En el Senado de la República se votó el famoso Plan B. Durante varias semanas una buena parte del debate nacional se centró en los alcances de la iniciativa que mandó la presidenta de la República a la Cámara alta. Aclaro que fue el segundo intento de una reforma de ese calado, pues la primera fue desechada en la Cámara de Diputados.
En el caso concreto, el proyecto de reforma se sostenía en dos narrativas: 1. Mayor democracia y 2. Austeridad. Sin embargo, al analizar el texto firmado por la jefa del Estado mexicano, no se sostiene lo que se pretende argumentar para realizar los cambios a la Carta Magna.
La revocación de mandato en la misma fecha que las elecciones regulares se convierte en asunto de intromisión en el libre desarrollo de las campañas y una inequidad que perjudica a los opositores. Por lo que respecta a la austeridad, donde los cambios se basan en disminuir sueldos y cargos de munícipes, el supuesto ahorro es tan insignificante que ni siquiera puede servir para construir alguna política pública menor.
El voto del Partido del Trabajo impidió que el tema revocación, en los términos que proponía la jefa del Estado mexicano, entrara a la Constitución, como antes pasó con el de la representación proporcional en el famoso Plan A. En este último caso, el Partido Verde, el otro aliado de Morena, también se opuso a las propuestas del régimen.
En una acalorada discusión, los senadores desecharon la parte sustancial de la iniciativa. Los de Morena, sin embargo, trataron de controlar los daños de la votación en contra, afirmando que lo aprobado era de gran magnitud y, por lo tanto, suficiente para cantar victoria y presumir a los cuatro vientos el resultado.
¿Qué quedó? Una raquítica reforma a varios párrafos de tres artículos de la Constitución (115, 116 y 134) y ocho transitorios. La Carta Magna se parece más, cada vez más, a esos manteles de boda que después de la tertulia quedan con las huellas de la batalla gastronómica. El texto es una colección de manchas de tropiezos, fluidos y restos de todo tipo de antojos.
La próxima semana en la Cámara de Diputados se va a discutir la minuta enviada por los senadores; el debate en ciernes se reduce a tres puntos: primero, los municipios solo podrán tener un máximo de 15 regidores y un síndico; en la actualidad, alrededor de 50 de los 2 mil 470 pasan de ese número; segundo, los congresos locales deberán tener un presupuesto menor al 0.7 por ciento del estatal; hoy, doce superan esa cifra y once de ellos son de Morena y por último, el salario de los funcionarios de los órganos electorales.
La famosa reforma es solo una narrativa y, en todo caso, una intervención en la vida de estados y municipios.
