En este país te puede pasar casi cualquier cosa. Ve el caso de Brenda, por ejemplo.
Hace 20 años, cuando ella era muy joven, a Brenda Quevedo la acusaron de secuestro. La acusaron de ser parte de la banda que secuestró al empresario Hugo Alberto Wallace. Básicamente no había ninguna prueba contra ella y el único testimonio que la incriminaba había sido obtenido bajo tortura, pero las autoridades la empezaron a perseguir.
Y de hecho la persiguieron sin cuartel.
Isabel Miranda de Wallace, la madre de la víctima, colgó espectaculares por todo México acusando a Brenda de secuestro. La señaló en entrevistas con medios nacionales. Exigió que la arrestaran una y otra vez.
A Brenda la acabaron deteniendo en Estados Unidos en 2007.
En 2009 la extraditaron a México. Y ahí empezó su encuentro con la medieval justicia mexicana.
La metieron a un penal del Estado de México. Ahí la torturaron y la agredieron sexualmente para obligarla a firmar una confesión. Pero ella resistió y no confesó.
En 2010 la llevaron a las Islas Marías. La volvieron a torturar. Y ella volvió a resistir.
Durante los siguientes 14 años a Brenda Quevedo la movieron de una prisión a otra, sin evidencia en su contra y sin lograr jamás arrancarle una confesión.
Hace unos años organizaciones internacionales y figuras de todo el espectro político empezaron a pedir la liberación de Brenda.
En 2024 le dieron prisión domiciliaria.
Y hace unos días le quitaron la prisión domiciliaria y la dejaron llevar el proceso en libertad. Todavía tiene medidas cautelares y el proceso continúa. Pero al menos ya no está encerrada en un pequeño departamento bajo el resguardo de la Guardia Nacional.
A Brenda Quevedo no la han sentenciado y ella está buscando que la absuelvan.
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El caso de Brenda Quevedo evoca dos pesadillas del sistema judicial mexicano.
La primera es esa faceta medieval, punitiva, extracurricular.
Que en pleno siglo XX mexicano se hayan llevado a una mujer reclusa a las Islas Marías (que están a 100 kilómetros de la costa del Pacífico y que hasta hace unos años eran hogar de una cárcel enorme) para torturarla y agredirla y obligarla a firmar una confesión debería enseñarnos que tal vez no hemos avanzado.
Lo peor de la guerra sucia, lo peor de la larga y oscura historia represiva del Estado mexicano sigue pasando en las cárceles y zonas remotas de México. Y las víctimas siempre son los pobres e indefensos.
Brenda Quevedo no es la única. Lo que le pasó a ella le sigue pasando a miles de personas. Y en realidad no hemos avanzado lo suficiente como para asegurarnos de que estas cosas dejen de pasar.
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Lo otro a lo que evoca el caso de Brenda: la prisión preventiva.
Se calcula que en México hoy en día hay cerca de 100 mil personas presas sin sentencia.
La 4T ha batallado para mantener la figura de la prisión preventiva oficiosa y para ampliar el catálogo de delitos que la ameritan, con todo y que básicamente todas las organizaciones de derecho internacional la rechazan por completo.
Y la discusión sobre qué deberíamos hacer con la prisión preventiva oficiosa obviamente merece un debate amplio, elocuente y mucho más especializado del que podemos ofrecer aquí.
Pero lo único que quisiéramos es que A) ese debate vuelva a ocurrir, porque ya pasaron un par de años y las circunstancias han cambiado; y B) que cuando ese debate vuelva a ocurrir, podamos tomar en cuenta historias como la de Brenda.
Porque en México hay miles como Brenda Quevedo.
Miles de mujeres y hombres que fueron acusados de un delito que no cometieron, miles de mujeres y hombres que fueron perseguidos despiadadamente por un Estado que se ensañó con ellos, miles de mujeres y hombres cuyas vidas se arruinaron para siempre.
Miles de mujeres y hombres que de repente se encontraron en una celda aislada y que tuvieron que enfrentarse solos y esposados al lado más medieval de la justicia mexicana.
