1.
El 8 de septiembre, como marca la Constitución General de la República, el gobierno federal deberá entregar a la consideración del Congreso de la Unión, el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020. La elaboración del mismo suele incorporar un análisis acucioso de la situación económica general, así como de la evolución de las finanzas públicas, cuidando sobre todo que el balance entre ingresos y egresos resulte al menos en el punto de equilibrio.
2.
No obstante, en esta ocasión todo pareciera indicar que podría haber menos de lo mismo. Es decir, los futuribles sobre los que se construyó el actual ejercicio presupuestal no se cumplieron y hasta se tienen resultados que pudieran ser contraproducentes. En los Criterios Generales de Política Económica sobre los que se apoyó el presupuesto 2019, se previó un crecimiento económico entre 1.5 y 2.5%, un precio promedio del petróleo de 56 dólares, una inflación del 3.4%, una tasa de referencia para el costo del dinero de 8.3% y una cotización de 20 pesos por dólar, a partir de lo cual se nutrirían los ingresos públicos estimados en 5.4 billones de pesos.
3.
Empero, visto el desempeño de la economía en el primer semestre del año, en el que se actualizaron adversarialmente los supuestos de mayor peso en los cálculos, como son el crecimiento y el precio del crudo, ahora se proyecta crecer un magro 0.5% y el precio promedio del petróleo de exportación se redujo, ambos factores que se traducen en una disminución de los ingresos públicos. Los demás futuribles se comportaron dentro del rango previsto, estando la inflación por cerrar en un 3.6%, la paridad cambiaria en 20 pesos y la tasa de interés de referencia en ocho por ciento. Los datos representan, necesariamente, un ajuste en el gasto público para sostener el equilibrio y el superávit propuesto, que es del orden de 1% del PIB, equivalente a unos 150 mil millones de pesos.
4.
Afortunadamente el ciclo adversarial ha coincidido con la política de frugalidad presupuestal adoptada, permitiendo contener y hasta reducir el gasto público sin apelar a los recortes de antaño, por el contrario, los ajustes han procedido dentro del marco de las políticas públicas, conforme a las decisiones de reducción de salarios de la alta y media burocracia, la cancelación de prestaciones, la disminución de las plantillas de asesores y cargos adjuntos u homólogos, la eliminación de estructuras de representación federal en las entidades y la cancelación o sustitución de programas considerados superfluos, inútiles o duplicados. En total, la aplicación de las políticas antes señaladas ha generado ahorros de hasta 3% anual real o 197 mil 800 millones de pesos. De esta forma, los menores ingresos se compensan en su mayoría por menores gastos, lo que deja en buena situación las finanzas públicas, pero —siempre hay algún pero— significan un menor impacto general en la economía, que suele resentir las disminuciones del gasto público.
5.
Es por ello muy probable que en los supuestos por venir para 2020, el paquete económico resulte congruente con las menores expectativas, dejando un reducido margen de maniobra. La lógica inercial de sostener los actuales impuestos al tiempo que la economía no crece —la proyección estará en torno al 1% el próximo año y el precio del petróleo converge en los 50 dólares por barril— habla que para sostener el gasto público e incrementar el nivel de gasto en el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto Transístmico y la intensa política social directa impulsada por el gobierno federal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 serán verdaderamente franciscanos. El paquete 2020 podría ser entonces menos que inercial.