceso electoral, predominaron los lances y las poses para posicionar los temas de esta naturaleza, aquellos que pueden ser útiles en las campañas que se avecinan. En el terreno estrictamente legislativo, es de destacarse la realización de la VI Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados. Tanto el Programa de Trabajo como la Agenda Legislativa en la que convergen los grupos parlamentarios se ubican en el escenario de polarización propio de las elecciones intermedias, en donde el Gobierno y la coalición gobernante estarán a prueba, con una opinión pública bastante adversa, si bien las perspectivas electorales medidas en las encuestas se mantienen más o menos en los mismos términos de la elección federal del 2012. Los elementos nodales de la Agenda Legislativa son cuatro: uno, la aprobación de la minuta del Senado sobre Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, que adquiere relevancia a partir de la reducción del precio internacional del petróleo, lo que obliga a una mayor austeridad y continencia en el gasto público para garantizar los recursos para programas sociales, inversión en obras públicas y participaciones a Estados y Municipios. Dos, la creación del Sistema Nacional de Integridad Pública, a partir de los cuatro elementos o “patas” que se han ido perfilando en los acuerdos semblanteados por el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones: Fiscalía General de la República y en su seno autonómico, el Fiscal Anticorrupción; mayores facultades para la Auditoría Superior de la Federación; creación del Tribunal de Cuentas, y fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en los aspectos preventivos de corrupción o desvíos. Tres, el procesamiento, con las adecuaciones que convengan los grupos parlamentarios, de las reformas constitucionales en materia de Seguridad y Justicia propuestas por el titular del Ejecutivo Federal que permitirían la creación de 32 Policías Estatales al mando del Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; la facultad para el Senado de declarar la desaparición de un Ayuntamiento en caso de demostrarse infiltración del crimen organizado, y la distribución de competencias penales entre la Federación y los Estados, facultando al Congreso para establecerlas. Al respecto, en el Senado de la República se realizaron las Audiencias en torno a las propuestas del Ejecutivo Federal, del 20 al 22 de enero, estableciéndose más o menos las siguientes tendencias: En lo que se refiere a las Policías Estatales Unicas, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del DF participantes apoyaron la idea, con variantes entre Policías Estatales como fueron originalmente propuestas a modelos de Mando Unico en el Gobernador y sobrevivencia de policías municipales, sobre todo en aquellos casos en que muestren tener honestidad, capacidad y buen desempeño. En lo que se refiere a la figura de desaparición de Ayuntamientos por el Senado, es perceptible la falta de consenso, prevaleciendo la opinión de que sería un exceso; es de hacer notar la observación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el sentido de que bien podría reglamentarse el artículo 29 constitucional, que prevé la situación de excepción, estableciendo la posibilidad que se quiere regular en dicho ordenamiento. En lo que se refiere a la distribución de competencias, es perceptible el consenso en torno a la idea, difiriendo únicamente si esto sería mediante la expedición de una Ley General acorde con las facultades que el Congreso dispondría para ello, o bien, mediante la emisión de un Código Penal Unico (o Ley General Penal, actualmente en preparación en el Senado). Y, la cuarta propuesta legislativa es con mucho una que bien podría resolver la angustia de los ahorradores que fueron defraudados por FICREA, en donde al buscar altos beneficios en realidad entraron a una especie de pirámide especulativa y sólo estarían en posibilidades de recuperar el monto asegurado, que es del orden de los 130 mil pesos por cada ahorrador. Los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM se pusieron del lado de los ahorradores y habrán de reformar las leyes que regulan los fondos de ahorro popular, incorporando en ello las bases legales para elevar el monto de la cobertura para los ahorradores honestos que como personas físicas fueron defraudados, quizá hasta un monto de 500 mil pesos, en cuyo caso estarían cubiertos la mayoría de quienes invirtieron su patrimonio y fueron engañados. Tratándose de ahorro popular, el PRI y el PVEM le entraron al fondo de la cuestión y con apego a la legalidad vigente, pondrían las bases para que el gobierno federal pueda proteger el ahorro de la mayoría de los afectados por FICREA sin demérito de las sanciones civiles y penales a los responsables. Es una buena agenda para redondear lo que la histórica LXII Legislatura ha logrado hasta el momento que habrá de concluir su gestión como empezó, trabajando y con resultados acreditables. 2. Tras 4 meses de Iguala A cuatro meses de los trágicos acontecimientos de Iguala (se cumplieron el pasado lunes 26 de enero), el gobierno federal dio una respuesta jurídicamente sustentada al argumento circular con el que se le ha denostado y buscado involucrar en un crimen deleznable (en el que quienes administran la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa argumentan que fue el Estado y debe presentarlos vivos o muertos). A esta distancia, son visibles los posicionamientos de las partes involucradadas: los deudos de las víctimas; el gobierno federal; las guerrillas y magisterio que se apoderaron del conflicto, y la clase política local, inmersa en un proceso electoral y que pretendería distanciarse del problema y sus consecuencias. En el primer caso, los deudos de las víctimas, la posición ha sido establecida desde los principios del Derecho Internacional: en tanto no aparezcan vivos o muertos, se tratará de una desaparición forzada, cuya responsabilidad subsidiaria es del Estado en tanto responsable de proveer seguridad a la población y está obligado a la reparación del daño, remediación, medidas de no repetición y recuperación de la memoria más no le es imputable la responsabilidad criminal pues no es una política instruida desde el Estado mismo para desaparecer a los jóvenes. La reparación del daño, siendo imposible devolver la vida a las víctimas, se traduce en el apoyo material, psicológico y moral a los deudos (padres, hermanos, consortes o hijos) mediante unaa indemnización, pensiones o becas; al igual que atención médica, psicológica y profesional de abogado litigante para realizar los reclamos que correspondan. Esta situación debiera haber sido asumida ya por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, prevista en la Ley General de Víctimas. El Gobierno Federal, por su parte, a través de la Procuraduría General de la República en ejercicio de la facultad de atracción ha realizado la valoración jurídica del caso y consignado ante un juez a los presuntos responsables con las evidencias reunidas en las pesquisas realizadas. Concluye así la fase de integración de los casos criminales y prosiguen ahora las causas penales, en las que pruebas supletorias y periciales que se fueren obteniendo podrán irse incorporando. Dada la indeterminación del destino final de los desaparecidos, la presunción de muerte no es aceptada por los deudos y las organizaciones victimales, sociales y guerrilleras que les apoyan. Para éstas, entre más se prolongue el conflicto, mejor. Técnicamente, agotadas las líneas de investigación (se habla de unas 200) el lei motiv de los casos ha sido establecido: los desaparecidos lo fueron por una colusión criminal entre autoridades y sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, Cocula y otros 11 municipios de la Montaña guerrerense; el alcalde perredista, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, ordenaron la detención, entrega y masacre de los normalistas, lo que aconteció según los testimonios de los sicarios detenidos, en un basurero de Cocula, donde fueron ultimados, incinerados y las cenizas esparcidas en los ríos cercanos. Algunos restos recuperados fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria, donde se identificó plenamente a uno (Alexander) y los otros 42 ha sido imposible por ser insuficiente el material genético disponible, no obstante lo cual proseguirá el análisis con otras técnicas de identificación forense basada en los restos de dicho material. La crítica a las conclusiones de la PGR es establecida por el cuestionamiento adversarial de poner en duda todas las pruebas: que no pudieron haber sido incinerados ahí y así; que se rompió la “cadena de custodia” del levantamiento de evidencias forenses; que por qué no intervino el 26 Batallón de Infantería acantonado en Iguala y luego se documenta por medios alternativos que sí tuvieron conocimiento de los hechos, lo que nutre la exigencia de abrir los cuarteles y las recientes opiniones del representante de Amnistía Internacional de que se investigue al Ejército al igual que del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en el sentido de que las confesiones de los sicarios pudieren haber sido obtenidos mediante tortura, falacias todas éstas que no se acreditan con los hechos, pues las confesiones de los sicarios, quienes inclusive participaron en la identificación de los lugares y en la reconstrucción de los hechos, se realizaron ante abogado defensor y se encuentran videograbadas. 3. Escalamiento y Lógica Contestataria En lo que se refiere a las guerrillas y magisterio disidente que notoriamente se han apoderado del dolor y desesperación de los padres de los desaparecidos, está más que documentado que se trata de integrantes de dos organizaciones guerrilleras, el EPR y el ERPI, así como el magisterio disidente nucleado en la CETEG perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han aprovechado la ocasión para combatir la reforma educativa nacional a la que se oponen. El profesor Felipe de la Cruz, dirigente visible de la movilización antigubernamental, es secretario de una sección magisterial en Acapulco a la vez que profesor en la normal de Ayotzinapa y directivo del Comité de Lucha de esa normal rural, convertida en el centro logístico del movimiento contestatario. De las declaraciones de los sicarios detenidos se presume asimismo un vínculo con el narco, en donde una banda rival de Guerreros Unidos, conocida como Los Rojos, operaría en esa zona de influencia, tratándose entonces de una posible narcoconexión con el director de la Normal Rural, José Luis Hernández, quien no ha explicado cómo fue que un grupo de normalistas de reciente ingreso fue enviado a “botear” a 150 kilómetros del plantel, en una trayectoria de colisión y confrontación con los criminales de Iguala. Respecto del gobierno de Guerrero, éste quedó vulnerado y a la vez intocado. La clase política perredista guerrerense sigue siendo manejada por el gobernador con licencia, Angel Heladio Aguirre, quien no ha sido responsabilizado de manera alguna por los acontecimientos que toleró y maneja e influye en los posibles candidatos de ese partido, según los dichos del senador Armando Ríos Píter (“había que arreglarse con Angel Heladio”) que serían su ex secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, o el también senador Sofío Ramírez Hernández, al igual que su hijo Angel Heladio Herrera a quien pretenden postular para alcalde de Acapulco. En lo que se refiere al relevo, en la persona de Rogelio Ortega, quien fuera secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, el grupo proveniente de la Universidad estaría maniobrando para que la candidatura del PRD y otras izquierdas recayera en el actual rector de la UAGRO, Javier Saldaña. De ahí que, en la lógica antisistema de los dos grupos que no quieren dejar el poder más la guerrilla-CETEG, el mejor escenario sería la escalada del conflicto, al que han ido eslabonando demandas propias de la agenda de reivindicaciones de la guerrilla o de la lucha magisterial: desde más recursos para su centro logístico, la normal de Ayotzinapa, hasta tractores y apoyos agropecuarios para los campesinos en las zonas circundantes, la exigencia de “salida del Ejército de la Costa Chica” y, claro está, que no haya elecciones en la entidad. Esta lógica contestataria podría estar empezando a virar; tras las conclusiones de la PGR lo que sigue son las causas penales para castigar a los responsables y la aplicación del derecho internacional humanitario para resarcir a los deudos y remediar la forma en que los criminales pudieron apoderarse de la policía y el poder político en un ayuntamiento de Guerrero; tanto la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional Electoral habrán de establecer las garantías suficientes para la realización de las elecciones no sólo en esta entidad sino en todo el país, y los gobiernos federal y estatal están ahora más dispuestos a aplicar la ley y evitar las provocaciones, tomas y vandalización de edificios públicos y vías de comunicación. En el Caso Iguala, sin duda habrá justicia, pero la búsqueda de la misma no justifica que se ponga en riesgo la estabilidad de la sociedad ni a la propia democracia. 4. Parametría: hacia las elecciones federales Con el esquema “si las elecciones fueran hoy”, Parametría levantó una encuesta de preferencias electorales entre el 10 y 15 de enero, publicada en esta semana, cuyas proyecciones muestran un contexto bastante reñido y complejo para las elecciones federales del próximo 7 de junio. A cinco meses de los comicios, si las elecciones fueran hoy, el PRI aventajaría a los demás competidores, dependiendo como se lea, por escaso margen con 31% de las preferencias y con mayor amplitud si se le suman los votos que alcanzaría el Partido Verde, su aliado coyuntural, quien obtendría un 10% de los sufragios. Le seguiría el Partido Acción Nacional, el mayor beneficiario de los contrastes nacionales, quien estaría recuperando presencia ubicándose en el 27% de las preferencias. La izquierda se dispersa entre las fuerzas que se han ido desprendiendo de aquél esfuerzo de unidad que fuera el Partido de la Revolución Democrática. Lo que queda del PRD estaría alcanzando un 12% de las intenciones de voto, en tanto que el partido Morena, que ha ido erosionando sus bases, obtendría un 10% de las preferencias, restando 2% para el Movimiento Ciudadano, 2% para el PANAL y los restantes tres minipartidos de la dispersión (Trabajo, Encuentro Social, y Humanista), todos los cuales estarían por debajo del uno por ciento, con lo que cinco organizaciones no estarían alcanzando el porcentaje mínimo requerido para el registro definitivo, que es del 3%. Por supuesto, a cinco meses de los comicios aún quedan muchas cosas por suceder; como es el devenir de los 17 procesos locales que se viven con mayor intensidad que las elecciones federales intermedias y en donde los relevos de gobernador habrán de añadir variables a considerar en lo que se refiere a la orientación final de los votantes, dependiendo de qué partido se perfile para ganar la gubernatura o qué partido esté gobernando en los casos en que se renuevan congresos locales y ayuntamientos. En lo estrictamente electoral, el PRI y su aliado, el PVEM, no presentan tan mala cara como podría pensarse de los bajos resultados de la popularidad gubernamental, situada en bajos términos en los últimos cortes demoscópicos publicados en diciembre. Qué tanto erosionará esta situación la ofensiva lanzada por las izquierdas radicales, guerrillas y Coordinadora de Maestros, que buscarán escalar el conflicto social, así como la otra ofensiva de descrédito que está sucediendo en medios de comunicación nacionales y del extranjero que ha involucrado al primer círculo del poder, aún está por verse. 5. Elecciones en Grecia y volatilidad Podría pensarse que las elecciones generales en Grecia de hace una semana no nos incumben. Sin embargo, para la volatilidad mundial sí tienen un potencial disruptor, pues pone a prueba la estabilidad de la Zona Euro y la mano dura de Alemania en el manejo de la situación económica en esa parte del mundo. Los mercados miran con nerviosismo la posibilidad de que la izquierda radical, del Partido Syriza que ganara las elecciones tire todo lo que el gobierno griego había hecho para mantener los estándares europeos. El mayor temor de los mercados es que un nuevo gobierno de izquierda radical, pudiera desconocer los acuerdos previos para la deuda de Grecia, lo que llevaría a evaluar su pertenencia a la zona Euro, algo que le gobierno alemán ha descontado hasta el momento. En todo caso, el nuevo gobierno deberá negociar el último tramo del rescate griego por mil 800 millones de euros, así como una nueva línea de crédito para los próximos dos años. Syriza quiere reducir la austeridad imperante e incrementar los salarios y las pensiones. Todo ello sin duda afectará la volatilidad mundial, incorporando nuevas presiones al difícil entorno económico. Por el momento, la Eurozona tiene una perspectiva de crecimiento del 1.8% para el año, impulsada por la caída de los precios del petróleo (son grandes beneficiarios de este fenómeno), la depreciación del Euro (está por debajo de 1.2 por dólar, cuando estaba a 1.35 hace un par de meses, lo que mejora la competitividad de las exportaciones europeas) y los estímulos por 60 mil millones de euros mensuales que otorgará el Banco Central Europeo para comprar bonos, tal y como lo hiciera la Reserva Federal en el peor momento de la crisis norteamericana. Esta perspectiva es la que podría resultar afectada con un default de la deuda griega, además del temor de contagio a España e Italia, donde partidos radicales se ubican en el horizonte de relevos gubernamentales (el partido Podemos español se ubica en las encuestas como virtual ganador en las elecciones generales de diciembre de este año). ¿Qué tanto nos afectará? Por lo pronto, manteniendo la presión sobre la paridad del peso y el dólar, así como la posibilidad de elevación de las tasas de interés si se da una nueva crisis de la deuda griega, tanto más cuanto más se tarde el nuevo gobierno griego en comprender que ningún país puede por sí solo resolver sus problemas sino que requiere de los demás, al igual que capacidades internas y compromisos que se cumplan para figurar en los primeros planos internacionales.
Epílogo histórico en el Congreso
