Más de 175 mil visas revocadas por Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump en enero de 2025. La cifra, confirmada por el Departamento de Estado, multiplica con creces las cerca de 40 mil del último año de Joe Biden. En 2025 superaron las 100 mil; en 2026 el ritmo ya rebasa las 10 mil al mes. La mayoría se cancela por encuentros con la ley: agresiones, conducir ebrio, robos, delitos de drogas. También por violar las condiciones del documento o por riesgos de seguridad. No es un secreto ni una ocurrencia reciente: siempre ha sido así. Aunque entre México y Estados Unidos el documento no es recíproco, la visa es un privilegio, no un derecho, y Washington lo recuerda con claridad.
Entre esos cientos de miles hay decenas de políticos y funcionarios mexicanos, al menos 50 según reportes de 2025, varios de ellos de Morena. Gobernadores, alcaldes, dirigentes. El caso más ruidoso llegó el 13 de agosto de 2026: Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente, anunció que le habían quitado la suya. Escribió una carta a Trump, acusó de “politiquería” y “estilo hitleriano” a Marco Rubio y Christopher Landau, y aseguró que no hay pruebas de actos inmorales o delictivos en su contra. La embajada estadounidense respondió con la regla de siempre: los expedientes son confidenciales y no se comentan casos individuales.
Aquí aparece la paradoja que pocos quieren mirar de frente. Aunque Claudia Sheinbaum lo minimice, fue Andy quien hizo un escándalo mayúsculo. Movilizó redes, generó titulares y dijo ser víctima de una embestida política. Y, sin embargo, en la misma misiva subrayó que no le causa problema alguno dejar de visitar Estados Unidos “en tiempos de odio, racismo y drogadicción”. Si de verdad no quiere ir, ¿por qué el alboroto? La respuesta es sencilla y humana: el documento sigue siendo un símbolo de estatus, de movilidad y de legitimidad en ciertos círculos. Se desprecia en el discurso y se defiende con uñas cuando desaparece.
Estados Unidos no inventó la revocación de visas. Lo ha hecho durante décadas por razones concretas. Lo nuevo es la escala y el foco en figuras políticamente expuestas de México, en un momento de presión por el narcotráfico y la seguridad fronteriza. Antes las medidas eran más discretas o menos masivas. Hoy el mensaje es explícito: quien no cumple, o de quien se tiene información negativa, pierde el privilegio. No se requiere condena penal. Basta con que las autoridades consideren que mantener el documento no conviene a sus intereses.
Mientras tanto, el ciudadano común enfrenta otra realidad. En 2025, según datos de autoridades estatales, alrededor de dos millones de solicitudes mexicanas de visa fueron rechazadas de un total de cinco millones. El porcentaje de negación ronda el 50 por ciento y se espera que suba. La diferencia de trato entre el político que arma un show y el trabajador o el turista que espera meses en una fila no necesita mayor explicación.
El tema no se agota en la indignación partidista ni en la retórica de soberanía selectiva. Revela algo más profundo: la dependencia emocional y práctica de un documento que se dice despreciar.
Estados Unidos ejerce su derecho soberano. México puede y debe defender el de sus ciudadanos, pero sin convertir cada caso individual en bandera de agravio colectivo.
El escándalo de Andy, con su doble discurso de “no quiero ir pero qué injusticia”, solo subraya lo obvio: el privilegio duele cuando se esfuma.
