La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a los proyectos de la planta termovalorizadora (cuya función es convertir la basura en electricidad) y al biodigestor (que transforma los desechos en biogás) en la capital, que fueron impulsados por el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. https://twitter.com/Claudiashein/status/1024418031496294401
No vamos a continuar con el proyecto de la planta termovalorizadora ni el biodigestor. La mayor deuda en la historia de la Ciudad sin justificación ambiental. En dos meses presentaremos nuestro plan integral de manejo de residuos sólidos para la Ciudad.” anunció Sheinbaum.
Desde que estaba en campaña, la científica y exdelegada de Tlalpan manifestó su desdén por ambos megaproyectos. La jefa de gobierno electa desestimó las iniciativas argumentando que la CDMX adquirirá una deuda histórica, de acuerdo con un comunicado de la administración del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la termovalorizadora, que tendrá lugar en el Bordo Poniente, tendrá un costo, sólo de construcción de 11 mil 527 millones de pesos. La Secretaría de Obras capitalina y la Agencia de Gestión Urbana lanzó la licitación y le dieron el contrato a la empresa Veolia, en 2017, que construirá la planta y tiene el derecho a operarla los próximos 33 años. El contrato que el gobierno y la compañía firmaron asciende a los 886 millones de euros, es decir, casi 20 mil millones de pesos. La licitación del biodigestor, también ubicado en el Bordo Poniente, se encuentra suspendida por problemas técnicos debido a su ubicación, cercana al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La inversión de la planta que producirá biogás, tiene una inversión privada de más de 3 mil millones de pesos, lo que representa 160 millones de pesos, al tipo de cambio actual. La jefa de gobierno electa, ha insistido en las irregularidades jurídicas en el proceso de la Asamblea Legislativa para aprobar en sesión ordinaria el endeudamiento de la ciudad para financiar la planta de termovalorización. Además estimó que la sanción por la cancelación de ese proyecto sería de 3 mil millones de pesos, pero que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que hubo irregularidades al aprobar el endeudamiento ya no habría que pagar sanción económica “porque es ilegal la deuda que se adquiere” aseveró. NR