Jair Avalos
En el sexenio de Javier Duarte los niños enfermos de cáncer quedaron desamparados. No sólo hubo tratamiento de quimioterapias falsos, sino que las medicinas nunca llegaron a donde se necesitaban. La red de corrupción que cobijó el duartismo desfalcó en cuestión de semanas los programas de salud del Seguro Popular. En menos de dos meses se retiraron dos mil 300 millones de pesos para atender a las familias pobres de Veracruz.
Estas operaciones fraudulentas le costaron la vida a 30 niños con cáncer porque no contaron con las medicinas para su tratamiento.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso ejecentral, la Fiscalía de Veracruz investiga los desvíos y las muertes de los menores y sus pesquisas involucran a varios exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Javier Duarte.
Se trató de una operación bien diseñada, en la que colaboradores de Duarte, cuyos nombres aún no identifica la Fiscalía, falsificaron firmas y documentos oficiales, incluyendo un decreto, para desviar los recursos en tan solo unos días.
La madrugada del viernes 20 de enero, la Fiscalía General de Veracruz detuvo al extitular del programa de salud, Leonel Bustos Solís, acusado del desvío de más de dos mil 300 millones de pesos de partidas federales, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
Cuatro días después, el martes 24 de enero, Bustos Solís fue vinculado a proceso. Sin embargo, seis días más tarde el exfuncionario fue liberado del Centro de Readaptación Social (Cereso) Pacho Viejo, por inconsistencias en el expediente.
Diputado federal involucrado
Leonel Bustos Solís ingresó al programa del Seguro Popular desde 2009 y lo abandonó a principios de 2015. Es decir, fue un servidor público que emigró de la administración de Fidel Herrera a la de Javier Duarte. Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, el Régimen de Protección a la Salud que encabezaba entonces Bustos Solís hizo 23 transferencias de recursos federales que ya habían sido depositados en las cuentas del Seguro Popular.
El 28 de noviembre de 2014 se hicieron 11 depósitos más por la cantidad de mil 200 millones.
Para el 10 de diciembre de 2014, se hicieron 10 transferencias que en suma reunieron 675 millones de pesos. Finalmente, el 16 de diciembre de ese mismo año se depositaron 55 millones y 195 millones a las cuentas de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Javier Duarte.
La Fiscalía presentó en el caso contra el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos, y el exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, una serie de memorándums en los que se ordenaba el reintegro de dinero al área de Finanzas, que en total suman los dos mil 300 millones de pesos.
El análisis de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía, firmado por Esmeralda Aguilar Parra, en las fojas 902 a 911 del expediente, dictaminó que las supuestas firmas de Bustos Solís “no corresponden al mismo origen gráfico”. Este dictámen grafoscópico está fechado el 5 de noviembre de 2016.
La defensa de Bustos, encabezada por los hermanos Juan Carlos y Felipe Rayo Mares, demostraron así que las firmas no correspondían, que los testimonios que señalaban a su cliente fueron dirigidos y que hasta una Gaceta Oficial del Estado fue falsificada y que en ello el exfuncionario no estaba involucrado.
Dentro de las investigaciones destaca el nombre de un personaje que poco ha aparecido públicamente en las acusaciones, se trata de Jorge Alberto Shadid Manzur, exdirector administrativo del Régimen de Salud, y según el artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Veracruz, era el único facultado para manejar todo el dinero. Shadid Manzur fue el que entregó a la Fiscalía una Gaceta Oficial del estado, con número 336 y fechada el 22 de agosto de 2014, como una prueba de descargo a su favor. En esa publicación, él delegaba responsabilidades administrativas; sin embargo, él comenzó a laborar oficialmente hasta el 10 de octubre de ese año, es decir, 49 días después, por lo que la prueba fue desechada por falsa y el ahora exfuncionario es uno de los principales sospechosos del desvío de los recursos.
Juan Carlos Rayo Mares, exabogado de los asesinos del hijo del empresario Fernando Martí, presentó pruebas de descargo a favor del doctor Bustos, donde demuestra que su defendido ni siquiera se encontraba en la entidad el 28 de noviembre de 2014.
La carpeta de investigación 243/2016 señala que también van en contra de Mauricio Audirac, quinto secretario de Finanzas de Javier Duarte y en contra del ahora diputado federal Tarek Abdalá, quien en ese momento era Tesorero del gobierno.
Tan sólo en la Cuenta Pública de 2014, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) señaló que el gobierno de Veracruz no había aplicado los recursos del Seguro Popular por mil 472 millones 57 mil 355.55 pesos que “aportó la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal” para el Régimen de Servicios de Salud de Veracruz.
Daños colaterales
Mientras las investigaciones siguen, documentos en poder de ejecentral demuestran que 30 niños de la región sur de Veracruz fallecieron por un tratamiento irregular por la falta de medicamentos en los centros hospitalarios.
En Coatzacoalcos, ciudad natal de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, la asociación Ayúdalos a tener una esperanza de vida A.C. fundó un albergue para niños con cáncer, que atiende al año un promedio de 100 infantes de 31 municipios sureños.
“Los niños llegan para ser atendidos por el Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. La situación aquí es que no hay abasto de medicamentos, acá ni medicinas falsas llegan”, dijo Sara de Márquez, directora del albergue.
Archivos de la fundación revelan que 30 menores de edad fallecieron por un mal tratamiento oncológico. Sin medicinas y con escasos recursos, la lucha contra el cáncer se volvió en su caso un calvario.
La fundación ofrece techo, comida, apoyo psicológico, económico y en especie a las familias que llegan para tratar de curar a sus pequeños.
›De 2010 a 2016, el problema con los medicamentos se incrementó en la región. Los menores iniciaban sus tratamientos, pero al cumplir la mitad de las quimioterapias que marca el procedimiento médico, que son 120 durante tres años, los medicamentos ya no estaban disponibles.
“Veíamos un patrón. Se iniciaba con el tratamiento, los cuerpos de los niños lo asimilan, pero llega el momento en que a los padres se les decía que ya no había medicinas. Nosotros tuvimos que comenzar a comprar medicinas por la vía privada”, reconoció Sara de Márquez.
La fundación consigue con empresarios o en hospitales privados medicamentos para las quimioterapias, análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas y cada mes entrega a los padres de familia una despensa para apoyarlos.
Cerca de 80% de los casos registrados de fallecimientos por Casa de Amor son de leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea y produce linfocitos inmaduros (tipo de glóbulo blanco). Además, daña los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Otros menores fallecieron por sarcoma (tumor maligno que daña tejidos y venas), enfermedad de Hodgkin (tipo de cáncer linfático) y algunos más por padecimientos en los huesos.
“Nosotros hacemos todo lo posible para que ellos sobrevivan. El médico oncopediatra del Hospital General de Coatzacoalcos también lucha para que los niños no mueran. Pero no se puede hacer más si no hay cómo combatir la enfermedad”, lamentó la directora de Casa de Amor.
Se consultó a la dirección del Hospital Regional de Coatzacoalcos “Valentín Gómez Farías”, acerca de la cantidad de casos atendidos, la lista de medicamentos oncológicos infantiles y los proveedores, así como el número de decesos de menores enfermos de cáncer.
El director del HRC, Roberto Ramos Alor, respondió mediante su asistente Jorge Toledo: primero, que entregaría la información, pero unas horas después cambió de opinión y dijo que “eso lo veía directamente el secretario de Salud, Iván Suárez, en Xalapa”.
La punta del iceberg
“Esto es sólo la punta del iceberg”, dice Juan Antonio Nemi Dib, quien como secretario de Salud entre marzo de 2013 a octubre de 2014 interpuso 188 denuncias penales y 71 administrativas en contra de 400 funcionarios de esa dependencia por presuntos actos de corrupción de distinto tipo.
ejecentral tuvo acceso a la relación de las denuncias de Nemi Dib, aunque el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler las desconoció, el exfuncionario probó el folio de las denuncias y la relación por región sanitaria.
“Al entrar Fernando Benítez Obeso – último secretario de salud- se desistieron de esas denuncias. Él (Benítez Obeso) y Ricardo Sandoval iniciaron una campaña negra en mi contra. Incluso, dejé en caja tres mil 311 millones de pesos de cuentas de la Sesver”, menciona el exfuncionario.
Se trata de expedientes que fueron enviados al archivo y en otros casos de- saparecieron, no obstante existen copias que siguen siendo utilizadas por el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes, para perseguir a sus antecesores: Fidel Herrera y Javier Duarte.
Se trató de contactar al exsecretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, por la vía telefónica y mediante WhatsApp para obtener una respuesta sobre estas acusaciones. Sin embargo el funcionario no respondió. Para demostrar los delitos y vincular los desvíos de recursos con la muerte de 30 niños -reconocieron fuentes consultadas- será un camino complejo, pero no imposible.
La relación entre compras y disponibilidad permitirá comprobar que existían los recursos suficientes para garantizar los tratamientos completos de los menores, aunque al no ejercer el recurso, se violó el derecho a la salud y condujo al fallecimiento de los pacientes.
Es posible, coincidieron, que en algún momento, los exfuncionarios puedan ser acusados de homicidio.
Atención se concentra en Xalapa y Coarzacoalcos
Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en 2016 Coatzacoalcos ocupaba el segundo lugar de casos de niños con cáncer sólo por debajo de la ciudad de Xalapa, donde se encuentra el Centro de Cancerología “Miguel Dorantes Meza”.
De 2008 a 2016, en Coatzacoalcos había 143 niños enfermos: 85 con leucemia y 58 con tumores sólidos.
Xalapa contaba con 220 casos: 98 de leucemia y 122 de tumores sólidos.
El Centro Estatal de Cancerología de Xalapa atendió 264 casos leucemia y 313 casos de tumores. En segundo lugar, el Hospital Regional de Río Blanco (zona montañosa) que atendió 130 casos de leucemia y 71 de tumores sólidos.
El Hospital Regional del Puerto de Veracruz con 121 casos de leucemia y 125 con tumores.
El Hospital Regional de Poza Rica otorgó 57 tratamientos a niños enfermos de leucemia y el Hospital Regional de Coatzacoalcos atendió 51 niños leucémicos, además de 19 intervenciones contra tumores para 31 municipios entre la zona sur y la región de los Tuxtlas.