El próximo fin de semana se vencerá la primera mitad de un proceso político que se ha sustentado sobre un concepto que, aún hoy, a más de dos años y medio de su constante reafirmación, sigue siendo inentendible: el de la “cuarta transformación”. Pasó de ser un slogan de campaña para convertirse en un plan de gobierno, sin que sus directrices y rumbo se hayan definido objetivamente. En función de aquello que la marca “4T” signifique, ¿cuáles podrían ser los eventos inmediatos por venir, según los resultados que arrojen las urnas?, ¿Hacia qué rumbo se dirige la “transformación de México”?
El calor del debate electoral alumbra voces que aseguran que el movimiento encabezado por Morena nos conduce directamente a una “venezuelización” del país, en lo que quizá sea la advertencia opositora más exagerada. Una corriente más moderada, sin embargo, se inclina a suponer que se trata solamente de una regresión al México de los años setentas. Cualquiera de esas dos ideas sería negativa para nuestro futuro.
No ha habido un plan de trabajo serio que permita advertir con transparencia la manera en que la administración izquierdista podría llevar a México hacia un futuro próspero, libre de inseguridad, impunidad e injusticia, y con crecimiento y desarrollo sustentable que beneficie a las clases más desfavorecidas. Es poco creíble que los discursos de los candidatos oficialistas, de que nuestro futuro será próspero y libre de corrupción, gocen de alguna base que pueda convertirlos en una realidad.
Existen evidencias claras de que cualquiera que sea el contenido sustancial de la “cuarta transformación”, se trata de un plan esencialmente nacionalista –que se contradicen al reconocer e impulsar la continuación del T-MEC; con vocación abiertamente antidemocrática –que contra toda lógica utiliza la imagen de Francisco I. Madero como emblema; deseoso de garantizar su subsistencia mediante la implementación de programas clientelares –a pesar de impulsar el dispendio de recursos para el sostenimiento de proyectos de infraestructura para el cumplimiento de objetivos típicamente elitistas.
Un mensaje vuelve a resonar en aquellos que deben de estar atentos a los cambios que pueden derivar del resultado electoral, y tiene que ver con el proyecto que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde el inicio de su sexenio: los primeros tres años de gobierno se utilizarían para la preparación de una profunda transformación, que realmente empezará a concretarse a partir del inicio de la segunda mitad de su mandato. ¿Qué podría estar por aparecer en el horizonte político, económico, jurídico y social de nuestra nación?
La transformación verdadera está sustentada en un plan que se cifra en la realización de todo un cúmulo de actos de gobierno encaminados a acaparar todo el poder político y bélico del estado, de los que depende el arranque de su segunda fase, que supuestamente buscaría erradicar la pobreza y nuestras diferencias sociales.
Pese a lustros enteros de campañas electorales en los que se pregonaron ideas elaboradas exactamente en un sentido opuesto a lo que ocurre, el gobierno ha bonificado con frutos a las fuerzas armadas, con el propósito último de alinear intereses personales comunes alrededor de un proyecto de nación dibujado en torno de un ideal de felicidad espiritual, que no encuentra sus cimientos en las comodidades materiales. Desafortunadamente, la política de “abrazos y no balazos”, que no es fortuita, también provoca un alineamiento de la fuerza bélica criminal alrededor del partido en el gobierno, y los atentados perpetrados contra líderes políticos y candidatos en todo el país así lo demuestra.
La confirmación del poder político en el Congreso y en las legislaturas estatales, podrían conceder la facilidad para concretar un plan que busca una reinstalación de la dictadura de partido que México sobrevivió durante más de setenta años. El plan demanda una mayoría calificada en el legislativo de la Unión, a la que estaría condicionada la reforma constitucional que lo materialice. La idea guarda cierta lógica histórica, por ser ese el modo de vida que quienes crearon y conducen a Morena vivieron en su época estudiantil, y con el que anhelan ejercer el poder. Repudian el modelo “neoliberal” que concibieron aquellos pertenecientes a la generación que durante estas décadas les arrebataron la oportunidad de gobernar en la forma en que, por turno, a ellos habría correspondido.
En los tres años por venir, debe de resultar urgente para esta “nueva” clase gobernante la conclusión de los monumentos que glorifican su advenimiento al poder, los proyectos de infraestructura que reubican el polo para la toma de decisiones en el sureste del país y que apuntan al nuevo segmento de nuestra sociedad para quien el desarrollo nacional ha sido diseñado, por ser ellos a quienes, según el nuevo liderazgo, le había sido vedado.
El problema más grave se encuentra propiamente en el patrocinio o sostenimiento presupuestal del proyecto estructural, en la conservación de las alianzas militares y sociales, y en el declive de los ingresos tributarios para mantenerlos. He ahí el gran peligro de lo que podría sobrevenir al resultado electoral. ¿Qué va a impulsar la administración triunfante o derrotada el próximo 6 de junio, para seguir adelante con su proyecto de nación?, ¿De dónde va a venir el dinero para lograr conservar las alianzas que Morena ha tejido con las fuerzas armadas y con su base de votantes?
Sin lugar a duda, en cualquier escenario de los que se plantean –y ya dicho por ellos mismos–, la reforma fiscal con propósitos transformadores en la recaudación es inminente. Se tratará posiblemente de un incremento de tasas para quienes más ingresos perciban, como también de la identificación de actividades suntuosas como destino de nuevos gravámenes en su contra. De las iniciativas que se han resbalado no se observa que exista inventiva para recaudar más a través del engrandecimiento de la base de contribuyentes, ni mucho menos, obviamente, del mejoramiento de las condiciones para el intercambio de bienes o generación de riqueza.
Desafortunadamente, en un ciclo pos-pandémico plagado de incertidumbre, y con resultados mediocres o negativos en cualquier comparativo de desempeño global, una reforma fiscal de ese tipo deberá ser desastrosa para el país y totalmente insuficiente para el mantenimiento del nuevo régimen. Es justamente por eso que nos encontramos en la antesala del riesgo de los decretos, del mal destino que puede llegar a tener nuestro país al término de este polémico sexenio de la transformación.
México ya ha atravesado etapas de nefastas expropiaciones, estatizaciones y controles monetarios que han marcado terriblemente su historia. Atravesar el mismo camino como vía para la construcción de nuestra democracia podría interpretarse como un trago demasiado amargo como para deberlo probar.
Es mucho lo que está en juego la semana entrante, y mucha, entonces, la responsabilidad que cada ciudadano carga a cuestas. Debemos acudir a las urnas y sufragar en el sentido que mejor convenga a nuestros intereses, pero siempre sobre la base de la conciencia, que, si bien en términos generales se construye sobre la base del estudio, de la información y del entendimiento, en este caso en lo particular no dejará de componerse con un poco de lógica e intuición.