En un plazo humanamente razonable, el gobierno federal se compromete a esclarecer los hechos y conocer la verdad del caso Ayotzinapa, fincar responsabilidades y aplicar la ley, sin importar quienes participaron o el cargo que ocupaban, destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Durante la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, indicó que el objetivo de esta instancia es muy claro: “Conocer la verdad e impartir justicia para fincar responsabilidades y hacer valer la ley”. Estará integrada por tres familiares de los estudiantes desaparecidos, tres funcionarios del gobierno federal y tres representantes de la sociedad civil. Aclaró que la comisión no partirá de cero, pero también dijo descartarán elementos falsos e incorrectos, y se corregirá lo que se hizo de manera indebida: “Contamos con información, pruebas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, puntualizó.
Vamos a esclarecer los hechos. Vamos a conocer la verdad. Esa es la orden que nos ha dado el presidente y la vamos a cumplir”, dijo ante los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Sánchez Cordero indicó que esta administración tiene la firme voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados, al tiempo que pidió a los integrantes de la comisión su más decidió esfuerzo y compromiso para dar a conocer la verdad en el más breve plazo. En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, aseguró que esta Comisión tiene como objetivo conocer la verdad y hacer justicia y destacó que no es una Comisión de la Verdad en su sentido histórico, sino un mecanismo extraordinario que surge de la transición y del nuevo modelo de gobierno que busca avanzar en la localización de los más de 30 mil desaparecidos en el país.
Partirá de una premisa: “La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa”, sostuvo.
Informó que los trabajos de la Comisión iniciarán tomando como punto de partida los informes del GIEI, de los Expertos Argentinos en Antropología Forense (EAAF), los informes de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de ONU, la recomendación de la CNDH y las averiguaciones previas recabadas por la PGR.
Encinas Rodríguez destacó que habrá interlocución política con instancias de gobierno que puedan dar información y se diseñará una política de incentivos para personas físicas que aporten información y se les reconozca como ‘colaboradores eficaces’.
Contará con recursos para operar, sesionará al menos una vez al mes o las veces que sean necesarias teniendo como sede la Secretaría de Gobernación e informará semestralmente sobre su trabajo y sus resultados se publicarán en un sitió web.
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Santiago Aguirre, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro, recordó que la Comisión que hoy se instala no pretende ni suplir ni invadir las funciones del ministerio público, pero “deberá romper los pactos de impunidad para saber qué pasó".
“Los padres y madres no exigen una verdad a modo, ni les mueve una venganza, lo que demandan es conocer la verdad”, agregó Aguirre.
Cristina Bautista, madre de Benjamin Ascencio Bautista, pidió a la Comisión poner todo para que sea pronta la verdad. “Lo que queremos es saber qué pasó con nuestros hijos”. Y llamó a la CIDH a que vuelvan los expertos y al representante de la oficina del alto comisionado Jan Jarab, a que se involucre en la investigación.
En tanto Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete, agradeció el apoyo de CIDH y ONU y destacó que paralos padres la esperanza renace y agradeció la disposición de “llegar a la verdad”.
“Han cambiado nuestras vidas, no saben cuantas veces he llegado a casa sin poder mirar a nuestras familias porque no sabía nada” destacó Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete
Sanchez Cordero recordó que el objetivo del primer decreto presidencial firmado el 3 de diciembre y publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, es coadyuvar a la satisfacción de la verdad para los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Hoy instalamos la comisión que deberá coadyuvar a revelar lo ocurrido en Iguala”, remarcó la encargada de la política interna del país.
La Comisión la integrarán en representación de los padres de los estudiantes desaparecidos Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa; Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista; Mario Cesar González Contreras, padre de Mario César González Contreras; María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández; y Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete, así como sus cuatro representantes legales. Además, se sumarán el secretario Alejandro Encinas por la secretaría de Gobernación, Marcelo Ebrard por Relaciones Exteriores, y Arturo Herrera Gutiérrez, por la de Hacienda y Crédito Público, así como los expertos profesionales y técnicos que se requieran. En en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación se realizó la instalación de la Comisión decretada por Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de diciembre de 2018, en su primer acto como presidente de México. Las familias de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, junto con representantes de Fundar, Tlachinollan y Serapaz que los acompañan, se reunieron en el Palacio de Cobián con la secretaria Olga Sánchez Cordero, el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario Alejandro Encinas. EC