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Juan Carlos Rodríguez

ReinaDesviosLa Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) es una institución joven y pequeña. Se creó hace ocho años, su matrícula apenas supera los 900 alumnos y recibe un presupuesto anual de 12.3 millones de pesos. Sólo ofrece seis carreras, carece de división de posgrado y no tiene centro de investigación.

Sin embargo, pese a la modestia de sus recursos y a que ninguna de sus carreras tiene que ver con estudio de suelos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano Territorial y Urbano (Sedatu) la consideró idónea para otorgarle, en 2016, un contrato por 97.1 millones de pesos; es decir, ocho veces su presupuesto. El trabajo nunca se realizó, según pudo confirmar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

›Este es el esquema más utilizado por las dependencias en las que ha estado al frente Rosario Robles, quien tiene el récord de ser la secretaria de Estado con más dinero sin recuperar en dos décadas. En sus tres años como secretaria de Desarrollo Social y el primer año al frente de Sedatu, acumula faltantes por 5 mil 321 millones de pesos.

Funcionarios de alto nivel de la ASF revelaron a ejecentral que hay evidencias de que se trata de un modus operandi diseñado para desviar recursos públicos. Las fuentes compartieron a este semanario dos diagramas, que muestran la red completa de vínculos y el recorrido de los recursos públicos que hasta ahora han salido desde Sedesol y Sedatu, a través de contratos a organismos locales, que después subcontratan a empresas (muchas de ellas sin domicilio) para luego desaparecer los recursos. “Existen todos los elementos para proceder penalmente, pero las demandas se diluyen en PGR, Unidad de Inteligencia Financiera, Cisen y Función Pública”, dijeron las fuentes.

La mayoría de las instancias seleccionadas por Sedesol y Sedatu para asignar contratos —sin importar que no cuenten con la capacidad humana y técnica para realizar las obras o servicios— son dependencias asentadas en estados que en su momento eran gobernadas por el PRI y dirigidas por personal vinculado a actores políticos.

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Tierra de Borge

En 2016, la Universidad Politécnica de Quintana Roo era dirigida por José Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Várguez, un priista de larga carrera (fue parte del gabinete de los gobernadores Miguel Borge, Joaquín Hendricks, Félix González y Roberto Borge), que en 2016 renunció al tricolor para pasarse a Morena y ser candidato a la gubernatura.

Actualmente, Pech Várguez es dirigente estatal del partido de Andrés Manuel López Obrador y enfrenta un férrea oposición por parte de las bases, debido a que expriistas que colaboraron con Roberto Borge —ahora preso y sujeto a proceso por los delitos peculado y desempeño irregular de la función pública— están siendo colocados en puestos clave del partido morenista.

La Sedatu, a cargo de Rosario Robles desde agosto de 2015, le otorgó a la Upqroo un millonario contrato para hacer estudios de suelo y determinar qué terrenos son factibles para desarrollo agrario y cuáles para construcción de vivienda.

José Luis Pech Galera fue entrevistado por la ASF para saber bajo qué criterios se realizó la subcontratación. El entonces rector dijo que la selección de las empresas se hizo con base en búsquedas de internet. “En la elaboración de los proyectos se tuvo que subcontratar a proveedores, se realizó un estudio de mercado para designar a los proveedores. Se realizó un análisis de mercado y se consultó información de internet”, relató.

“Todos los contratos los remitía a las áreas correspondientes, cada área tiene su responsabilidad, el área administrativa y jurídica”, agregó Pech Galera. Sin embargo, dicha declaración se contradice con lo asentado en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría del 24 y 25 de mayo de 2017, en las cuales el secretario administrativo de la Upqroo manifestó que “en este tema yo no tuve injerencia, el trámite fue realizado por parte de la rectoría, en estos casos no sesionó el Comité de Adquisiciones”. Es decir, fue una decisión unilateral y directa del entonces rector.

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Tierra de Pavlovich

“Sonora es sinónimo de hombres y mujeres que han tenido la fuerza, la capacidad y el orgullo de hacer producir el desierto, un sol que se ve reflejado en un logotipo de Telemax que nos recuerda que somos resultado de la cultura del esfuerzo, que nada se nos ha regalado”, es la frase con la que se presenta Televisora de Hermosillo en su sitio de internet.

Pero Sedatu sí les dio un regalo, un contrato por 271.8 millones de pesos que en 2016 no fue cumplido, según la Auditoría Superior de la Federación. Televisora de Hermosillo se había comprometido a realizar “servicios en materia de estrategia, creatividad, producción, planteamiento conceptual para la medición, análisis y evaluación, enfocados en materia de desarrollo social comunitario integral”.

También ofrecieron hacer una “evaluación sobre hábitos de consumo de medios y aplicación de sondeos de opinión para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la Sedatu”. Pero ni uno ni otro se entregó.

Telemax, como se denominan comercialmente, es dirigida por Daniel Hidalgo Hurtado desde 2015, año en que ganó la gubernatura la priista Claudia Pavlovich Arellano. Entre 2013 y 2015, Hurtado se desempeñó como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, por lo que fue una pieza clave en la campaña de la hoy gobernadora.

Anualmente, la televisora recibe un presupuesto de 138.3 millones de pesos, es decir, la mitad del contrato concedido por Sedatu en 2016.

De las siete empresas que subcontrató Televisora de Hermosillo, dos (Publicidad Natnit S.A. de C.V. y Agatha Líderes Especializados S.A. de C.V.) tienen el mismo apoderado legal, de acuerdo con el diagrama de la ASF, lo que revela irregularidades en la asignación de contratos. Y de todas las empresas, seis también tienen contratos con Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), organismo que ese mismo año tuvo un contrato con Sedatu por 450 millones de pesos para la realización de spots, encuestas y audios, mismo que tampoco se cumplió.

Pero la trama no para ahí: cuatro de las empresas subcontratadas por Telemax en 2016 a su vez tienen contratos con SQCS pero desde 2015, cuando la Sedatu les otorgó otro contrato sin cumplir por 356 millones de pesos.

Tierra de Olvera

La instancia más favorecida en el esquema diseñado por las secretarías de Rosario Robles Berlanga es Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), que entre 2014 y 2015 llegó a subcontratar a 47 empresas para cumplir con convenios firmados con Sedesol, que en esos dos años acumularon más de 950 millones de pesos.

El entonces director de RTH, Sergio Islas Olvera, ya fue detenido y procesado por la procuraduría hidalguense, que le comprobó operaciones indebidas por 77 millones de pesos local. Las maniobras ocurrieron en tiempos en que el gobernador era Francisco Olvera Ruiz, actual delegado del PRI para la Ciudad de México.

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MODUS OPERANDI

La Auditoría Superior de la Federación trazó los siguientes diagramas que muestran el mismo patrón para el desvío de recursos públicos en Sedesol y Sedatu.

  • LA MARCA DEL SEXENIO. Durante cinco años consecutivos, la ASF ha detectado el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749 millones 715 mil pesos de la Cuenta Pública de 2012 a 2015 y 2,130 millones 986 mil pesos de la Cuenta Pública 2016.
  • EL ABUSO DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS. Para la ASF, el desvío sistemático de recursos se deriva de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial.
  • LA COARTADA. Estos convenios se realizan al amparo de del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. Sedesol entre 2012 y 2015 y Sedatu en 2016 son las dependencias que más recurren a este esquema.
  • SIMULACIÓN. Los resultados de las auditorías forenses practicadas por la ASF a Sedesol y Sedatu señalan que en los contratos asignados al amparo del artículo 1 de la LAASSP suele prevalecer la simulación de operaciones que evidencia el desvío de recursos, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, en contraparte, las secretarías supuestamente los reciben de conformidad.
  • OPERACIONES INCIERTAS. Si bien las facturas entre Sedesol y Sedatu, y las empresas contratadas cumplen con todos los requisitos legales, en realidad avalan una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores —elegidos por los mismos servidores involucrados—, con características similares.
  • DISPERSIÓN DE RECURSOS. Las empresas contratadas emiten a Sedesol y Sedatu facturas que amparan operaciones inexistentes, que derivan en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes.
  • PROVEEDORES FICTICIOS. En muchos contratos de Sedesol y Sedatu se trata de proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT.
  • ESQUEMA FRAUDULENTO. Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar a las empresas y personas físicas designadas.
  • NI LOS VEN NI LOS OYEN. El trabajo de la ASF revela que se acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • EXHORTO. “La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), las instituciones se asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público como una de las mejores prácticas de buen gobierno”, recomienda la ASF en su informe 2016.
  • FALTAN INVESTIGACIONES. Para poder determinar qué pasó con los recursos, cuál fue su destino final y qué personas se beneficiaron, sería indispensable que la Procuraduría General de la República investigara las denuncias que ya presentó la ASF.

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