Desde principios del siglo XXI, México ha enfrentado un debate intenso sobre la regulación de los organismos genéticamente modificados (OGMs). La Ley de Bioseguridad, presentada como un marco técnico para garantizar la seguridad nacional en esta materia, ha funcionado en la práctica como una “regulación de fachada”. Más que proteger la soberanía alimentaria y los derechos de las comunidades, ha servido para dar certeza jurídica a las corporaciones transnacionales que buscan expandir sus negocios en el país.
El caso de las comunidades mayas de Quintana Roo contra Monsanto, derivado de un permiso para la siembra comercial de soya transgénica, ilustra cómo la legislación mexicana ha favorecido intereses privados en detrimento de los derechos colectivos. Aunque la ley establece principios de bioseguridad, éstos han sido sistemáticamente derrotados por reglas que facilitan la liberación de OGMs. El resultado ha sido la contaminación del maíz nativo, el debilitamiento de la agricultura tradicional y la vulneración de derechos fundamentales como la salud, el ambiente sano, el territorio y la consulta indígena.
La paradoja central radica en que, mientras el discurso neoliberal promovía la desregulación de sectores estratégicos para abrirlos a la inversión privada, en el caso de los OGMs se generó una regulación extensa y detallada. Sin embargo, esta regulación no buscaba limitar ni controlar, sino legitimar la expansión de los agronegocios. Los permisos eran “puro trámite”, una formalidad que aseguraba la legalidad de hechos que de cualquier manera sucederían.
Este fenómeno puede explicarse a través de la noción de “captura del regulador”. La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y su Secretaría Ejecutiva fueron tomadas por operadores y promotores de las empresas que debían regular. Funcionarios pragmáticos y oportunistas, vinculados con poderes fácticos, actuaron como facilitadores de permisos. Académicos, jueces y ONGs también participaron en la construcción de legitimidad para la industria transgénica, a travñes de la certificaicón de procesos, el aval de investigaciones y la promoción de campañas de comunicación.
La consecuencia fue un escenario de “desvío de poder”. Las autoridades utilizaron capacidades públicas para favorecer intereses privados, bajo un manto de legalidad formal. Emitieron actos que, aunque ajustados a procedimientos legales, resultaban contrarios a los fines normativos que justificaban su competencia. En lugar de garantizar la bioseguridad, la regulación se convirtió en un instrumento para consolidar el mercado de los transgénicos.
El impacto de esta dinámica fue profundo. México se llenó de transgénicos, se puso en riesgo el maíz nativo y se vulneraron derechos fundamentales. La soberanía alimentaria quedó debilitada, mientras las ganancias se concentraron en corporaciones como Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont y Pioneer. Los campesinos y consumidores mexicanos no fueron beneficiarios de esta regulación. Más bien, se convirtieron en víctimas de un modelo de desarrollo que privilegia la acumulación de capital sobre la protección de la vida y la cultura.
En este contexto, la reforma constitucional de 2024 representa un giro importante. Al modificar los artículos 4 y 27, el Estado mexicano reconoció explícitamente el derecho a una alimentación sana y prohibió el cultivo de maíz transgénico. Esta reforma busca blindar la biodiversidad y proteger la soberanía alimentaria, por ello reconoce al maíz nativo como patrimonio estratégico de la nación. Sin embargo, aunque la reforma es un avance normativo, su eficacia dependerá de la capacidad institucional para aplicarla sin caer nuevamente en la captura del regulador o en la desviación de poder. La experiencia previa muestra que las leyes pueden ser neutralizadas por intereses privados si no existe vigilancia social y compromiso político real.
El modelo contenido en la Ley de Bioseguridad se ocupa más de generar certeza jurídica para inversionistas que de establecer un marco integral de protección. La Cibiogem, lejos de ser una instancia técnica y neutral, operó como agencia de promoción de OGMs. Los jueces, magistrados y ministros, en casos como el de la soya transgénica, prefirieron defraudar el principio precautorio y ordenar consultas sin garantías, en lugar de anular permisos ilegales. Académicos y ONGs, respaldados por financiamientos y proyección profesional, se convirtieron en promotores ideológicos de la industria.
Ante este panorama, la necesidad de modificar la Ley de Bioseguridad sigue siendo urgente. Se requiere blindar la operación de la Cibiogem para evitar fraudes científicos, jurídicos y sociales, así como, para garantizar que los principios de bioseguridad prevalezcan sobre las reglas promotoras de OGMs. La reforma constitucional de 2024 abre un horizonte de esperanza, pero también plantea el desafío de que las instituciones cumplan con su mandato y no repitan los errores del pasado, a pesar de las fuertes presiones internaiconales en el sector.
La experiencia mexicana demuestra que la regulación puede convertirse en un instrumento de desregulación encubierta, cuando se diseña para favorecer intereses privados bajo apariencia técnica. La Ley de Bioseguridad ha sido una herramienta de captura del regulador y de desviación de poder, con consecuencias graves para las comunidades, el ambiente y la soberanía nacional. La reforma constitucional de 2024 es un paso adelante, pero su éxito dependerá de que se traduzca en políticas públicas efectivas y en una vigilancia social constante. Sólo así se podrá avanzar hacia una regulación que sirva al interés colectivo y no a la acumulación de capital transnacional.
