El acto se oye contundente. La Fiscalía de Guerrero pidió al Congreso local iniciar un juicio de procedencia en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, para quitarle el fuero y que la justicia pueda determinar su responsabilidad en los hechos en septiembre donde perdieron la vida seis personas y 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron. Ni una palabra más es necesaria. Después de todo, nadie se las está pidiendo. En esta hendidura, el documento que entregó la Fiscalía al Congreso es una burla a la nación y una protección institucional al político que hoy está prófugo.
La Fiscalía acusa a Abarca Velázquez de ser responsable de las muertes, a partir de las declaraciones de varios de los 22 policías municipales detenidos como consecuencia de los hechos, donde afirmaron que su jefe, el director de Seguridad Pública, Francisco Salgado, les ordenó detener a 17 normalistas que habían secuestrados autobuses de transporte público, y que más adelante, uno de los jefes de la plaza de la banda criminal “Guerreros Unidos”, identificado sólo por su apodo de El Chucky, dio la orden de asesinarlos.
La Fiscalía aún no aclara el probable móvil del asesinato, ni porqué si sólo había una orden en contra de 17 normalistas, hay otros 26 de los cuales no se tiene pista alguna. Tampoco abunda porqué la policía de Iguala respondía a las órdenes del jefe de “Guerreros Unidos”, una banda criminal cuyo jefe, según autoridades federales, es Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde. En todo caso, las evidencias apuntan a la presunta responsabilidad del edil con licencia, por lo que la Fiscalía piden le quiten el fuero para llamarlo a declarar.
Sin embargo, en medio de tanto escándalo, hay un dato alarmante. El documento que entregó la Fiscalía a la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero de la denuncia del juicio de procedencia promovida por el gobernador Ángel Heladio Aguirre, acusa a Abarca Velázquez de “homicidio por comisión”, según dijo el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, en una entrevista en el Noticiero al Instante en Radio Capital este martes.
El homicidio por comisión se refiere a las abstenciones fundamentadas en normas que ordenan hacer algo. Hay dos tipos. Por omisión propia, que puede realizar cualquier persona, quien omite la conducta a la que la norma obliga. Por ejemplo, en agosto del año pasado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó a la dueña de cuatro perros que habían matado a un niño menor de dos años de edad, porque la mujer llevaba tres denuncias previas de mordeduras de sus animales, y había hecho caso omiso de la exigencia de cuidar que no atacaran a nadie. El ministerio público acreditó el delito basándose en una comisión por omisión, y en junio pasado la sentenciaron a 11 años de prisión.
El otro tipo de homicidio se refiere a la omisión impropia, donde el autor es reprimido por la realización del tipo legal basado en la prohibición de realizar una acción positiva. Para que se cometa este tipo de delito, es necesario que quien se abstiene de actuar, tenga el deber de evitar el resultado. El ejemplo clásico es cuando una madre no alimenta a su bebé, y el menor muere. En el caso del alcalde de Iguala, la Fiscalía optó por acusarlo por este delito, con lo cual lo blindan de enfrentar imputaciones de autoría intelectual de un crimen con alevosía y ventaja, y llevar la investigación sólo hasta el secretario de Seguridad Pública.
En el caso de Abarca Velázquez, las salidas jurídicas son aún mayores. El alcalde con licencia declaró que al momento en el que se realizaban los hechos delictivos, estaba en una fiesta con su esposa –y decenas de testigos-, tras lo cual se fue a dormir. Según declaró ante los medios, se enteró de lo que sucedió en su municipio por los periódicos. Es decir, nunca le avisaron, ni dio ninguna orden, ni se enteró de nada. La pregunta si incurrió en el delito de homicidio por omisión, como alega la Fiscalía, lo tendrá que determinar un juez. Pero si no fue enterado ¿fue negligente? ¿es responsable? Pasar como un idiota que no sabía que hacían sus subordinados, en términos prácticos, es mejor que ir a la cárcel.
Tampoco podrán alegar, como en el caso de la señora y sus perros, que fue advertido de las arbitrariedades de su equipo, o que vio cómo iban a matar sus policías y no hizo nada. Al contrario. Abarca Velázquez puede probar el respaldo del gobernador Aguirre –en sus eventos públicos-, y el del ex presidente del PRD, Jesús Zambrano, que inclusive defendió que no pidiera licencia. La manera como fraseó la Fiscalía la denuncia del juicio de procedencia abre la posibilidad que la pena al alcalde que se limite de 3 o 6 meses de prisión, o de 10 a 30 salarios mínimos de multa. En el Distrito Federal podría ser una pena de hasta 11 años, que no alcanza fianza.
Es una burla ante los ojos de todos que no puede permitirse. El Congreso local decidirá este jueves el desafuero del edil, y si el procedimiento se mantiene en los términos como lo pidió el gobernador, habremos sido burlados una vez más por Aguirre, que probará con carcajadas, visto, que cuando la política se mete con el Derecho, pierde el Derecho. Esto sería inadmisible e intolerable.