La designación del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero como Investigador Nacional Nivel III por una comisión dictaminadora creada para ello, fue el primero de una lista de ejemplos de “daños y ofensas al aparato académico nacional” que ha llevado a cabo la actual administración y que se presentaron en el Foro “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: los agravios” en la Cámara de Diputados.
Desde la primera intervención, el biólogo Antonio Lazcano señaló que el listado de los agravios y ofensas del “autoritarismo” de María Elena Álvarez Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la comunidad académica “es enorme” y señaló, entre otros, la imposición ilegal de autoridades en el CIDE, la desaparición de los fideicomisos y la tentativa fallida de excluir del SNI a los investigadores de laboran en las instituciones privadas.
Para Lazcano, estas iniciativas “reflejan la mezcla de rencor, ineptitud y falta de comprensión de lo que significa la libertad académica como un componente esencial de una política científica”.
El Foro inició a las 9:30 de la mañana y terminó alrededor de las 18 horas, y en él diversos académicos, estudiantes y algunos diputados abordaron los conflictos del sector a lo largo de estos tres años.
Así, Rafael Bojalil, de la UAM, dijo que el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que Álvarez Buylla presentó en diciembre del 2020 al Presidente de la República, tiene “amenazas críticas a la libertad de investigación, a la autonomía universitaria y a la capacidad de acción y decisión de las entidades federativas”, pues busca concentrar la toma de decisiones y los recursos en una sola institución, el Conacyt.
Berenise Bravo, en la mesa “El presupuesto como mecanismo de control político”, retomó el “caso estudio” de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), donde es profesora, y señaló que el problema por el que protestaron no se ha resuelto, pues los trabajadores eventuales ya firmaron sus contratos, pero estos fueron por sólo tres meses, y destacó la falta de recursos para la operación cotidiana de la Escuela.
Odette Ferrer, de la Asamblea Estudiantil de CIDE, dijo que “en muy pocas ocasiones en la historia de la ciencia nacional, el sector había sufrido tanto la indolencia y arbitrariedad desde la administración en turno”.
El encargado de cerrar el Foro fue el diputado panista Santiago Creel, quien dijo que los problemas abordados en el Foro son de carácter político.
“A este gobierno le molestan las autonomías, es decir, aquello que no puede controlar, sea con presupuesto, amenazas o estigmatizaciones”, dijo Creel y señaló que lo mismo sucede con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instituciones autónomas.
El diputado terminó su intervención retomando el lema “El CIDE existe porque resiste” y agregó, “resistamos todos”.
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