Poco a poco y moviéndose entre los recovecos que la ley permite, en los últimos meses desde la Procuraduría General de la República (PGR) se han ido generando las condiciones para que los juicios contra los exgobernadores o sus expedientes que aún se mantienen bajo “investigación” puedan diluirse y, junto con el litigio de sus abogados, obtengan condenas absolutorias, penas muy menores o de plano sean archivados.
Esto ha ocurrido en todos los casos importantes: en el de Sonora con Guillermo Padrés (lo que ya generó las protestas de la gobernadora Claudia Pavlovich); en el de Chihuahua de César Duarte; Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, y hasta en el caso del veracruzano Javier Duarte, aunque es más complejo porque las autoridades estatales continúan investigándolo para acusarle de más delitos y, especialmente, arrebatarle los bienes que le encuentren.
En todos los casos, la PGR podría ampliar las investigaciones en contra de los exfuncionarios, para fincarles nuevos delitos, pero en ninguno de los expedientes que se tienen se ha avanzado en todo el primer semestre de este año.
Al interior de la PGR, en algunos sectores, se ha generado un ambiente de descontento, porque prácticamente se están dando las condiciones para que pierdan estos casos. Dejaron de ser prioritarios.
No hay una orden directa desde la oficina del procurador ni desde las subprocuradurías, pero los expedientes se entregan a personal sin experiencia o a quienes no se les dota de los recursos para una defensa bien preparada y estratégica, por ejemplo. También se revisan de última hora los recursos que se ofrecen en juzgados y tribunales o no se atiende la búsqueda de pruebas y reforzar los testimonios que ya se tienen.
Un caso puede dejarse perder sin necesidad de violar la ley, ya sea por un escaso litigio para impedir que se otorguen amparos o sentencias reducidas, integrar pruebas débiles que con un poco de paciencia se caerán gracias a la defensa de los exfuncionarios, conclusiones o argumentos poco sólidos, y aparentar que se investiga sin que en realidad se agoten todas las hipótesis ni se persigan todas las pruebas.
El caso que podrá probarse es el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y que, si bien las autoridades locales continúan las pesquisas en su contra y eso le hará más complejo y tardado liberarse, lo cierto es que la Fiscalía General de Chihuahua depende de las investigaciones de la PGR, y especialmente para lograr su extradición a México.
En su caso, por ejemplo, existen dos expediente clave en la PGR que desde finales de 2016 no registran diligencias de relevancia para continuar integrándolos. Uno de ellos es por los delitos fiscales, bancarios y de lavado de dinero, en el que se determinó desde 2017 el no judicializar el caso y archivarlo. El otro expediente es el que lo vincula a la desaparición forzada de personas en Chihuahua y con el narcotráfico, este caso también se archivó con el pretexto de que nadie ratificó la denuncia.
El primer caso, el expediente consideraba un blanqueo de recursos por parte del exgobernador, su familia y excolaboradores que alcanzaba los 202 millones de pesos y otro más por 80 millones de pesos. El argumento central en ambas pesquisas fue que el dictamen contable no permitía establecer alguna responsabilidad, aunque no se hizo ninguna otra diligencia, de acuerdo con el expediente.
En el caso de la desaparición forzada y narcotráfico, las familias que lo señalaron en una denuncia aseguran que entre 2010 y 2011 ocurrieron los ataques en diferentes poblados como Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Temósachi, Namiquipa, Coronado y Guerrero. La mecánica fue similar, los empresarios eran secuestrados para obligarlos a entregar su ganado y productos, o hasta vender sus tierras, cuando se negaban o no era suficiente, los sicarios los mataban o secuestraban a sus familias, y así se apoderaron de diferentes bienes productivos. En todos los casos, plantea la denuncia, tenían el apoyo de autoridades municipales. Pero hay un dato más: las familias ofrecieron elementos de cómo los presidentes municipales beneficiados hicieron negocios con el exgobernador aún prófugo. Ante la inacción de la PGR, la Fiscalía de Chihuahua integra estos delitos, pero llegará un punto en el que por tratarse de cárteles de la droga necesite de las autoridades federales que por ahora no están dispuestas a ayudar.