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Jair Avalos | Enviado

VERACRUZ, Ver. Cuarenta y dos funcionarios públicos y dos empresas lograron desaparecer más de 37 mil millones de pesos, provenientes de fondos federales y destinados a programas de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Así, el dinero que debía utilizarse en aulas, becas, hospitales y equipo de seguridad simplemente se esfumó.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado, hasta ahora, 52 denuncias (que suman un posible daño al erario público por casi 45 mil millones de pesos) ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el último año de administración de Fidel Herrera (2010) y los primeros tres de Javier Duarte en Veracruz (2011-2013). Es decir, aún faltan las denuncias de los últimos dos años fiscales, por lo que el monto se incrementará en los próximos meses.

›En las primeras 45 querellas, de las que ejecentral tiene copia, suman 37 mil 237 millones 892 mil 412 pesos del monto total del presunto daño causado, y en ellas se señala, con nombre y apellido, a los personajes que la ASF ubica como responsables del desfalco a las finanzas públicas.

De esa lista, 12 son funcionarios veracruzanos muy cercanos al grupo político de Fidel Herrera y al de Duarte, y con cargos de primera línea; el resto son servidores públicos de menor perfil, pero ubicados en áreas clave, desde donde era posible articular el desvío de los fondos presupuestales.

Entre el 16 de febrero de 2012 y el 14 de junio de 2016, el órgano auditor presentó las primeras denuncias penales por la malversación de 16 fondos federales. Es decir, desde último año del gobierno de Felipe Calderón y hasta la fecha, la PGR acumuló pruebas contra la administración de ambos exgobernadores, sin que haya procedido penalmente en su contra hasta mediados de 2015, cuando las investigaciones avanzaron hasta obtener, casi un año después, en 2016, la primera orden de aprehensión en contra de Duarte y una decena de sus colaboradores.

Seguro Popular, la caja chica

Lo que en un principio fue un programa para la ampliación de cobertura médica, se convirtió en un bono para el gobierno de Veracruz. Los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa tenían como objetivo “impulsar la atención a la salud” de los derechohabientes del Seguro Popular, como consta en el acuerdo firmado en 2011.

CON-REDES

En 11 denuncias federales se acusa del desvío de cuatro mil 874 millones 497 mil 634 pesos con 28 centavos que hubieran permitido concluir los 12 hospitales y los 97 centros de salud que quedaron pendientes de la administración de Javier Duarte. Además del pago de 80 millones de pesos a los distribuidores de farmacéuticos que durante los últimos cuatro meses del 2016 negaron la venta de medicinas al estado, por lo adeudos que existían, lo que provocó escasez para los pacientes.

Cada hospital debía atender a casi 50 mil ciudadanos de las diferentes regiones del estado. En cambio, estos lugares permanecen en obra negra o son concluidos por la nueva administración, como sucede con la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz.

A este caso se suman las tres denuncias por la desviación de dos mil 83 millones 20 mil 194 pesos, del Fondo Federal del Sistema de Protección Social a la Salud (Seguro Popular) que dejaron sin atención a casi cuatro millones 300 mil veracruzanos inscritos en el servicio con padecimientos como diabetes, males cardiacos y cáncer.

Las denuncias involucran a 16 exfuncionarios, desde el exdirector del Régimen Estatal de Atención a la Salud (Seguro Popular), Leonel Bustos, directivos de segundo nivel; el exsecretario de Salud, Pablo Anaya Rivera; así como al excontralor Mauricio Audirac, el extesorero del estado Tarek Abdalá, ahora diputado federal, y el exsubsecretario de Finanzas y extesorero, Carlos Aguirre Morales.

Existen otras seis denuncias ante PGR por el desvío de 748 millones 184 mil 161 pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que involucra a Juan Antonio Nemi Dib, segundo titular de Salud de Duarte; Ricardo Sandoval Aguilar, director de Servicios de Salud; así como Manuel Lila de Arce (titular de Salud con Fidel Herrera) y Rafael Méndez y Carlos González Cruz, que fueron apoderados de las cuentas del sector salud.

Daño a toda la educación

Simular fue el oficio de la pasada administración. Los recursos federales llegaban al estado y desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se hacía creer que los recursos sí llegaban a su destino.

“Lo que se hacía es que se abrían cuentas y se cambiaban de titular conforme a los cambios del gobierno (…) incluso, ese dinero no llegaba a las secretarías”, mencionó una fuente cercana al caso que pidió el anonimato.

Un ejemplo de ello es el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que en sólo dos denuncias federales se tienen documentado un desfalco por dos mil 489 millones 669 mil 375 pesos, que debían ser utilizados para la infraestructura educativa y social por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Estatal de Educación.

SELLO 63   4

EXTRAVÍO DE  RECURSOS. En 11 denuncias federales se acusa del desvío de más de cuatro mil millones de pesos con los que se hubiera concluido la construcción de 12  nosocomios y 97 centros de salud que quedaron pendientes de la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

Los análisis de la aplicación de este fondo en los años 2012, 2013 y 2014 coinciden en que por la manera de aplicar el recurso, en Veracruz “podemos decir que se identificó evidencia documental en donde se especifican con poca claridad los criterios de identificación de la población atendida”, establece la auditoría.

Los recursos para la Universidad Veracruzana también se quedaron en el camino. Una denuncia el 27 de octubre de 2017 pugna por 122 millones 251 mil 423 pesos y 37 centavos que pertenecen al adeudo de 327.4 millones de pesos que mantuvo el gobierno de Duarte con la casa de estudios y que sigue vigente.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para Veracruz, sólo en cuatro denuncias se acumularon más de tres mil 491 millones de pesos, que debían ser utilizados para el pago de nómina y presupuesto operativo en escuelas federales. El desvío de recursos provocó el retraso de pagos de bonos, Impuesto Sobre la Renta y pagos de créditos magisteriales que afectaron al “80 por ciento de los agremiados” de una plantilla de casi 65 mil profesores federales.

En la evaluación a la aplicación de dicho recurso se menciona que no existe en el estado una base de datos clara para “identificar el mecanismo que se utiliza para la cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, para los dos tipos de beneficiarios: maestros y alumnos”.

El desarrollo de la educación tecnológica y la alfabetización para adultos se quedó sin 20 millones 950 mil pesos del Fondo de Aportaciones Federales. También el dinero para los Colegios de Bachilleres, que no ha resuelto un millón 756 mil pesos. Así como el Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias (Pasevic), al que no le fueron invertidos tres millones 630 mil 605 pesos.

Rafael Cuenca, director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD); Antonio Ocaña Razón, subdirector administrativo del IVD y María de Lourdes Aguilar Estebez, jefa de Recursos Materiales no han podido demostrar el ejercicio de dos millones 560 mil 566 pesos del programa S205 Deporte, que en Veracruz tuvo “carencia de normativa” según la ASF.

El pasado gobierno también creó proyectos para obtener dinero federal, como el Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales que desvió 27 millones 466 mil 511 pesos que ni siquiera llegaron a la dependencia, se quedaron en Sefiplan.

Pobreza y seguridad, la debacle

En la gran parte de las denuncias establecen que el dinero no fue ejercido en las dependencias. La mayor parte de los recursos quedaron entre la Tesorería estatal y la Subsecretaría de Egresos.

Por el caso de los fondos y subsidios federales entregados a la Seguridad Pública estatal y de municipios, pero que fueron desviados, de acuerdo a la ASF, aparecen señalados los extitulares de Seguridad Pública Sergio López (2010-2011) y Arturo Bermúdez Zurita (2011-2016).

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados perdió 604 millones 229 mil 108 pesos.

Algo similar sucedió con el Subsidio para la Seguridad de Municipios y Demarcaciones Territoriales, en el que no comprobaron el gasto de 140 millones 499 mil pesos.Los escenarios se repiten con los tres últimos fondos para la Infraestructura Estatal, la Municipal y el Ramo 33 para el combate al rezago.

Cada uno perdió mil 155 millones 864 mil pesos, cuatro millones 354 mil 901 pesos y dos mil 80 millones 495 mil pesos para la inversión en caminos, obra pública en escuelas, dependencias o centros de convivencia.

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