El gobierno y la industria sostienen una relación intrínseca, dependen uno del otro, por lo tanto, cuando la corrupción y la impunidad se da en los espacios públicos y privados, esto se refleja en el bienestar de la población y el desarrollo del país.
Las inversiones extranjeras son esenciales para el desarrollo y la cooperación internacional, sin embargo, para que estas puedan darse, se exigen condiciones que garanticen la estabilidad y permanencia de empresas e inversionistas.
En lo que respecta a las condiciones económico sociales, hay tres principales factores que se toman en cuentan, el primero, es que haya facilidad para hacer negocios, seguido de un entorno político estable, y por último, la existencia de un Estado de Derecho.
El Estado de Derecho, se refiere a las leyes accesibles y posibles, a las que todo gobernante y gobernado está sujeto, otorgando los derechos y obligaciones establecidos, y no a las decisiones personales de quienes están en el poder.
En su sentido económico, una de sus interpretaciones se refiere a las normas y requerimientos que garanticen la protección de la propiedad y el desarrollo, en términos donde el Derecho se constituye como un instrumento de la Economía, al regular el sector de los negocios con la seguridad pública, las relaciones no mercantiles y en general, la convivencia social.
En los últimos años, nuestro país ha enfrentado situaciones que detonaron algunas crisis sociales, no obstante, el problema subyace en causas históricas, como la lucha contra la impunidad, el deterioro de la seguridad, y la corrupción.
Cuando se evidencia la falta de certeza jurídica y la ausencia de autoridad, esto alimenta la inseguridad, haciendo que el pánico se propague con mayor facilidad y genere posibles movilizaciones que culminen en violencia.
Según el estudio Risk and Return: Foreign Direct Investment and the Rule of Law, elaborado por Bingham Center, indica que la corrupción es un factor clave que afecta las inversiones extranjeras directas. https://bit.ly/2jT9Wdk
En este sentido, en México la corrupción se agrava, y lo confirma la evaluación de Transparency International, en donde señala que el país ha obtenido la peor calificación de los países miembros de la OCDE. https://bit.ly/2j3Y63K
Por otra parte, en el índice general de The World Justice Proyect, en materia de orden y seguridad, ocupamos el lugar 87 de 113 países, lo cual representa un bajo desempeño en este rubro. https://bit.ly/1cwTwCz
El desafío que se presenta, es un riesgo inminente, que exige actuar con prontitud, la situación internacional ejerce mayor presión, y de perder empresas, la crisis empeorará para las actuales y futuras generaciones. El Estado tiene una gran responsabilidad de cooperación, pero también de ejecución de las leyes correspondientes a efecto de hacer valer la justicia, la soberanía y el progreso social. Actualmente se necesita reforzar las leyes para dar certeza a las empresas, a las fuerzas judiciales y policiales, pero sobre todo requiere otorgar claridad y control en los recursos públicos. *Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n