Maria Idalia Gomez

El 2 de septiembre en un ataque directo, ocurrido en una de las terminales de autobuses de Cuernavaca, fue asesinado Gabriel León Villa, apodado El Gaby, presunto líder del grupo delictivo Gente Nueva, que opera en Guerrero, la capital de Morelos y en la Ciudad de México. Pensar en una confrontación entre grupos rivales sería lo habitual, pero hay una hipótesis que involucra en su homicidio a Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil —uno de los presuntos líderes de Guerreros Unidos— que salió de prisión tres días antes.

Esta idea que se han planteado las autoridades parte de que León Villa en su declaración dio muchos detalles sobre el grupo de Guerreros Unidos e identificó a López Astudillo como quien ordenó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De confirmarse, la venganza por una traición confirmaría las acusaciones contra ambos y su posible participación en la desaparición de los estudiantes.

El 14 de enero de 2016, El Gaby declaró que fue contratado como “halcón” para Guerreros Unidos por siete mil pesos mensuales. Conocía la operación y dio los detalles, también nombres y alias, desde policías municipales, responsables de Protección Civil y hasta de personas en prisión que resultaron ciertas, y las fotografías que identificó, también. 

“… el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, cuando desaparecieron los estudiantes, no estaba en Iguala, pero recuerdo, que en esa fecha siendo aproximadamente las veinte horas, escuché por el radio de comunicación que Gildardo López Astudillo alias el Gil se comunicó con Víctor Hugo Palacios alias El Tilo para decirle que estaban entrando Los Rojos a Iguala; refiriéndose a los normalistas de Ayotzinapa, dando la orden de desaparecerlos,  en ese instante cambiaron la frecuencia del radio. De igual forma se comentó dentro de la organización de Guerreros Unidos, que El Gil dio la orden de desaparecer a los normalistas; quiero señalar que El Gil era jefe de plaza del municipio de Cocula, y dentro de los sicarios que lo apoyaban era Felipe Rodríguez Salgado alias El Cepillo”, explicó León Villa.

El Gaby fue liberado un año después, en 2017, al igual que casi una decena más en ese año. Este es el punto más interesante, era el momento en que la oficina especial para el caso Iguala, el Ministerio Público adscrito al caso y al mismo procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, debieron encender todas las alertas.

Si bien se articuló toda la estrategia desde las organizaciones de la sociedad civil para poner en evidencia la mala integración de expedientes y la tortura a un grupo de detenidos, lo que abrió la puerta hasta ahora a la tercera parte de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos directa o indirectamente relacionados con la desaparición de los normalistas; no ocurrió lo mismo desde el lado de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

Aquí está el epicentro. La oficina para el caso Iguala de PGR tuvo más de 60 funcionarios, algunos peritos prestados y un grupo de la Gendarmería a su disposición, y desde 2017 que se dieron las primeras alertas no aportó nuevos testimonios que consolidaran el caso, ni fortaleció las pruebas existentes, ni se coordinó con otras áreas y, lo más importante, no diseñó un litigio estratégico.

La resolución que liberó el pasado 30 de agosto a López Astudillo eso deja en claro. El juez no consideró valiosas las últimas pruebas que ofrecieron los investigadores porque estaban incompletas, a pesar de que eran muy importantes.

Por ejemplo, se entregaron todos los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a México y que muestran cómo el grupo de Guerreros Unidos es poderoso y letal, y que el día de la desaparición de los normalistas tomó el control de Iguala y en una operación criminal desvió la atención de lo ocurrido, como lo reveló ejecentral.

Desde la PGR sólo entregaron material explicativo de contexto, pero no testimonios que robustecieran la movilización de los transportistas, por ejemplo, o la identificación de los números telefónicos de los integrantes de la organización y cómo se desplazaron; ni siquiera la corroboración de los personajes que, en su mayoría, aparecen con sus alias.

Cuando se creó esa oficina se ordenó que no sólo investigara, sino que defendiera los casos en tribunales, para que fuera integral y estratégico. Incluso desde allí se solicitó la acumulación de los cuatro expedientes para que no se viera de forma aislada, algo que judicialmente se rechazó argumentando una carga excesiva de trabajo, sólo se permitió llevarlos a un solo juzgado. Pero en 2018, Ayotzinapa prácticamente se dejó perder. 

Compartir