Hablar del caso Iguala es indispensable porque hay registro histórico, ante la ceguera del gobierno morenista que quedó entrampado en las venganzas e intereses de grupos (nacionales e internacionales) y sus agendas, las cuales no parecen responder al bien común, del país, sino a objetivos poco claros… aún. El equipo que designó el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la desaparición de los 43 normalistas y todas las personas más, le falló, así de simple y así de claro. La historia pronto los exhibirá y el morenista en su ceguera se dará cuenta tarde.
Las oficinas de gobierno vinculadas al caso y en general a las desapariciones fueron infiltradas por las organizaciones que aseguran que, gracias a ellas (no al empuje del gobierno lopezobradorista), se está haciendo, ahora sí, justicia, dicen. Pero también, con los cambios, fue la oportunidad perfecta para funcionarios que permanecieron agazapados por mucho tiempo, y cuando pudieron saltar lo hicieron para conseguir poder. Esto ha ocurrido en la Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía General de la República y en la CEAV.
Hace poco, Daniela Aguirre Luna, quien antes de formar parte de la CEAV colaboraba con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, tomó la palabra en una audiencia ante el juez Juan José Hernández Leyva, y a aunque es funcionaria y su misión sólo era asesorar a una de las posibles víctimas (Felipe Rodríguez, señalado por testigos de ser líder del Cártel Guerreros Unidos) se tomó la licencia de asegurar que “qué habría pasado” con el caso Ayotzinapa si no hubiera tenido la asesoría jurídica y citó en ello a los directores del Centro Pro, Santiago Aguirre o de Mario Patrón. Pareciera que no importan los esfuerzos de nadie más, ni del presidente López Obrador ni de alguna otra persona. Por cierto, la misma funcionaria aseguró, en varias ocasiones y de varias formas, que en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas hubo una acción generalizada de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
Otro ejemplo, en las acusaciones hablan, precisamente, de una acción sistemática y generalizada de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades federales que investigaban, para probarlo están los videos en los que aparece Felipe Rodríguez, siendo torturado. Lo interesante de ese video es que hay funcionarios de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), entonces si fue una acción de Estado, ¿por qué las acusaciones selectivas? ¿Por qué no están incluidos en las acusaciones el entonces director del Cisen, Eugenio Imaz, o su jefe el exsecretario de Gobernación, el extitular de la Seido, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez? ¿los mandos de los militares y marinos que participaron en las torturas? Y otros jefes que debieron enterarse, porque eran sus instalaciones en donde se cometió la presunta tortura o sus agentes los que presuntamente se cometieron.
¡Y cuidado!, porque lo que ocurre ahora en Guerrero no está desligado de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Su caso puso en evidencia el control criminal que tenían de funcionarios, instituciones, el control social que ejercían (generalmente con terror) y hasta la infiltración de la normal de los grupos sociales.
Ahora, nueve años después, creció ese control de las comunidades y pobladores, a tal grado que obligaron a sentar al gobierno a negociar con los líderes criminales. Aumentaron su control del territorio y sus operaciones, los secuestros, desapariciones y asesinatos siguen creciendo. Y la sorpresa es que son los mismos grupos que ni el gobierno de Enrique Peña ni de López Obrador ha logrado frenar y disminuir: Guerreros Unidos, Los Rojos y demás siguen allí, los mismos que participaron en la desaparición de los estudiantes. Y ahora sus líderes son los testigos protegidos que no han sido recusados, quizá habría que preguntarse si eso no ha favorecido su poder.
En las marañas de los grupos de interés está quedando atrapado el último colaborador que le queda al Presidente como salvación para tratar de evitar el estrepitoso fracaso del caso Ayotzinapa, y es Rosendo Gómez Piedra.