Laura Borbolla

El miércoles de la semana pasada, ocurrieron varios hechos que la ley contempla como delitos, se dio cuenta en los medios de comunicación de una balacera en una plaza en el sur de la Ciudad de México conocida como Plaza Artz.

Si, la  misma plaza que tuvo durante su proceso de construcción una gran fuga de agua en el 2016 y después en el 2018 el derrumbe de una terraza, ambos percances suspendieron la obra esto aunado a las manifestaciones de los vecinos de las zonas residenciales de los alrededores, que se oponían a la construcción. 

Con el paso del tiempo, plaza Artz, se convirtió en un punto de reunión de personas, el centro comercial tiene un alto perfil, ya que las tiendas y restaurantes en su mayoría son de lujo y los clientes tienen alto poder adquisitivo, es en este contexto, que en una aparente reunión de trabajo entre pseudo empresarios israelíes, se da una comida de tres persona en uno de los restaurantes de la plaza.

Los hechos conocidos en el transcurso de la semana, nos dejan saber varias cosas que permiten generar un análisis de temas pendientes tanto en el tema de seguridad del lugar y de la ciudad, la capacidad de respuesta de la policía,  su desorganización, reacción y conocimiento vago de los protocolos de actuación como primer respondiente ante hechos considerados como ilícitos.

Más allá de la detención de una persona, que parece el eslabón más débil de toda la cantidad de evidencia que un hecho de esta naturaleza tiene, ya que tiene derecho a decir o no algo, incluso a mentir; es el Ministerio Público, quien debe probar el delito y responsabilidad.

Los múltiples videos dejan ver, el desaseo en cómo la policía auxiliar, teniendo una patrulla con la que se pudo generar un muro en respuesta a lo que ocurrió en el motor hall, que generó la huida de dos de los delincuentes, cuya actividad era generar esa distracción, la patrulla sale del lugar dejando el paso libre. Ese es un tema de investigación interno en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad junto con la Procuraduría General de Justicia.

Otro tema es la falta de comunicación en tiempo real entre la Procuradora, quien al conocer sólo la detención de una mujer y sin haberle tenido frente a ella, ya estaba en los medios señalando que era pasional; de haber comunicación con el titular de la policía, hubiera sabido de cómo estaba realmente la situación en el lugar, sin haber visto los videos, con más de un cómplice en el interior del restaurante y los delincuentes con las dos balaceras en el exterior.

Esos centros comerciales cuentan con cámaras, que deberían estar conectadas obligadamente con el C5 de la Ciudad, el personal de vigilancia privada debería de estar certificado en primeros auxilios y protección a personas e instalaciones, la falta de capacidades tanto de estos como de los policías, genera que cuando arriban las patrullas y ambulancias, nadie sabe  ni cómo cargar a un herido, ni cómo revisar a las personas, sus pertenencias, controlar el acceso y desalojo del lugar, etc.

No aseguraron el lugar, al interior y al exterior, de tal suerte, que la gente además de confundida, siguió entrando y saliendo, eso se demuestra de todos los videos, al parecer hubo otra balacera con el fin de crear más distracción, lo cual implica que no se realizó una actuación de arribar a un lugar con más de 6 delincuentes armados y organizados. De tal suerte que todos excepto una persona escaparon y así también se pueden, perder imágenes, testimonios, la policía a su arribo no proporcionó tranquilidad a los que en la plaza se encontraban, lo demás es historia.

Además de todo lo ya referido que es la lección in situ, existen muchas más preguntas que denotan, muchas debilidades institucionales que pueden ser ventanas de oportunidad para la 4T, los dos sujetos ultimados, tenían antecedentes penales tanto en México como en el extranjero, quizá valga la pena implementar registros y controles migratorios con alertamientos como existe en otros países respecto de personas con actividades de asesoría en seguridad como de índole delictiva, en este caso contaban,  con documentos falsos, de origen mexicano y al parecer también de algún país de Centroamérica. 

La falta de control migratorio, pudo generar que dos delincuentes internacionales operaran y actuaran como “empresarios” dando paso a la posible comisión de delitos federales que ahora la Fiscalía General de la República en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera deberán esclarecer, ya que como lo refirió el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el origen del homicidio, es lavado de dinero y vínculos con grupos delictivos organizados en México. Tener las pruebas de todo lo ya dicho, es el reto y la oportunidad de las instituciones de esta 4T, esas son cosas de forma que hacen fondo.

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