En un solo aspecto se puede estar de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que han sido muchas las veces que el Estado mexicano ha optado por la falta de transparencia y por la impunidad. El problema es que los integrantes del GIEI para validarlo mienten, sueltan datos sin fuentes y más bien para crear una nube de confusión en el caso Ayotzinapa, se victimizan (como desde el principio) y son ellos los que abonaron en mucho a la falta de transparencia.
Adicionalmente recurrieron a las mismas tácticas que desde su llegada implementaron y que les ha funcionado para tratar de tener impacto entre las personas que realmente no conocen el expediente (pero de todas formas escriben de ello) y la población en general: lanzar frases espectaculares, repetir decenas de cosas que ya han dicho pero que las hacen parecer como novedosas, y en las conferencias prácticamente sólo le dan el micrófono a militantes y simpatizantes, a periodistas críticos no (aunque hablan de libertad de expresión).
Es una desgracia, pero así es. Si realmente el GIEI hubiera cumplido su papel, sin agenda ni intereses ni venganzas, habrían sido pieza clave en la resolución del caso. Sería bueno que antes de irse aclararan cosas muy importantes y otras interesantes.
Las importantes: ¿Entregaron a las autoridades toda la información que dicen haber recabado a lo largo de estos años?, pero hablamos de los insumos que recabaron, documentos, videos de entrevistas, etc., y no sus informes, porque esos no son pruebas.
Porque algo que poco se ha dicho es que en el expediente hay oficios de fiscales solicitando los documentos o datos que dijeron en sus conferencias, generalmente como revelaciones, y no las entregaron; lo mismo le pasó a la CNDH, también se los pidieron y tampoco se los dieron. Y como desde que tomó el caso el exfiscal Omar Gómez Trejo extrañamente cerró la transparencia y no permitió acceso al expediente que se declaró como público desde 2015 (y operó filtraciones selectivas que le beneficiaban), es imposible saber qué entregaron o no.
Otra pregunta importante, ¿las autoridades de la Fiscalía General de la República tienen la certeza, especialmente el fiscal Rosendo Gómez Piedra, que los del GIEI no se están llevando documentos de las distintas instituciones y de la carpeta que después filtrarán?
Otra pregunta interesante, ¿los recursos que les pagó el gobierno de México para sus viajes, alimentos y estancia, así como salario (que más o menos alcanzaba los 200 mil pesos mensuales) están bien acreditados?; como por ejemplo justificar que de hospedarse al principio en el hotel María Cristina, que costaba menos de dos mil pesos, para después hospedarse en el Sofitel México City Reforma, donde la habitación su precio es dos veces más, todo pagado.
Sobre las supuestas nuevas pruebas que los del GIEI dijeron tener en este último informe, hay mucho que desmenuzar. Por ejemplo, un punto central es que sugieren que elementos del Cisen, Marina (de quienes no establecen si son del área de inteligencia o de las bases de operaciones), Ejército y Policía actúan solos, sin jefes y que ellos ocultaron y por tanto colaboraron en la desaparición de los normalistas, entonces si esto fuera así habrían cometido el mismo delito por el que está acusado el exprocurador Jesús Murillo Karam; siguiendo esa lógica, entonces tendrían que acusar a los directores del Cisen y a los jefes de las Fuerzas Armadas y de la policía federal, ¿por qué después de nueve años que han tenido acceso a todo el expediente y diligencias, no lo han sugerido, pedido o exigido?
En realidad, tal parece que confunden el trabajo de inteligencia con la complicidad, al menos en este caso, y lo hacen para sembrar dudas.
Un elemento más: los del GIEI en un principio, de acuerdo a sus dos primeros informes, desacreditaron varios de los seguimientos a telefonía que se hicieron en su momento contra los grupos criminales y funcionarios; ahora resulta que son su revelación, sólo que no especifican de dónde las sacaron y tal parece que son las mismas que ya estaban, y de las cuales, por cierto, las validan sin soporte pericial. Lo dicho, el GIEI funcionó como un arma perfecta, sólo falta saber por qué, para qué y de quién.