Uno de los grandes problemas y contradicciones que están teniendo los futuros servidores públicos, del Presidente electo para abajo, es con sus declaraciones poco claras, ya sea por desconocimiento del asunto o porque quieren quedar bien con los grupos de interés y la sociedad en general, pero particularmente con los poderosos del sector privado, mejor conocidos como burguesía.
Un ejemplo lo estamos viendo con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Primero hubo protestas y cuantificación de daños y hasta posibles demandas, pero se dio una comida de los principales empresarios involucrados en la obra con el Presidente electo y como resultado, según los medios de información, acordaron no demandar y que sus empresas serían indemnizadas. Por cierto, en la comida no estuvo algún representante de las Afores que tienen parte del ahorro de los trabajadores invertida en el proyecto.
Particularmente, es el caso de la Afore PENSIONISSSTE, en la que todo apunta a que fue obligada a participar, ya que incluso hasta ahora se han negado a dar información a un particular que pidió saber cómo se determinó tal participación y ha tenido que ser el Inai quien la semana pasada ha obligado a la Afore dar la información. Hasta ahora no está claro cómo los trabajadores van a recuperar lo perdido, ya que se menciona que asciende a 131 mil millones de pesos entre las cuatro Afores que participaron en el NAIM.
Otro ejemplo de poca claridad es el proyecto del Tren Maya. Se habla de una inversión de 150 mil millones de pesos, sin tener elaborado el proyecto ejecutivo, sin saber si las comunidades indígenas lo van a aceptar, sin saber si van a obtener el dictamen de la manifestación de impacto ambiental para el que necesitan el proyecto ejecutivo; y a pesar de todos los sinsabores, anuncian que lo iniciarán el 16 de diciembre y que el financiamiento será en parte a través de las asociaciones público-privadas, a las cuales la futura Secretaría de la Función Pública se ha referido como uno de los focos rojos para gestar dobles fraudes a través de prácticas que “pueden ser de perfecta legalidad, pero de cuestionable moralidad”
Como dato menor en este tema, se ha informado que Fonatur sale de la Ciudad de México para instalarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, y el director designado es el responsable del Tren Maya. Hasta el día de hoy sólo los hemos visto en fotos en la península de Yucatán y ninguna en Nayarit.
Otro ejemplo es la reciente decisión de crear un Consejo Asesor Empresarial que se reunirá cada dos o tres meses con el Presidente. Ya fueron designados los primeros miembros y resulta que algunos de ellos son dueños de las constructoras participantes en el NAIM, banqueros o dueños de medios de comunicación o las tres cosas. No sé qué opinarán las cámaras del sector privado con respecto a esta figura creada por la futura Presidencia.
Tantas consideraciones al sector privado son preocupantes, de conformidad con lo que hacen; tan sólo dos hechos recientes muestran de qué madera están hechos muchos de estos distinguidos personajes. El primero de ellos es la multa que acaba la Cofece de imponer a siete empresas dedicadas al transporte de valores al descubrirse que se pusieron de acuerdo para coludirse en fijar precios y repartirse el mercado. Los dueños de algunas de estas empresas son los honorables bancos de nuestro país. El otro ejemplo es la codicia del principal grupo de comunicación de México con la cancelación del juego de futbol americano el pasado lunes debido a las condiciones de la cancha del Estadio Azteca, sobreexplotado para hacer más y más dinero. Uno de los principales accionistas hoy es miembro del Consejo Asesor empresarial.
El futuro gobierno no ha mostrado claridad frente al sector privado y hasta ahora sus miembros van ganando.