En México, con la reforma de 2011 al artículo 18 Constitucional se establece que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Los centros penitenciarios son fundamentales para la impartición del sistema de justicia penal por lo cual toda persona que enfrente prisión preventiva o sentencia condenatoria debe poder acceder a sus derechos fundamentales y humanos.
La función de estos espacios consiste en buscar la incapacitación, rehabilitación y disuasión de la consecución de delitos, a fin de que haya una reinserción social exitosa.
Incluso se han modificado algunos términos para contrarrestar el estigma que conllevan palabras como cárcel, prisión, reos y prisioneros, puesto que la función de los centros no es ‘curar’ sino permitir a los que se encuentran recluidos volver a la sociedad como personas reivindicadas.
No obstante, en los últimos años a partir de la guerra contra las drogas ha habido una sobrecarga en el sistema de justicia y los centros penitenciarios.
El Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) realizó una investigación donde encontró una estrecha relación entre el reforzamiento de las leyes de drogas con el crecimiento de la población reclusa. https://bit.ly/2fwP6z4
En principio, se encontró que la intervención de los organismos internacionales ha ejercido una fuerte presión para endurecer las leyes y criminalizar todos los actos relacionados con drogas, llegando a extremos donde un narcomenudista tiene condenas más extensas que alguien que cometió un asesinato.
Las sentencias para vendedores, mulas, transportistas y grandes narcotraficantes no se distinguen mucho, aunado a la falta de representación legal equitativa para todos, las condenas incluso llegan a ser de larga estadía por ofensas menores.
Al tener confinadas a tantas personas, se es proclive a convertir los centros carcelarios en espacios de reclutamiento para las organizaciones criminales y crear sistemas de autogobierno, lo que puede terminar en conflictos como homicidios, suicidios y motines.
Además de complicar las labores de vigilancia y control al interior, situación que sucedió en el penal del Altiplano, donde pudo escapar Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Otra situación observada en los centros de readaptación social es el registro del sistema federal de prisiones sobre los internos, debido a que la transición de archivos de papel a digitales aún no se completado, por lo tanto, las bases de datos no están actualizadas ni completas.
De acuerdo a un reporte de la CNDH, en el 2012 los centros penitenciarios con las condiciones más preocupantes son Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit. https://bit.ly/1K5re1k
Con este crecimiento poblacional hace difícil que la estructura penitenciaria garantice estándares mínimos de seguridad, higiene y salud a su interior.
Además se necesita separar entre los tipos de presos, tanto por tipo de delitos, como por sexo, tercera edad e incluso por población indígena.
México es el país con más población encarcelada de Centroamérica, según el reporte de la agencia World Prison Brief se contabilizan 255, 138 reos a nivel nacional. https://bit.ly/260B4KM
A nivel mundial México ocupa la séptima posición con personas privadas de la libertad que cumplen condena por la comisión de un delito.
Si bien es cierto que la población penitenciaria se ha reducido en comparación a 2014 con 18 mil 752 internos menos, todavía persiste hasta un 200% de sobrepoblación, así lo reporta la agencia México Evalúa. https://bit.ly/2dvE5zB
La sobrepoblación en los Centros de Reinserción Social no es un fenómeno exclusivo de México, a nivel Latinoamérica países como El Salvador, Venezuela y Brasil presentan graves casos de condiciones inhumanas y de hacinamiento.
Es importante mencionar que cada centro de reclusión tiene necesidades específicas, por lo tanto, las soluciones se encuentran diferenciadas de acuerdo a la problemática.
Por supuesto, si se quieren mejorar las condiciones en que se encuentran los internos, a los primeros que se debe escuchar son a ellos, quienes viven a diario las precariedades y conocen mejor el sistema penitenciario como usuarios, y los efectos que tiene la falta de atención que padecen.
Es así como el Estado tiene un compromiso para convertir el internamiento en un proceso de cambio y mejora para el individuo, y un deber para con la sociedad de garantizar la seguridad al devolverle individuos con capacidad de superación y estabilidad para reinsertarse dentro del marco de la legalidad con respeto a su dignidad humana. *Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n