Raymundo Riva Palacio

El Cártel Jalisco Nueva Generación está desatado. A través de su comunicación en mantas sigue amenazando a autoridades judiciales y municipales en varias partes del país, y abrió la temporada de reclutamiento de policías federales. Las expectativas que había para la captura de su líder, Nemesio Oseguera, apodado El Mencho, se han evaporado, y la persecución de sus cuadros criminales está prácticamente suspendida. La organización criminal, junto con Los Zetas, es la más violenta del país, y está operando sin aparentes obstáculos, mostrando su músculo financiero y su capacidad de fuego. En estos tiempos, goza de un día de campo nacional. Y por eso salió de pesca.

En los últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un joven con gorra y playera negra, que al calce tiene las siglas “CJNG”, donde aparece este mensaje dirigido a los policías federales: “Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos el CJNG, invita a todos los ex policías federales que fueron despedidos injustificadamente, a unirse con nosotros ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te pagamos”. El mensaje, que ha sido verificado por personas con conocimiento del modus operandi de la organización, está firmado: “atte. M-1”. Esta numeración, supuestamente corresponde al comandante Isidro Lara, que es como se identifica a uno de los presuntos líderes de la organización criminal en el estado de México. El nombre apareció hace cuatro años en Oaxaca, de una persona presuntamente miembro de Los Zetas, sin saber si se trata de un homónimo o de quien cambió de bando.

El cártel debe querer aprovechar los vacíos que existen actualmente en la estrategia de seguridad y los niveles de impunidad con el que se manejan las grandes organizaciones criminales. El vacío institucional existente, por diseño gubernamental no por omisión, se inscribe también en el contexto de las salidas masivas de elementos de la Policía Federal. Hasta febrero pasado, se estimaba que entre tres mil y cinco mil policías federales -de una fuerza de 37 mil- habían iniciado sus trámites para darse de baja de la corporación ante la política de austeridad del gobierno y la cancelación de prestaciones como el seguro médico de gastos médicos mayores y los bonos de riesgo. 

Esas prestaciones nunca fueron consideradas como privilegios dentro de la Policía Federal, sino como apoyos y estímulos para sus miembros, constantemente en enfrentamientos con criminales. Esos ingresos indirectos complementaban el salario de aproximadamente 17 mil pesos mensuales que percibían. El Cártel Jalisco Nueva Generación ofrece 16 mil pesos mensuales a sus reclutas sin experiencia alguna, a los que tienen que capacitar, por lo que pudiera recibir un federal debe ser significativamente superior. La austeridad republicana del gobierno federal abrió la ventana de oportunidad a ese cártel para captar mano de obra entrenada y calificada, repitiendo el fenómeno que se vivió hace casi 20 años con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, cuando empezaron a reclutar militares de las fuerzas especiales que ganaban siete mil pesos al mes, que fue el origen de Los Zetas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene problemas de liquidez, y era considerado por las autoridades federales en el gobierno anterior, como el más rico de todas las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas. De acuerdo con la última evaluación de amenazas de la DEA dada a conocer en noviembre pasado, opera en 22 de las 32 entidades del país como una organización que trabaja múltiples drogas, fabricando y distribuyendo cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo en los grandes mercados de consumidores de droga en Los Angeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, además de tener operaciones en Europa, Asia y Australia. Es considerado por las autoridades estadounidenses como una organización con un comando y control disciplinado, técnicas sofisticadas para el lavado de dinero, rutas de transportación eficaces y extrema violencia.

Una muestra de su capacidad financiera y de persuasión se encuentra en los avances de investigación en el Poder Judicial reveladas este martes en la prensa de la Ciudad de México. Según lo revelado, las autoridades tienen como el principal investigado al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, que ordenó en 2018 la liberación de Francisco Aguilar Santana, apodado Juan Pistolas, una de las personas más cercanas a El Mencho Oseguera, según las autoridades. De acuerdo con la investigación, el magistrado recibió entre 2010 y 2016, un total de 18 millones de pesos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha llevado a sus límites más altos la máxima criminal contra las autoridades de plata o plomo, que está presente en todas sus mantas amenazantes. La última apareció este martes en Miahuatlán, al sur de Oaxaca capital, donde amenazaron a todos los funcionarios de la prisión federal que se localiza en la pequeña comunidad de Mengolí, y donde está recluido José Bernabé Brizuela Meraz, apodado La Vaca, que era el jefe de asesinos de Rubén Oseguera, El Menchito. Lo que llama la atención de esta y otras mantas de la organización jalisciense contra funcionarios en las cárceles, sin embargo, es que coinciden con la investigación sobre presuntos actos de corrupción que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre todo el Órgano Administrativo Desconcentrado, responsable de las prisiones, que comprende la segunda parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

La forma como está operando el Cártel Jalisco Nueva Generación proyecta un velo de impunidad. “¿Por qué no habría de serlo?”, dijo una persona que ha seguido su evolución por años. “Tienen impunidad institucional garantizada”. La imputación es fuerte, pero hay razones objetivas para hacerlo, que se analizarán más adelante.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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