La semana pasada recibimos con mucho entusiasmo un proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución y a distintas leyes, a través del cual se pretende lograr una incisión profunda al funcionamiento del sistema de impartición de justicia en el ámbito constitucional. La propuesta de reformas persigue acabar con un arraigado nepotisto en el Poder Judicial, pero además consolida la competencia que en el ámbito de la revisión de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por la vía de la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, hoy le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tema de la contratación de familiares en el interior del Poder Judicial de la Federación ha sido un problema con el que dicha institución ha venido cargando a lo largo de los años. Configura un vicio grave que perjudica su función y, por vía de consecuencia, los intereses de todos los mexicanos; porque las funciones que tiene constitucionalmente delegadas exigen de la preparación de sus integrantes, y la apertura para que su selección corra en función de los lazos sanguíneos hace peligrar la excelencia de la capacitación de quien, al final del día, realiza la actividad de entender los planteamientos de cada controversia, valorar las pruebas que ofrecen los abogados y dictar sentencia.
En el contexto de la erradicación de la corrupción, la lucha contra el nepotismo tiene una gran razón de ser, porque la desviación de los principios de capacitación y méritos con apoyo en los cuales se deben designar a los integrantes de dicho órgano de poder del Estado, no puede llamarse de otra manera sino corrupción en sí misma.
Sin despreciar en modo alguno la relevancia de la iniciativa en los temas de contratación de familiares, por las razones ya anotadas, también llama la atención el énfasis con que el proyecto se encuentra redactado por cuanto a la liberación de trabajo del que hoy se ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entorpecen completamente su función constitucional.
La eliminación de algunos recursos que mañosamente hacen valer los litigantes para alargar la resolución de los amparos, bajo la pretensión indebida de que la Suprema Corte los atraiga o conozca de ellos por supuesta trascendencia e interés, resulta vital para terminar con una simulación de justicia, muy malamente entendida en el foro.
El perfeccionamiento de las funciones que desempeña el máximo tribunal nacional en el ámbito de la interpretación de la Constitución y los Convenios Internacionales, sobre todo en la materia de los Derechos Humanos, resulta insoslayable e inaplazable, porque define criterios que permean y definen la conducción integral de todo el aparato de justicia nacional, para beneficio de todos los mexicanos.
Notorio es, sin embargo, que a pesar del impacto que pueda llegar a tener dicha iniciativa en la consolidación del prestigio que tiene el Poder Judicial de la Federación en el ámbito de la formalidad con la que cada juez cumple sus funciones, y la seguridad jurídica con que se deberán resolver un universo enorme de procesos que atañen a empresas e inversionistas nacionales y extranjeros, y la literalidad de sus contratos, poco habrá de servir para resolver los problemas que verdaderamente afectan al pueblo, a ese que hoy está en boga y que, en estricto sentido, debió ser el espíritu que debiera impulsar la modificación a la Carta Magna en materia de justicia.
La semana pasada, y todos los días, escuchamos noticias que nos mortifican, pero ya no nos asombran, sobre la matanza de mujeres y niñas a lo largo del país. Navegamos en la vida tratando de evitar colapsar con la roca de la violencia y la inseguridad, y dejamos pasar inadvertidamente el congojo que apremia a nuestros vecinos.
La iniciativa de reformas embellece la parafernalia procesal y hace lucir la toga de los jueces, pero poco incide, desafortunadamente, en la justicia cotidiana que cada mexicano quisiera tener por parte de su gobierno.
Ingrid Escamilla y Fátima, y miles de mujeres más, desearían tener menos criterios jurisprudenciales y precedentes inentendibles, y más jueces a los cuales poder acceder sin la necesidad de tener que acudir a una engorrosa y arbitraria contratación profesional para resolver un problema de violencia en su propio hogar.
Deseable sería encontrar una reforma judicial que viera por la conformación de juzgados humanos, que miraran por aplicar la ley en el ámbito de la discriminación y la violencia de género, sin formalidades extraordinarias que desvían la verdadera función de los jueces. Por qué razón tener que conservar esa enorme distancia que existe entre un juez y un justiciable para la solución de aspectos de entendimiento natural en los que la lógica y la razón constituye una fuente primaria de derecho que se ubica por encima de la norma. Por qué no pensar en un juez de barandilla al que se dote de atribuciones para dictar las medidas más inmediatas que Ingrid debió tener la primera vez que fue golpeada por su esposo. Por qué no reflexionar y modificar la ley para permitir que dichos jueces gocen de un auxilio más pronto y eficaz de la policía, así como del empleo de todas las tecnologías de la información para conocer de los hechos que aquejan a la ciudadanía. Por qué supeditar la validez de las pruebas que aporta la ciudadanía a que su ofrecimiento cumpla con un caudal interminable de formalidades y no confiar en la validez de la palabra y la inmediatez de la relación que puede existir entre el juez y quien se presenta ante él.
Legisladores, jueces y autoridades pecan de ceguera y soberbia cuando se trata de entender las dolencias reales que atraviesa la gente. Urge un replanteamiento de los sistemas de investigación, procuración e impartición de justicia, no desde la perspectiva de los libros y los escritorios, sino desde los zapatos de quien soporta el peso del abuso físico y psicológico de ese compañero más poderoso, con quien se comparte la casa, la escuela o el trabajo.
No simpatizo con la muestra de violencia que ejercen las mujeres que protestan en la calle, que destrozan monumentos y gritan improperios…pero cómo las reconozco y les aplaudo. Su lucha acabará por dar frutos: un ejemplo lo está dando la Universidad Nacional Autónoma de México, que la semana pasada ha iniciado el proceso para modificar su Estatuto General para incluir el acoso y el hostigamiento como una conducta que debe dar lugar a la peor de las sanciones académicas que cualquier universitario pueda resentir, la de su expulsión.