El terremoto y el huracán Katia, dos fenómenos potencialmente catastróficos que ocurrieron prácticamente de forma paralela en el país, pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes fueron rebasados, nuevamente, por los ciudadanos. Esta primera derrota institucional es muy preocupante, porque la magnitud de los daños, aunque muy graves, no fueron tan extensos geográficamente como podrían haber sido. Es decir, los daños se concentran en 112 municipios, en los que aún la ayuda oficial no llega después de varios días, y a los que sí llegó la sociedad civil organizada. Las razones son varias, la más preocupante, la falta de prevención y planeación por parte del gobierno federal, que en casos como estos se convierte en el coordinador de todos los esfuerzos institucionales. La Agenda de Riesgos de Seguridad Nacional coloca a estos fenómenos entre las principales amenazas para la estabilidad y desarrollo del país, porque podrían provocar un daño de alto impacto social y económico. Por eso, hasta hace 15 años importaba demasiado en las estrategias de planeación. Había protocolos, muy precisos y actualizados, sobre cómo se generaría la coordinación, los responsables, los tramos de responsabilidad de cada nivel de gobierno y de cada dependencia, y las medidas extraordinarias que se adoptarían, en la movilización de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de emergencia y los de seguridad. Para poder cumplir con esto, se definieron escenarios en el país. Cada gobierno estatal debía presentar su atlas de riesgos y los escenarios que podrían presentarse, para establecer en cada caso cómo se atendería la emergencia. Es así que, en la Ciudad de México, por ejemplo, se estableció que podría enfrentar inundaciones y terremotos. En el primer caso, el lugar más susceptible y que generaría graves daños y podría incomunicar a la capital por varios días sería la zona del Aeropuerto de la Ciudad de México. En el caso de un terremoto se estableció que por lo menos 130 edificios podrían colapsar y un centenar más presentar afectaciones graves, lo que obligaba a las autoridades a contar con el equipo suficiente y el personal entrenado para atender la emergencia. En este momento, la capacidad real que se tiene permitiría atender solamente siete edificios colapsados al mismo tiempo, y dependiendo de la gravedad y el tamaño de estos, por parte de Bomberos, ERUM y Cruz Roja que, en conjunto, cuentan con poco más de 300 elementos entrenados. Hasta el año pasado, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones del gobierno de la Ciudad, había identificado 51 edificios considerados de alto riesgo, en los que puede presentarse un colapso parcial o total, y de ellos 95% son edificios de viviendas, y el resto son escuelas. Todos aún habitados o funcionando. Los lugares que sufrirían mayores daños se ubican en zonas lacustres, por su suelo arcilloso y éstos se ubican en las delegaciones Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, en esta última, por ejemplo, dada las condiciones del suelo las ondas de un sismo podrían presentar un factor de amplificación, de acuerdo a los expertos, de 500 veces, lo que se traduce en que la violencia del movimiento en ese lugar, respecto a otro fuera del Valle de México, sería 500 veces más violento para ciertos periodos de oscilación. A esto hay que sumarle que la red hospitalaria federal y de la ciudad, que podría ofrecer servicios a los heridos, tampoco tendría la capacidad, porque está saturada de forma cotidiana. Los expertos plantean que el sismo que provenga del estado de Guerrero, especialmente el segmento que abarca desde Acapulco a Papanoa, donde hace 104 años no ocurre un sismo superior a los 7 grados, por lo que deberá ocurrir alguno y su impacto sería de enormes magnitudes. En ese caso, siendo el origen esta franja, serían por lo menos cuatro estados los que sufrirían daños severos, además de la Ciudad de México: Guerrero, Morelos, Puebla y el estado de México. El terremoto del jueves pasado sólo fue una prueba. Dejó ver una respuesta pronta de supervisión en la Ciudad de México y muy tardía en la atención en Oaxaca, Chipas y Tabasco, y en Veracruz por el caso del huracán. Desde hace 10 años, por lo menos, se dejó planificar, generar escenarios, sostener reuniones con el grupo de coordinación con estados y municipios, y alimentar el atlas de riesgos del país, e invertir en equipo y entrenamiento para los cuerpos de emergencia. Todos estos factores confirman que la prueba no ha sido superada.
Emergencia a prueba
