En la arremetida de la semana pasada, del periodista Ramos al Presidente de la República (porque tanto en la política como en el periodismo las formas son importantes, y las de ese reportero no las compartimos), quedó al descubierto el uso maniqueo de las cifras para justificar las acciones y una exitosa gestión en el manejo de la seguridad que, desde luego, no deja conforme a ninguno. ¿Podrá manipularse la narrativa para justificar la regresión del derecho humano a la educación y la preeminencia del interés sindical sobre los derechos del menor?
De todas las reformas que durante la primera mitad del sexenio pasado fueron logradas con el concurso de voluntades de los hasta entonces partidos dominantes, la de mayor calado fue, sin duda alguna, la reforma educativa. Entrañó la recuperación de la soberanía estatal en el campo de la educación; la erradicación de la práctica criminal de cobrar cuotas a los padres de familia en las escuelas públicas; el establecimiento de la obligación magisterial de acceder a procesos de capacitación permanente; y, también, a la creación de un organismo autónomo encargado de calificar los resultados de la labor educativa, de acuerdo con parámetros establecidos a nivel internacional. El propósito fue claro: no basta con que los niños de México tengan una educación básica, sino que se debe de dar un paso en la senda de la educación de calidad, como medio para impulsar la competitividad nacional y el empleo.
La incomprensión de los aspectos esenciales de la reforma al artículo 3º constitucional y la expedición de sus leyes reglamentarias concedió un componente muy apetitoso para un pequeño segmento del electorado, ligado a las agrupaciones gremiales más radicales del magisterio, a las que se prometió, como parte de su participación electoral activa, la retrotracción de la “mal llamada reforma educativa”.
Ya en la administración, consciente de la dimensión real del ofrecimiento o con la asesoría más prudente y razonable de su gabinete, el Presidente ha tratado de impulsar una reforma en la materia educativa que replica los propósitos de la propia norma que se pretende reformar, lo que sería menos dañino para el sector. Sin embargo, la persistente rebeldía magisterial lo ha llevado a prometer que dejará sin efectos la reforma de Peña Nieto, y que revivirá el texto constitucional y las leyes que la regulaban, al estado en que se encontraban antes de tan preciado proceso de reforma a la Carta Magna.
Más allá de los aspectos formales que prácticamente imposibilitan su ofrecimiento --pues difícilmente podrían alcanzar los números en el Palacio Legislativo y el acompañamiento popular para lograrlo--, el Ejecutivo soslaya el papel que podría llegar a jugar la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Internacionales ante tan desacertada intención. Estas son algunas razones que se deberán considerar:
La aberrante historia de un compositor de corridos de Guerrero, desaparecido durante la Guerra Sucia, allá en los setentas, dio lugar a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fincara responsabilidades contra el Estado Mexicano y desatara todo un proceso político que culminó con una reforma a la Constitución. El caso es connotado y forma parte de las asignaturas que, en esta época, se estudian en todas las escuelas y facultades en las que se imparten carreras sociales vinculadas a los derechos humanos, como derecho, ciencia política y sociología, por mencionar algunas: es la historia del vía crucis procesal que atravesó la familia de Rosendo Radilla Pacheco para que se lograra juzgar el delito de desaparición forzada perpetrado en su contra.
Con motivo de ese caso, en el 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón, se reformó la Constitución y se revaloró el papel que guarda la protección de los Derechos Humanos en México. Toda autoridad tiene el deber de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos de acuerdo con varios principios, entre los que destaca, para efectos de nuestro análisis, el de la progresividad.
La SCJN ha establecido que el principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos implica gradualidad y progreso. La primera significa que su efectividad no se logra de manera inmediata, sino con el transcurso del tiempo; mientras que lo segundo implica que el disfrute de los derechos debe mejorar. Así las cosas, la progresividad no sólo entraña la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos humanos, sino la obligación positiva de promoverlos, incrementando el grado de tutela en el respeto, protección y garantía de tales derechos.
Sobre el derecho a la educación de los niños, merece la pena destacar otro principio valorado por nuestro Tribunal Supremo. En la resolución de diversos asuntos referentes a la constitucionalidad de leyes, la SCJN ha identificado un principio rector de absoluta relevancia, el del “interés superior del menor”, que se impone como un referente que se debe de tomar en cuenta en todo proceso para la elaboración de normas o actos dirigidos a su aplicación, a través del cual se debe garantizar y proteger el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos del niño, para proteger su dignidad humana y la necesidad de propiciar el aprovechamiento pleno de sus potencialidades.
Los dos principios mencionados sobre progresividad e interés superior del menor, nos permiten advertir cómo es que, la reforma constitucional en materia educativa, constituyen un baluarte en materia de derechos del menor en contra del cual, constitucionalmente hablando, no debería existir proceso alguno que pudiera menguarlo o reducirlo en forma alguna, pues entraña una garantía de acceso a una mejor preparación de calidad, con todas las oportunidades implícitas que ésta acarrea.
Ante tan contundentes directrices de orden constitucional, dictadas por el Supremo Tribunal del país en ejercicio de funciones de definición de los alcances de nuestra Carta Magna, en el concierto de la tutela de los Derechos Humanos, ¿Quién puede pensar que las multiplicaciones serán lo suficientemente acertadas como para soportar la tesis presidencial, de que la retrotracción de la reforma educativa no merma la progresividad de los derechos humanos, en detrimento de los intereses superiores de los niños? La idea parece verdaderamente desenfrenada.
Esperemos que la razón impere, que la iniciativa no prospere y que los derechos humanos del pueblo, los auténticos que reconocen los tratados internacionales, verdaderamente se impongan por encima de los compromisos de campaña. Estamos seguros de que llegado el momento, el mandato constitucional, en la forma de la sentencia ejecutoria que acabará por pronunciarse, demostrará, como la semana pasada, que no hay operación matemática posible que pueda ocultar la fortaleza de las instituciones y el resultado objetivo de la labor gubernamental.