›La SEIDO se ha constituido como un sordo lastre para Arely Gómez, dada la poca eficacia y transparencia en las investigaciones.
Hace algunas semanas el integrante de una organización criminal que operaba en el Estado de México le preguntó, casi a manera de reclamo, a un elemento de la Procuraduría General de la República (PGR):
“¿Por qué nos detuvieron si ustedes no detienen a nadie?.. Pensábamos que nunca nos iban a detener”.
Eso piensan los criminales. También los ciudadanos, los inversionistas o los turistas. La impunidad es el problema medular del Estado, que lo hace más débil y vulnerable.
Este gobierno no ha comprendido que era indispensable conducir —contando para ello con las mujeres y hombres de la mayor calidad, experiencia y honestidad en áreas clave de seguridad y procuración de justicia—, una estrategia realmente integral, seria, coordinada, con visión de largo alcance y que resolviera con eficacia y contundencia, primero, no lo que parece urgente, sino los casos verdaderamente importantes (por los factores sociales, políticos o económicos que los envuelven) colocándolos como las metas inmediatas para generar una onda expansiva positiva en la percepción de la población.
Pero esto no ha ocurrido. Un ejemplo es lo que ocurre en la PGR, una institución sustancial, pero en la que todo el tiempo se está en un estado de urgencia. En ese escenario pareciera que el área estratégica es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por tener a su cargo los delitos de alto impacto. Pero en realidad no lo es para atender los temas esenciales, los que importan e impactan directamente a la población y al tejido de la credibilidad.
El área realmente sensible es la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, que dirige Gilberto Higuera Bernal. Y esta oficina no ha dado resultados, al contrario, se ha constituido como un sordo lastre para la titular de la PGR, Arely Gómez, porque ha logrado hasta ahora —como lo hizo la primera vez que estuvo en la PGR—, pasar inadvertido y que no se note la poca eficacia y transparencia en las investigaciones que tiene bajo su cargo.
Al interior del gobierno algunos reconocen su institucionalidad, otros hablan de su disponibilidad para manejar políticamente los casos, pero muchos más cuestionan su ineficiencia. Lo cierto es que esa Subprocuraduría es la de mayor poder dentro de la institución, porque tiene bajo su cargo todas las delegaciones regionales de la PGR en el país y porque concentra los casos clave que debería interesar al gobierno resolver de forma contundente, para comenzar a romper la espiral de impunidad.
Quienes conocen por qué Higuera Bernal llegó a la PGR, aseguran que como ya conocía a la institución se le pidió que en breve pusiera orden en un área que en anteriores administraciones se había perdido el control. Se fue quedando más tiempo del previsto por su capacidad de adaptabilidad, no porque forme parte del círculo cercano a la procuradora Arely Gómez. Pero por sus resultados, no es un funcionario estratégico que le beneficie para la transformación de la PGR que intentaría llevar a cabo.
Y es que esa subprocuraduría tiene los casos clave, sólo por mencionar algunos: 278 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación de 2012 a la fecha por presunta corrupción contra una decena de gobiernos estatales, de las cuales 119 decidió regresarlas a los estados para que se autoinvestiguen, sólo ha consignado a un juez 18 expedientes, 36 envió a reserva o no encontró delito.
Esa oficina también tiene averiguaciones previas por posible corrupción contra las Confederaciones de Boxeo, de Atletismo y Tiro con Arco, o contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Además las pesquisas sobre los ataques en Apatzingán, Michoacán; Tlatlaya, Estado de México; Nochixtlán, Oaxaca, y los delitos presuntamente cometidos por líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Hay que sumar que Higuera Bernal investiga desde hace 15 meses lo ocurrido en Tanhuato, Michoacán, en donde murieron 42 civiles y un policía federal. En este caso, como los otros que tiene, poco ha avanzado y ahora el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhibió nuevamente su ineficacia. @Gosimai