La temporada de campañas de estiércol tocó a quien faltaba: el árbitro electoral. La tómbola que degrada la vida pública le cayó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, al difundirse una conversación ilegalmente obtenida y difundida, que revela su talante racista y clasista, y una actitud déspota hacia las comunidades indígenas. Golpe perfectamente dado, en su carácter y personalidad, es condenable, no obstante, por la violación a su vida privada. Córdova pagó sus omisiones e irresponsabilidad histórica al no haber elevado la voz cuando los equipos de campaña optaron en 2015 por filtrar grabaciones ilegales como estrategia para golpear contrincantes. Hoy forma parte del circo de pistas interminables al no haber advertido que se estaban matando las reglas del juego.
El espionaje político no es nuevo. Por décadas se ha utilizado en México como parte de un sistema de contrainteligencia: el régimen necesitaba saber qué hacían sus adversarios, qué planeaban sus rivales, qué deseaba la oposición, de la misma manera como las fuerzas de seguridad infiltran a los criminales para atacarlos. En el primer caso sólo se accedía la información con fines preventivos y archivaban los expedientes. Pero en los últimos años, la información tiene el mismo uso que con los criminales, por las razones contrarias: se usa para neutralizarlos. El morbo político y el escándalo fácil que buscan los medios, propicia que la arena pública se preste a la degradación de la vida pública y la acción política.
El espionaje a Córdova unificó por primera vez los criterios editoriales de los medios, que antes que diseminar el contenido de la conversación, acusaron el espionaje telefónico. Doble moral, sin duda, que es donde anida el ansia y hambre de los políticos que luchan en el lodo de la clandestinidad contra sus pares. Apenas hace una semana, no cuestionaron que la conversación entre un ejecutivo de OHL y el ex secretario de Comunicaciones del estado de México, fue grabada y difundida ilegalmente. Nadie deja de regodearse con los contenidos de materiales ilegales, cuando las víctimas son los políticos.
El caso de Córdova, quizás porque al venir de la academia sintieron como un agravio personal, cambió la dinámica. Falta que se recupere la memoria.
El espionaje como brazo de la política legal surgió en 2003, cuando un misterioso libro, Elba de Troya o Lady Macbeth, dio a conocer conversaciones telefónicas de la maestra Elba Esther Gordillo, en ese entonces secretaria general del PRI, con políticos y empresarios. Los medios, acríticos, la denostaron. Gordillo se preparaba para asumir la coordinación de la bancada del PRI en San Lázaro, que desde un principio fue débil y vulnerable. Cinco años después, el entonces senador Manlio Fabio Beltrones denunció un espionaje político en su contra.
Como reacción, la PGR filtró a los medios que no era el único político espiado, sino había más priistas involucrados, adjudicándole la autoría intelectual al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Las autoridades federales detuvieron a Luis Miguel Dena, un ex agente del CISEN que estaba contratado por el gobierno mexiquense para realizar mapas de riesgo, que años después fue exonerado del delito. En la campaña presidencial de 2012, a casi un mes de la votación, se difundió una grabación en la cual dos asesores del candidato Andrés Manuel López Obrador, pedían seis millones de dólares a un grupo de empresarios, con lo cual el tabasqueño, que estaba empatado con Peña Nieto, se desplomó.
En 2009, Luis Téllez renunció como secretario de Comunicaciones y Transportes, tras una disputa palaciega con la subsecretaria Purificación Carpinteyro, que entregó grabaciones obtenidas ilegalmente para denostar a su jefe. Aunque no incurrió en ningún delito, el fraseo y el contexto de conversaciones privadas, hizo inviable que permaneciera en el cargo. Años después, en medio de la negociación sobre la reforma de telecomunicaciones en junio pasado, apareció una grabación telefónica de Carpinteyro, en ese momento diputada del PRD, donde le propuso al ejecutivo de una telefónica un negocio en el sector de las telecomunicaciones. El conflicto de interés expuesto en esa conversación ilícitamente grabada, la anuló de la discusión sobre la reforma y al PRD lo privó de su experta en esa industria.
Estos casos son un racimo en un puñado de expedientes abiertos a lo largo de estos tres últimos lustros, en los cuales la clase política ha preferido dirimir sus conflictos mediante el uso de herramientas ilegales, que colocar barreras legales y castigos ejemplares a quien viole la ley para alcanzar sus objetivos. Esto es un crimen, donde los delincuentes tienen casaca de políticos. El llanto por Córdova debe ser el grito por todos y contra todos quienes este camino escogieron. Se pregunta la prensa quién lo espió, cuando saben los medios, los políticos y las instituciones, de donde viene el grueso de las guerras sucias en esta temporada electoral: de los partidos, de los candidatos, de sus estrategas. Sus altoparlantes son los medios.
Somos hipócritas que no admitimos lo que sabemos. Somos sibilinos. Lloramos cuando nos afecta, y gozamos cuando la pena está en el vecino de enfrente. Si se quiere cambiar, que se quiten las máscaras. Si no es el caso, que se callen la boca y sigan viviendo en donde el más fuerte es quien impone la ley. Pero para los demás, de ese charco de estiércol hay que salir. rrivapalacvio@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa