Redacción ejecentral
El gobierno de Donald Trump estableció las nuevas normas de control migratorio en las que incluye una cláusula para deportar a México a cualquier migrante capturado que haya cruzando la frontera sin documentos o permisos requeridos, sin importar si son mexicanos o no.
Ello, podría traer al país a cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, brasileños, ecuatorianos y hasta haitianos que actualmente si son detenidos en EU, allá se reconoce su derecho a pedir asilo y que ahora tendrían que hacerlo desde México, en centros de detención que se tendrían que construir. Y supone que sería a través de videoconferencia como harían la solicitud a los agentes migratorios estadounidenses.
“Esta medida lo que dice es que si quieres pedir asilo o lo que sea, nosotros analizaremos tu petición, pero vas a tener que esperar en México”, dijo un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este martes en una rueda de prensa. “Los detalles los estamos trabajando dentro del Departamento y con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México… todavía hay elementos que tenemos que trabajar al detalle”.
Aún se desconoce si en su visita de este jueves a la ciudad de México, los secretarios John Kelly (Seguridad Nacional) y Rex Tillerson (Estado) abordarán el tema con funcionarios del gobierno Peña Nieto.
Abre vía a deportaciones masivas; sin dreamers
El gobierno de Donald Trump cumplió lo que había anunciado desde la semana pasada en Estados Unidos, de elevar los controles migratorios y entre las nuevas directrices incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes sin documentos y criminalizar a la migración como nunca antes.
En memorandos firmados por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, y permitirá que agentes estatales y locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
Estas nuevas normas dan poder al gobierno federal para encontrar, arrestar y deportar a quienes estén en el país sin tener los permisos requeridos, aunque no hayan cometido delitos graves.
El cambio de políticas se precisa en que no solo perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, como había implementado el gobierno de Barack Obama, si no que también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.
Kelly pide a las agencias federales deportar a quienes tengan casos abiertos de apelaciones e incluso investigar a quienes teniendo permisos o residencia legal hubieran contratado “polleros” para llevar a algún familiar o hijos a los Estados Unidos. Lo cual los inculparía en delitos como trata de personas.
No más “clases o categorías” de indocumentados
Las nuevas políticas llevan a la práctica las promesas de Trump durante la campaña electoral, al ampliar la definición de “extranjeros criminales” y advierte que tales inmigrantes no autorizados “rutinariamente victimizan a los estadunidenses, y asegura que hacen caso omiso del “estado de derecho y son una amenaza” para las comunidades en todo Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación.
En las medidas figura también la contratación de 15 mil nuevos agentes: 10 mil para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5 mil más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos” señala el documento.
Exenta a “dreamers” de deportaciones
En tanto, dejó exentos a los jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) llamados “dreamers” (soñadores), quienes llegaron a Estados Unidos como menores de edad.
Este es un cambio respecto a las condiciones marcadas por el gobierno de Obama, que ordenaba no llevar a cabo esta deportaciones con base en violaciones menores a la ley, como conducir sin licencia.
En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados “no” se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal, lo que supone una marcha atrás en las promesas de Trump durante la campaña en la que prometió derogar el Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por Obama en 2012.
Este programa permitía a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que, para seguir gozando de estos beneficios, los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.
Muro frente a Juárez, Nogales y Mexicali
El gobierno de Trump subrayó tres lugares prioritarios para comenzar la construcción del muro con México: El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) frente a Ciudad Juárez, Nogales y Mexicali.
El memorando ordena “identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología (incluyendo sensores)”, y “preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes”.
Trump había prometido que sería México quien se hará cargo de la factura del muro, pero en las últimas semanas ha reculado al afirmar que será EU quien asuma en primer lugar el costo y posteriormente será reembolsado, lo que México ha negado tajantemente.
Las últimas estimaciones sobre el precio del muro que proyecta Trump se sitúa por encima de los 21 mil 600 millones de dólares. (Con información de The New York Times y Univisión)EC